LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Crea un régimen de excepciones, dice en la memoria de seis años de conflicto

Advertencias zedillistas sobre la iniciativa de la Cocopa

Ť Propiedad colectiva de la tierra y autonomía, puntos centrales que dificultan su aprobación

Ť Se aparta de los acuerdos de San Andrés, se asegura en el documento dirigido a Vicente Fox

José Gil Olmos Ť La propiedad colectiva de la tierra, al igual que la autonomía, son algunos de los puntos centrales que dificultan la aprobación de la iniciativa de derechos y cultura indígenas de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), según consta en el documento oficial que el gobierno de Ernesto Zedillo dejó, como memoria de seis años de conflicto en Chiapas, al presidente Vicente Fox.

''Crea un régimen de excepciones'', advierte el gobierno zedillista, al señalar que la propuesta de la Cocopa (26 de noviembre de 1996), que Fox enviará al Congreso de la Unión el próximo martes, va en ''detrimento de la propiedad privada y social'' de la tierra, que establece el artículo 27 constitucional.

La iniciativa de la Cocopa, elaborada con base en los primeros acuerdos del diálogo de San Andrés, formula cambios a los artículos 4, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 para el establecimiento de una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano.

En el amplio resumen de acciones e iniciativas que Zedillo lanzó en toda su administración, se manifiesta que tal iniciativa se aparta de los acuerdos de San Andrés, signados desde hace 46 meses.

''El gobierno nunca ha cuestionado, mucho menos desconocido, el compromiso contraído en los acuerdos de San Andrés, como tanto se ha empeñado en hacer creer la propaganda zapatista. Muy diferente es la interpretación desviada que de ellos se quiso hacer con el proyecto de la Cocopa. El gobierno sí cumplió con San Andrés'', afirma en el libro Chiapas con justicia y dignidad, que elaboró la coordinación para el diálogo encabezada por Emilio Rabasa.

Según el compendio que la Secretaría de Gobernación dejó a la administración foxista, el paquete de reformas constitucionales que Zedillo envió al Senado (14 de marzo de 1998) es distinto a la iniciativa de la Cocopa porque atiende no sólo las demandas de los indígenas zapatistas, sino las de 56 etnias, cuya población es de más de 10 millones de mexicanos distribuidos en todo el país.

Las cuatro ''desviaciones''

Cuatro son las ''imprecisiones'' o ''desviaciones'' que la Cocopa hizo a los acuerdos originales alcanzados por el EZLN y el gobierno federal en San Andrés Larráinzar, sobre el tema de derechos y cultura indígenas, según el criterio oficial.

En primer lugar, la autonomía. Al respecto, señala que en dicha iniciativa no se considera lo alcanzado en los acuerdos de San Andrés que establecen, de manera clara, que la autonomía de los pueblos indígenas será respetuosa de los principios de unidad, soberanía e interés nacional y publico, así como de los distintos niveles de gobierno.

Aclara que el gobierno federal nunca estuvo en contra de una autonomía indígena concebida así, que atendiera al pacto federal y respetuosa de las normas que nos rigen, de las garantías individuales y de los derechos humanos.

Como segundo punto está el respeto a los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, sobre todo este último. Indica que la propuesta de la Cocopa altera la estructura de gobierno, al subordinar el municipio al pueblo indígena.

En dicha iniciativa legislativa se sostiene ''que sólo en aquellos municipios que asuman su pertenencia a un pueblo indígena se reconocerá a sus habitantes el derecho para que definan, de acuerdo con las prácticas políticas propias de la tradición de cada uno de ellos, los procedimientos para la elección de sus autoridades o representantes y para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno''.

En tercer lugar, se apuntan cuatro casos en los que habría un ''régimen de excepciones'' que no se incluyen en los acuerdos de San Andrés.

Sobre la tenencia de la tierra, la crítica gubernamental señala que la iniciativa legislativa sólo se refiere a la propiedad colectiva y no toma en cuenta las propiedades privada y social que contiene la Constitución en su artículo 27. Al respecto, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Labastida, aseguró que de aprobarse este cambio constitucional sólo se provocarían nuevos enfrentamientos en todo el país entre propietarios e indígenas por la propiedad de la tierra.

En cuanto a la sugerencia de transformar el régimen federal de vías generales de comunicación, previsto en el artículo 73, se afirma que la Cocopa omite la referencia a la expedición de una nueva ley de comunicación que permita a los pueblos indígenas adquirir, operar y administrar sus propios medios. Cambios que los acuerdos de San Andrés sí prevén.

Según el análisis que dejó la administración zedillista, la Cocopa también ''desvió'' dichos acuerdos en el punto de la educación, pues al incluir a los estados y municipios en la definición de los programas, ''hace una excepción al artículo 3, fracción III constitucional", que le confiere al gobierno federal la determinación de dichos planes de estudio en toda la República, ''a fin de asegurar la identidad nacional''.

Finalmente, se afirma que la Comisión de Concordia y Pacificación no se apegó a los acuerdos de San Andrés Larráinzar en cuanto a la relación ''concurrente'' que debe haber entre las instituciones y niveles de gobierno que inciden en la vida de los pueblos indígenas.

Señala el documento que en la propuesta legislativa se interpreta esto como la necesidad de que el Congreso emita una ley para precisar la ''concurrencia'' entre los niveles de gobierno, y que ello traería serias dificultades, pues implicaría una medida ''fuertemente centralizadora, contraria al impulso del federalismo que se pretende en San Andrés'', ya que los gobiernos estatales tendrían que esperar dicha ley para saber cuál es su responsabilidad y competencia en asuntos indígenas.

Si el Congreso de la Unión aprueba la iniciativa de la Cocopa, que Vicente Fox Quesada anunció presentaría este martes, quedarían archivadas tres iniciativas enviadas al legislativo desde 1998.

La que el PAN mandó al Senado y que implica cambios a los artículos 4, 18, 26, 53, 73, 115 y 116, pero que se centra en el concepto de autonomía. Prevé que ésta será ejercida dentro del ámbito municipal y para ello los ayuntamientos deberán elaborar las cartas municipales ''como instrumentos a través de los cuales se recojan y reivindiquen las especificidades sociales y culturales de las comunidades indígenas''.

La de Ernesto Zedillo, presentada también al Senado el 14 de marzo de 1998, que implica cambios a los mismos preceptos, además del 27, y cuyo contenido esencial se concentra en siete puntos, de acuerdo con el documento oficial: uno, que la autonomía se circunscriba a la determinación de los pueblos indígenas a

decidir sobre sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, dentro del marco constitucional.

Dos, la protección de la identidad cultural a través de la impartición de la educación bilingüe e intercultural por parte del Estado, con respeto a sus tradiciones, usos y costumbres, evitando cualquier esquema de segregación o discriminación racial.

Tres, que la resolución de los conflictos internos sea conforme a sus sistemas normativos, pero con respeto a las garantías individuales, derechos humanos, especialmente de la mujer, lo cual no impediría que los indígenas puedan acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado.

Cuatro, el fortalecimiento de la participación indígena en los órganos de representación y de gobierno en todos los niveles.

Quinto, la libre asociación de los municipios con población mayoritariamente indígena y de las propias comunidades dentro de cada municipio para promover su desarrollo económico y social.

Sexto, que los pueblos indígenas puedan usar y disfrutar colectivamente los recursos naturales de conformidad con lo previsto en el artículo 27 constitucional, así como el derecho para adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación en los términos que la ley establezca.

Séptimo, que se proteja a los indígenas dentro y fuera del territorio nacional.

Quedaría también en los archivos legislativos la iniciativa que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) envió a la Cámara de Diputados, y en la que se prevén tanto cambios a los artículos constitucionales ya citados, como a otros cinco: 3, 25, 27, 53 y 54.

El concepto de autonomía que se incluye en dicha proposición sólo se remite al ámbito jurisdiccional, esto es, a los órganos de impartir y administrar justicia, mientras que de la participación política de los pueblos indígenas propone que se integre al Congreso de la Unión una representación proporcional a la población indígena de cada circunscripción plurinominal.

Reunión evaluatoria

Alonso Urrutia Ť Este mediodía se reunirá la Comisión de Concordia y Pacificación a fin de evaluar con detenimiento los comunicados emitidos el sábado pasado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y dar a conocer un pronunciamiento oficial de esa comisión legislativa respecto del nuevo entorno que existe en el conflicto chiapaneco.

Asimismo, se estima que el martes pudieran reunirse con el nuevo comisionado para la negociación en Chiapas, Luis H. Alvarez, quien por cierto ayer se entrevistó con algunos de sus colaboradores para afinar la respuesta gubernamental que se hará pública entre hoy y mañana.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación dijo que dada la importancia que tiene la respuesta oficial al comunicado firmado por el subcomandante Marcos, se evaluaría con detenimiento conforme a lo instruido por el presidente Vicente Fox, de quien se espera que este martes turne al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley en Materia de Derechos y Cultura Indígenas elaborada por la Cocopa.

En el análisis que hará la comisión se valorará tanto el repliegue militar realizado por órdenes de Fox, como el anuncio zapatista de enviar una delegación a la ciudad de México para dialogar con el Congreso de la Unión en torno a la iniciativa de ley de la Cocopa.

Al respecto, el senador perredista Demetrio Sodi de la Tijera dijo que es necesario que el PAN pueda flexibilizar su posición en torno a las reformas indígenas, para posibilitar la solución del conflicto.

Desde la perspectiva del PRD, una vez que el presidente Fox envíe la iniciativa de la Cocopa al Congreso, lo cual ocurrirá esta misma semana, prácticamente el centro del debate en torno a la legislación sobre derechos y cultura indígenas será en torno a dicho proyecto y quedarán de lado las propuestas presentadas por el ahora ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y el propio Partido Acción Nacional.

Sodi destacó la importancia que tienen los primeros signos de distensión entre las partes, tanto el repliegue militar como el anunciado viaje a México de comandantes zapatistas. Dijo que éstos tienen pleno derecho de transitar y que no debe existir problema alguno para su traslado a la capital del país.

Consideró positiva ''la presión zapatista al Congreso para aprobar el proyecto de ley de la Cocopa, porque éste permitirá no sólo resolver el problema de orden indígena, sino también desactivar el problema político derivado del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar''.

En este contexto, para el Partido de la Revolución Democrática la actitud de la Comisión de Concordia y Pacificación debe ser prudente, pues si las partes están avanzando en su relación, la comisión legislativa no puede asumir papeles protagónicos. La Cocopa sólo debe participar en su carácter de coadyuvante y, en ese sentido, intervenir solamente cuando se traben algunos puntos de discusión.