LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Presenta a diputados iniciativa de ley de la agroindustria de la caña
Rectoría del Estado en el ramo azucarero, pide CNC
Angélica Enciso L. Ť El panorama del sector azucarero es desalentador si se observa la poca efectividad de la acción gubernamental y la carencia de un planteamiento estratégico del Estado para enfrentar la crisis sectorial, señaló la Unión Nacional de Cañeros Productores de Caña de Azúcar, de la CNC.
Los productores de caña y los industriales, además del problema financiero, excedentes de producción y falta de mercado, se encuentran en una inseguridad jurídica permanente, señala en su exposición de motivos la iniciativa de Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar presentada a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.
Indica que a pesar del impulso de la actividad azucarera que se refleja en un consumo per capita de 42 kilogramos, el octavo lugar mundial, y con una producción de alrededor de 4.5 millones de toneladas que lo lleva a ser el séptimo productor del mundo, el apoyo del Estado no corresponde a la trascendencia económica y social del sector.
Ello ha llevado a que en los últimos años la situación haya adquirido tintes "dramáticos", debido a los desajustes del mercado, la caída de los precios, la entrada de volúmenes desproporcionados de azúcar y fructosa -500 mil toneladas-, así como la importación de maíz subsidiado para la producción del sustituto del endulzante, la inexistencia de un sistema financiero suficiente y oportuno, la creciente descapitalización y la reticencia de Estados Unidos a acatar lo pactado en el Tratado de Libre Comercio.
Además, no existe una estrategia orgánica federal que funja como interlocutora única de la agroindustria de la caña de azúcar y se encargue de solventar las necesidades del sector, sino que hay funciones distribuidas en varias dependencias públicas que dispersan las obligaciones del Estado, con lo que se propicia una atención discrecional y la evasión de responsabilidades.
La política nacional azucarera se ha definido por inercia, en razón de enfoques parciales y decisiones emergentes sólo aplicables a situaciones coyunturales. "Una fragmentación así únicamente puede redundar en graves anomalías para la agroindustria".
Además, la regulación jurídica de la actividad azucarera ha sido deficiente, ha estado sujeta a vaivenes e incertidumbres derivados de una normatividad secundaria que no ha sido resultado del proceso legislativo formal, sino del ejercicio discrecional de las facultades reglamentarias del Ejecutivo, por lo que su vigencia prácticamente queda al arbitrio de la administración en turno.
No hay un ordenamiento concreto que sistematice jurídicamente las disposiciones legales en la materia, sino regulaciones dispersas que se desgranan en un conjunto de reglamentos, bases circulares y lineamientos "defectuosamente articulados".
Este sector, abunda el documento, es de los más riesgosos, porque dependen del abastecimiento garantizado de materia prima y del cumplimiento puntual de los compromisos de los ingenios. "Esto exige una mejor planeación y programación de la producción y una responsabilidad óptima de los procesadores, así como una regulación adecuada del mercado, sobre todo si se quiere evitar que se agrave su ya crítico estado".
La propuesta plantea "clarificar y fortalecer" la rectoría del Estado en el ramo cañero y azucarero, dando al Ejecutivo facultades expresas, debido a que de una conducción gubernamental efectiva depende la permanencia de esta agroindustria en el campo mexicano y pueda seguir "siendo un pilar y no se convierta en una carga para la economía nacional".
En el documento se propone reordenar los órganos existentes en la materia, redistribuir funciones y crear instancias adecuadas para que productores e industriales coparticipen en la definición del destino de la agroindustria de caña de azúcar. La iniciativa incluye crear un organismo descentralizado de la administración pública que pueda operar como "ventanilla única" y sea responsable de defender los intereses del sector.
Para que haya prácticas sanas en las relaciones con industriales, abastecedores de materia prima y en la comercialización de los subproductos, se podrá garantizar la estabilidad de los mercados del endulzante.
Un cambio importante que se propone es la democratización en la representación gremial de los productores, para que se abran las posibilidades de organización. Además de eliminar el carácter excluyente de las disposiciones legales en vigor y abrir las bases de la representación gremial cañera.
En el texto se considera que el status de ley otorgaría mayor solidez legislativa a las normas de la agroindustria de la caña de azúcar y consolidaría los logros alcanzados por el sector, como el actual sistema de definición del precio y de liquidación de la caña, con lo cual se protege a los productores.
Agrega que frente a la apertura comercial del país y las circunstancias que imperan en el mercado de endulzantes, "donde la competencia desleal campea impunemente poniendo en entredicho la viabilidad de la agroindustria nacional azucarera, es imperativo, luego de fortalecer jurídicamente su desarrollo, el crear condiciones para diversificar el destino de la caña, canalizándola alternativamente hacia procesos de transformación asociados a otros usos".