LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Los presos están al borde de la muerte, advierte Madres de Plaza de Mayo

Grave, la situación de huelguistas de hambre de La Tablada

Ť Pide Laura Bonaparte a mexicanos que exijan al gobierno argentino que ponga fin a esa injusticia

Ť Advierte Buenos Aires que emitirá un decreto si los diputados omiten tratar la apelación judicial

Ť El Centro de Estudios Legales y Sociales exhortó a De la Rúa solicitar la intervención de la justicia

Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 3 de diciembre Ť El estado de salud de los presos por el asalto al cuartel de La Tablada hace 11 años se agravó sensiblemente, después de 90 días de huelga de hambre, sin que el gobierno haya podido encontrar una salida a la dramática situación.

Laura Bonaparte, de Madres Fundadoras de Plaza de Mayo, denunció a la clase política que, "salvo excepciones, ha permitido que este caso llegara hasta sus últimas consecuencias, mientras que los genocidas están libres y los escasos que están procesados tienen prisión domiciliaria y son protegidos constantemente por el Estado".

Bonaparte, cuya familia fue diezmada durante la última dictadura militar (1976-83), llamó en entrevista con La Jornada al pueblo, políticos e intelectuales de México a que "inunden de llamados al gobierno de Fernando de la Rúa y reclamen urgentes medidas y se ponga fin a esta injusticia, ya que se ha llegado a un punto casi sin retorno para varios de los ayunantes".

Después de una visita realizada a los hospitales Santojani y Fernández, donde están internados los 12 ayunantes, Laura Bonaparte confesó estar "desesperada".

"Hoy sentí el olor de la muerte que parecían despedir esos cuerpos esqueléticos y recordé lo que contaban sobrevivientes de los campos de concentración, cuando a su alrededor los que estaban en sus momentos finales tenían los ojos perdidos y sus cuerpos exhalaban un perfume de muerte. Estoy haciendo un llamado desesperado para que se hagan cumplir recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya que lo que estos hombres y mujeres piden es justicia", señaló.

Confesiones bajo tortura

Los detenidos --otros atacantes fueron asesinados o desaparecidos tras el asalto de enero de 1989-- fueron condenados en un proceso que incluyó torturas y bajo el cual no se permitió apelar la sentencia, lo que provocó el reclamo de la CIDH.

Entre mayo y julio los presos políticos realizaron un primer ayuno, y hace tres semanas comenzaron el segundo, el cual una mujer abandonó hace una semana a pedido de sus propios compañeros, debido a que tiene una hija pequeña cuyo padre también participa en la huelga de hambre.

Las condenas a los integrantes de ala armada del disuelto grupo izquierdista Movimiento Todos por la Patria (atacaron el cuartel porque allí "se fraguaba un golpe de Estado") quedaron firmes inmediatamente después de ser dictadas porque los juicios se sustanciaron bajo la ley de defensa de la democracia, que es de instancia única.

Pero esta norma es contraria a la Constitución y violatoria de las garantías de los presos, como ha dictaminado la CIDH.

Desde hace un año el gobierno intenta introducir en el Congreso el tratamiento de la ley recomendada por el organismo de derechos humanos, pero encontró la sorprendente oposición de la mayoría de la Cámara de Diputados, en manos del Partido Jus- ticialista, que se ha negado a dar el quórum.

Pero también ha habido una inexplicable tardanza del Ejecutivo para encontrar una salida: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió hoy que el gobierno debe emplear "el poder de que está investido con la misma insistencia como lo ha hecho en materia económico-social, para exigir a los legisladores la urgente sanción del mejor proyecto de ley presentado en el tema" .

Ahora se habla de un decreto de necesidad y urgencia para zanjar una situación sin salida, y el gobierno anunció hoy que si la Cámara de Diputados omite tratar la apelación judicial, ese decreto se dictará "en cuestión de días", aunque insistió en que no se contempla la opción del indulto.

Pero el CELS también objetó que el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH se produzca mediante un decreto presidencial, por considerar que la adecuación de las leyes argentinas a las normas del derecho internacional "no es concebible a espaldas del Congreso", lo que pone al organismo en contraposición con otros grupos humanitarios que aceptan la posibilidad del decreto para zanjar la dramática situación.

El CELS exhortó al mandatario que solicite la intervención de la Corte Suprema (criticada por fallos irregulares en casos de corrupción y otros), pero así sigue creciendo un círculo vicioso, "mientras se está jugando la vida de personas".

No puede ser que en este país, donde los responsables de genocidio fueron indultados o perdonados por leyes como las de punto final y obediencia debida, haya semejantes consideraciones jurídicas y burocráticas, dijo Laura Bonaparte.

La mayoría de los huelguistas --advirtió-- ya están en una situación irreversible, "y no se dan cuenta de que están al borde de la muerte, como sucede con muchos huelguistas de hambre en tiempos muy prolongados. Necesitamos que la gente se mueva ahora. Mañana será tarde" .