JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2000
* Emilio Pradilla Cobos *
Dos gobiernos diferentes
En un lapso de cinco días tomaron posesión Vicente Fox, como presidente de la República, y Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno del Distrito Federal. Son dos gobiernos de origen político distinto, PAN y PRD, y de orientación programática muy diferente y opuesta en muchos aspectos.
Los días, meses y años que siguen nos permitirán evaluar el cumplimiento de las propuestas de cada uno, y analizar la capacidad que tengan, sobre todo el Ejecutivo federal, para mantener una relación republicana y democrática que garantice al DF --y más ampliamente a la Zona Metropolitana-- las condiciones para un desarrollo con equidad distributiva, justicia social y sustentabilidad ambiental. Aunque los temas de esta relación son muchos, hay algunos relevantes.
A muy corto plazo, la discusión de los presupuestos de ingresos y egresos del DF permitirá evaluar la disposición del gobierno federal, de su partido (PAN) y de sus aliados de ayer (PRI) para otorgar a la capital las transferencias presupuestales que le corresponden en justicia por su aportación al fisco federal, sobre todo las correspondientes al fortalecimiento municipal y lucha contra la pobreza, así como para aprobar el endeudamiento que el gobierno local solicite de acuerdo con sus necesidades y capacidad, otorgándole así la misma soberanía de que gozan los estados.
A más largo plazo están pendientes dos temas: el reconocimiento de parte de la Federación de los sobrecostos que implica para el DF ser la capital de México, retribuirlos adecuadamente mediante transferencias presupuestales adicionales y asumir la existencia de necesidades conjuntas de inversión y operación de infraestructuras y servicios comunes a las partes de la Zona Metropolitana, participando en la formación de un Fondo Metropolitano de Inversión y Operación para atenderlas.
En lo político, la capacidad de concertación estará a prueba en la conclusión de la hasta hoy insuficiente e incompleta reforma política del DF, que requiere para convertirse en un estado más de la Federación, para municipalizar sus delegaciones, formar un Congreso local pleno y crear una Constitución que dote a sus habitantes de la ciudadanía plena y a la entidad de soberanía local.
También está pendiente la solución de la cuestión político-administrativa metropolitana, que podría materializarse en la creación de una autoridad integrada por gobernadores y presidentes municipales electos de las entidades que la forman, así como a través de la constitución de organismos integrados que administren y gestionen las infraestructuras y servicios comunes. Para completar su carácter democrático sería óptima la creación de un parlamento metropolitano.
Otro ámbito de concertación --o de confrontación-- será el de las políticas económica y social que se apliquen en el país y en la capital. Ya conocemos las posiciones del gobierno de Fox sobre su orientación y las discrepancias con López Obrador. Si el DF y, más ampliamente, el estado de México hacen valer su peso cuantitativo y cualitativo a nivel nacional, podrían lograr un diseño de políticas acorde con sus necesidades e intereses. En este mismo ámbito se ubican las opciones sobre las acciones en infraestructura regional, entre las que destacan: vialidad carretera, transporte férreo y el nuevo aeropuerto, en las cuales la participación activa de los dos gobiernos de la metrópoli es ineludible. Esta participación sería más efectiva si los gobiernos locales avanzan más rápidamente, si profundizan la coordinación en política y acciones, y si coinciden en la propuesta de un mecanismo de coordinación, planeación y gestión del desarrollo con sus homólogos de los otros estados sobre los que se asienta la gran megalópolis del centro de México.
La relación de coordinación o de paralelismo entre los organismos de seguridad pública y procuración de justicia federales, del DF y de los municipios conurbados será otro tema de importancia, así como el del tratamiento que cada uno de los niveles de gobierno dé a todas aquellas demandas y movilizaciones sociales que, si bien son de índole nacional o de otros estados, se expresan en las calles capitalinas complicando el funcionamiento de la ciudad y, en ocasiones, llevando a enfrentamientos, como ocurrió durante la pasada administración. Ciudadanos y analistas estaremos pendientes de las posturas de los distintos partidos políticos y de los gobernantes en torno a estos temas que afectan directamente a 8 y medio millones de capitalinos y, en general, a más de 18 millones de habitantes metropolitanos.