Ť Además, la Federación insiste en crear una reserva en los Chimalapas
Podrían estallarle a Pablo Salazar los conflictos agrario y de límites con Oaxaca
Ť Campesinos chiapanecos y comuneros zoques disputan 70 mil hectáreas Ť Los oaxaqueños proponen un proyecto ecológico integral y social manejado por las propias comunidades
Rosa Rojas, enviada, Benito Juárez, Chimalapas, Oax., 7 de diciembre Ť El volcán activo que es el añejo conflicto agrario entre 29 poblados chiapanecos y las comunidades zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa, de Oaxaca, puede hacer erupción en cualquier momento, después de que este viernes tome posesión como gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía.
Las tierras están involucradas en un litigio agrario, que comprende unas 70 mil hectáreas, y otro de límites entre Oaxaca y Chiapas, que abarca unas 160 mil hectáreas. Además, un diferendo complica la situación, ya que desde 1991 el gobierno federal ha buscado declarar una reserva de la biosfera o un área natural protegida en las tierras de los zoques, que albergan en sus 594 mil hectáreas una de las mayores riquezas de flora y fauna del continente.
Los indígenas han rechazado el proyecto oficial, contraponiendo el suyo, de crear una reserva ecológica campesina, pero primero se deben resolver los conflictos agrario y de límites, afirmaron a La Jornada, en asamblea, unos treinta comuneros de esta población de 370 habitantes.
"Esperamos diálogo y entendimiento del que va a entrar como gobernador de Chiapas, de eso va a depender la decisión de las comunidades", indicaron.
En tanto, la comisión comunal de la zona Oriente realiza un recorrido en las congregaciones comunales de San Miguel Chimalapa, para informarles del conflicto que se reavivó el pasado 3 de octubre en el paraje La Hondonada y "determinar después en asamblea comunal los pasos a seguir".
Aquí las palabras que se desgranan como el maíz no son vanas. Los chimas han ido recuperando su tierra y recursos naturales de manos de madereros y ganaderos invasores por medio de movilizaciones colectivas, en las que han salido a relucir los rifles de caza, sin importar la dimensión del conflicto. Ellos detuvieron a Ernesto Castellanos, hermano del entonces gobernador de Chiapas, Absalón Castellanos, en 1986; echaron a los madereros Sánchez Monroy en los 70; desalojaron a presuntos pequeños propietarios ?Centeno, Moguel, Del Pino, los hermanos Mimmes, en 1995.
En ese mismo año detuvieron a 16 pequeños propietarios de La Hondonada y llevaron detenidos a 11 de ellos a San Miguel, de donde los rescató la policía de Matías Romero.
Se agudiza el conflicto
Ahora, el 3 de octubre. "Venía un grupo (de chiapanecos) a repartirse las tierras". Al día siguiente los comuneros de San Miguel determinaron desalojar a los invasores de la Sociedad de Solidaridad Social de Rizo de Oro, Chiapas. Unas 75 personas fueron desalojadas. El 9 de octubre los chiapanecos determinaron desalojar a los chimas si en 15 días no desocupaban las 2 mil hectáreas de que se dicen despojados. Para el día 17 se anunciaba el envío de un destacamento de la Policía Federal Preventiva (PFP) a fin de evitar enfrentamientos.
Unos días después, informaron en la asamblea los comuneros, llegaron a Benito Juárez autoridades de la Comisión de Seguimiento de Chimalapas: Semarnap, Profepa, el diputado federal Abel Trejo, para dar a conocer el acuerdo del 17 de octubre con el procurador agrario de que los comuneros "hiciéramos un retiro táctico de La Hondonada para que pudieran trabajar las brigadas de ambos estados".
"El subsecretario de Desarrollo Político de Oaxaca, Ramón Eduardo López Flores, dijo que si aceptábamos un retiro táctico, en 48 horas estaban los trabajos técnicos", que consistían en validar el brecheo que los propios comuneros hicieron en diciembre de 1999 para fijar los límites de las tierras de los Chimalapas por este lado. Pero el gobierno de Chiapas se negó a participar, no se hicieron los trabajos y los comuneros retomaron La Hondonada.
En otra reunión, el 22 de noviembre, realizada en la ciudad de México con autoridades agrarias federales y de los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, "quedamos que no tenían por qué militarizar la zona, que no somos grupos armados, si quieren les damos una tregua. Se les dijo que se empezaron a construir casas de los compañeros que se van a ir a vivir a La Hondonada y que los cuatro policías que estaban ahí se quedaran. No quisieron firmar eso. El mero 22 llegó la información de que el gobierno de Oaxaca solicitó la fuerza pública en La Hondonada".
"Luego decidimos esperar que tomaran posesión (Vicente ) Fox y Pablo Salazar. Vamos a ir a buscar al nuevo procurador agrario y que se pongan a trabajar Oaxaca y Chiapas y que sigan los trabajos con Santa María Chimalapa".
Relataron también que cuando sus autoridades, entre ellos el presidente municipal de San Miguel Chimalapa, Fausto Jiménez Reyes, el comisariado de Bienes Comunales de San Miguel, Artemio Aguilar, y el secretario auxiliar de Bienes Comunales de Benito Juárez, Antonio Estrada, acudieron a informarle al gobernador de Oaxaca, José Murat, la decisión que habían tomado de desalojar a los invasores de La Hondonada, el funcionario les habría contestado: "por qué, cabrones, no habíamos (acordado) esperar a la toma de posesión de Pablo Salazar; que esas acciones las hubiéramos hecho ya que estuviera en el puesto".
Para llegar a este poblado salimos de Juchitán a Tapanatepec ?que está a una distancia de 109 kilómetros?, cruzamos sendos retenes militares en La Ventosa y El Jícaro, y de ahí subimos por una brecha durante dos horas y media, cruzando por Rodulfo Figueroa (poblado chiapaneco), San Antonio El Encinal (comunidad oaxaqueña) y Díaz Ordaz (chiapaneco), hasta Benito Juárez (oaxaqueño). De ahí a La Hondonada, a caballo, hicimos tres horas 45 minutos, aunque los chimas, a buen trote, cubren el recorrido en unas dos horas.
Los comuneros informaron que el día 21 "Abel Cruz Santiago, de Rizo de Oro, amenazó a los compañeros (en La Hondonada) con que iba a llegar el Ejército. Les contestamos que no le tenemos miedo. Los ejércitos llegaron a las 3 de la tarde preguntando qué hacíamos ahí, cómo nos llamábamos. Les dijimos que había habido acuerdo con las autoridades de que no iban a entrar policías, pero ellos dijeron que son federales, que pueden entrar donde quiera, han hecho rondines y un helicóptero gris realiza vuelos rasantes sobre el pueblo todos los días, tiene una PF, intimida a la gente. Nosotros entendemos que ellos resguardan a los chiapanecos porque cuando llegaron los soldados ellos metieron un tractor".
Para los chimas el conflicto comenzó hace unos treinta años, con la colonización por parte de Chiapas de la selva de los Chimalapas (que sus ancestros le compraron a la Corona española, pagando 25 mil pesos oro por sus propias tierras el 24 de marzo de 1687), y la entrega de dotaciones ejidales, encimadas sobre las tierras reconocidas a la comunidad, a diversos grupos agrarios, así como la entrada de madereros ?detrás de ellos venía el ganado, recuerdan.
En 1991-92, cansados de la inacción de las autoridades federales y estatales de Chiapas y Oaxaca, emprendieron un trabajo de conciliación, "de comunero a ejidatario", proponiendo a los chiapanecos que podían quedarse en las tierras que detentaban si reconocían a la comunidad y accedían a convertirse en comuneros.
"Avanzamos con Rodulfo Figueroa, Ramón E. Balboa, la Flor de Chiapas... pero a partir de ahí el gobierno chiapaneco mandó llamar a los ejidatarios, y Patrocinio (González Garrido, entonces gobernador de Chiapas) los hizo que se desistieran del acuerdo de ser comuneros y todo se fue para atrás nuevamente. Luego el gobierno oaxaqueño toma la conciliación por el lado de Santa María; siempre el obstáculo son los ganaderos y pequeños propietarios, que impiden que los ejidatarios hagan acuerdo con nosotros. (La Jornada, septiembre 19 al 23 de 1991, agosto 13 al 17 de 1999, y noviembre 27 y 28 de 2000.)
"Queremos que se junten aquí los gobiernos federal, estatal y municipal, que verifiquen el amojonamiento que hicimos en diciembre de 1999, que se resuelvan los conflictos. Ha habido minutas de que se firmen los trabajos técnicos, pero Chiapas no ha dejado que se hagan".
Es urgente que la autoridad defina: campesinos chiapanecos
En La Hondonada hay una casita de dos habitaciones con un corredor, donde se quedan los chiapanecos cuando trabajan ahí. En un terreno roturado hay un incipiente cultivo de tomate. A un kilómetro, pasando el campamento chima ?una tienda de plástico donde pernoctan los comuneros cuando vigilan la zona? había seis campesinos chiapanecos trabajando con sus machetes en un maizal.
Abiertamente hostiles ?íbamos acompañados por comuneros oaxaqueños?, dijeron que no tenían nada que hablar con la prensa, "que a veces desvían las cosas y van por otro lado", que buscáramos a Joel León, su dirigente, quien estaba en su rancho.
Los campesinos se negaron a dar su nombre. Informaron que los soldados, que andan en tres carros y son como 50, se habían bajado hacía unas dos horas y no los molestan, que ellos son pequeños propietarios, no invasores, "los invasores son los oaxaqueños, esto es Chiapas, si fuera Oaxaca seríamos invasores, pero no", y que en La Hondonada hay unos 40 propietarios, con unas 40 hectáreas cada uno, y cada familia vive en su rancho.
Se les comentó que los chimas sostienen que esa tierra es suya, aunque esté en Chiapas, que la legislación permite que haya núcleos agrarios por encima de los límites estatales, y se les preguntó si estarían dispuestos a la conciliación propuesta por los comuneros, es decir, que si aceptarían convertirse en comuneros.
El que llevaba la voz cantante ?un hombre de unos 50 años? contestó: "Cómo va usted a pensar que teniendo una pequeña propiedad voy a aceptar que sea comunero, ellos siempre están arrimados. Si el gobierno decide que (la tierra) es comunal, que se nos pague. El gobierno tendría que indemnizar aquí, es problema del gobierno".
Comentó que esta vez los comuneros "se arrimaron sin ningún daño", pero en otra ocasión se los llevaron presos, por lo que "es urgente que la autoridad defina la situación".
Los campesinos chiapanecos informaron que ellos pagan sus impuestos en Cintalapa. Para salir de La Hondonada hacen 4 o 5 horas caminando hasta Rizo de Oro, o una hora y media en carro. A veces les dan aventón los soldados.
¿Conservación desde arriba o reserva campesina desde abajo?
Respecto de la cuestión de la conservación de los recursos naturales de los Chimalapas, los comuneros relataron en su asamblea el último jaloneo con las autoridades federales: "En plena lucha con el problema agrario, siempre los de Semarnap quieren que se decrete la reserva ecológica o área natural protegida. Nunca hemos dicho que no se conserve Chimalapas, se está conservando, lo que queremos es que nos respeten y que la reserva sea planeada y manejada por nuestras autoridades".
"Vino el delegado de Semarnap (Salvador Anta Fonseca) a ofrecernos un millón de pesos el 5 de noviembre, con la condición de que declaremos área natural protegida en el oriente, entre Sol y Luna, Cuauhtémoc, Guadalupe El Palmar y Benito Juárez, la parte que no afectaron los incendios forestales de 98. Dijo que iba a ser dinero en efectivo y lo iba a dar en un fideicomiso que lo iba a administrar..."
"Vimos que no, que es la misma cosa, les pedimos copia del convenio y del plano, no lo dejaron. Les dijimos que aceptamos el millón pero para agricultura orgánica y control de incendios. Les solicitamos también una reunión general de los pueblos involucrados y que se creara otro fondo. Anta dijo que se hiciera otra asamblea el 16 de noviembre, vino sólo Carlos Solano, delegado regional de Semarnap; un doctor que se llama Enrique, y Miguel Maya, y vinieron los de Sol y Luna y La Cristalina, traían acta de su comunidad de que no aceptan el millón ni un tipo de decreto, que primero se le dé solución al problema agrario y luego entramos al tema de conservación. Solano medio se enojó y dijo que otros van a aprovechar el millón. Fueron también a Santa María, allá tampoco aceptaron".
Mencionaron que antes de los incendios de 1998 ?cuando resultaron afectadas un total de 210 mil hectáreas, 28 mil con quema total? le habían pedido apoyo a la Semarnap para construir torres de control equipadas con binoculares, cartas de la zona, radios, pero "nunca nos atendieron. Cuando ocurre el incendio vinieron hasta técnicos y helicópteros desde Estados Unidos. Sobre ese incendio se descubrió quiénes lo provocaron, eran compas del ejido Díaz Ordaz, de los chiapanecos, Telésforo Matus. Andaban de cacería, mataron un tapir, hicieron una fogata y no la apagaron y esa fue la causa".
Después la comunidad hizo dos torres de vigilancia: una está en el Retén y otra en El Baúl.
Los comuneros tienen prohibido, por acuerdo de ellos mismos, hacer aprovechamientos maderables, sólo pueden cortar árboles muertos para utilizar la leña en sus casas. Impulsan la agricultura orgánica y tienen letrinas secas en las que utilizan la ceniza de los fogones domésticos.
Proyectos campesinos
Miguel Angel García, coordinador de Proyectos de Maderas del Pueblo del Sureste (MPS), organización ecologista que desde hace una década ha estado trabajando con los comuneros chimas, explicó que el propósito del proyecto de reserva ecológica campesina (REC) es promover el manejo integral comunitario de los recursos naturales, a través del apoyo a la agroecología, forestería, ordenamiento ecológico, salud, nuevas oportunidades económicas y organización social.
García acompañó a esta enviada junto con Alvaro Román Ríos, ex presidente del consejo de vigilancia de la comunidad San Miguel, y Obed Hernández de León, técnico de MPS. Los tres estuvieron presentes en la asamblea de comuneros de Benito Juárez, en la cual García les explicó que Maderas continúa trabajando con las comunidades chimas sólo que con grandes dificultades, porque ahora ya no hay financiamiento para el proyecto.
García, quien negó que MPS haya sido expulsada de las comunidades por no rendir cuentas de los financiamientos recibidos, como lo han asegurado funcionarios del gobierno de Oaxaca, informó que la relación con los Chimalapas se inició por 1987 como Pacto de Grupos Ecologistas. En 98-99 se centraron en la denuncia pública sobre la problemática agraria, la amenaza de megaproyectos forestales e hidráulicos en la región, y se logró, junto con los comuneros, la cancelación de un gran proyecto de explotación forestal que iba a ser financiado por el BID.
Después se obtuvo financiamiento de la World Wildlife Fund (WWF) para realizar un diagnóstico regional; se creó Maderas del Pueblo del Sureste, el Comité Nacional de Defensa de los Chimalapas, y surgió el proyecto de REC. Se logró el rescate de más de 40 mil hectáreas del predio San Isidro La Gringa, que estaba ocupado por ganaderos chiapanecos, y se inició ahí un proyecto de ordenamiento ecológico participativo.
El Ministerio de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña (DFID) aprobó un financiamiento para el proyecto de la REC en junio de 1995, con fondos de 2 mil 204 millones de libras durante cinco años, que terminaría el 31 de mayo de 2000. La contraparte del DFID era la Semarnap.
"En ese momento teníamos el apoyo de Julia Carabias (ex titular de Semarnap), ella otorga el aval del gobierno mexicano... Era un proyecto integral, abarcó acciones de silvicultura, manejo y protección de bosques, nutrición y salud comunitaria, ordenamiento ecológico campesino y una área de desarrollo social... San Miguel y Santa María Chimalapa estaban unidas".
"En 1996, durante el gobierno de Diódoro Carrasco, se desata una guerra sucia contra Maderas ?afirmó García?; nos denunciaron en la prensa local como grupo armado; el director de Ecología, Juan Arturo López Ramos, hizo la campaña... Aprovechó el cambio de los dos comisariados ?a quienes les dieron becas, camionetas de Pronasol, gasolina y el consejo de vigilancia de Santa María en 1996?, y tenía plaza en una dependencia federal.
"Las cabeceras exigen a las congregaciones que corran a Maderas o ya no van a recibir apoyo. Empiezan a meter la versión de que MPS se roba el dinero de las congregaciones y pagan gente borracha para que nos amenacen de muerte. Gente vinculada a actividades non gratas ?siembra de mariguana?, amenaza a los de Maderas que si ponen un pie en Chimalapas los van a ir a buscar.
"Entre 1996-97 hay campaña en los diarios de Oaxaca, excepto Noticias, de que somos narcos, talamontes, de ser autores intelectuales de muertes entre sembradores de mariguana. Pusimos demanda en Oaxaca por difamación y calumnias contra Rubén Pérez, era consejero de vigilancia de Santa María, que decía que usábamos el dinero de los ingleses para comprar armas. Mandamos las demandas y el expediente a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
"En octubre del 96, el director de Ecología del gobierno de Diódoro en Oaxaca, con autoridades de Chimalapas, van a la embajada inglesa. El enviado de Diódoro nos acusa con el embajador de usar el dinero para fines políticos y de subversión a favor de la COCEI-PRD y para comprar armas. Pero al regresar, Armando López, presidente municipal de Santa María, envía una carta al embajador en la que dice que es mentira y que él no avala lo que dijo el gobierno de Oaxaca, que lo sorprendieron (copia de la carta y las acusaciones obran en poder de La Jornada).
"Pero además ellos no estaban enterados de que el DFID nos daba el dinero mes por mes en función del programa de trabajo y la comprobación, y en enero de cada año el DFID enviaba una misión de evaluación a las comunidades. Era burdo porque los ingleses sabían que sí estábamos trabajando.
"A principios del 97, Julia Carabias nos citó a su despacho como consejo directivo de Maderas; fuimos cinco compañeros. Ella nos pidió dos cosas: que dejáramos de pelear por la solución agraria y lo de la solución de límites estatales. Si no retirábamos eso de nuestra agenda ella no podía apoyarnos. Le contestamos que la conservación en los Chimalapas no se iba a solucionar si antes no había solución agraria y de los límites, porque de ahí se agarraban los madereros."
Ya "las comunidades y las congregaciones de San Miguel y Santa María estaban divididas porque el gobierno les retiró apoyos a los que nos respaldaban, pero 12 o 15 pueblos chimas siguieron trabajando con Maderas".
"En 98 se revivió el proyecto de la Semarnap de la reserva de la biosfera, pero nosotros decimos que primero tiene que resolverse lo de la resolución presidencial que ya está deslindada, ejecutada y hay plano definitivo firmado por la Secretaría de la Reforma Agraria, en la que queda claro que los núcleos chiapanecos están ilegales.
"En septiembre de 1999 la propia Semarnap envía un oficio en el que le dice al gobierno inglés que Maderas acepta que se decrete una reserva en los Chimalapas ?mediante un programa? o formalmente pide que les retiren los fondos. La respuesta es quítennos los fondos. Eso se da en el contexto de que (el gobernador chiapaneco Roberto) Albores en julio de 99 se planta en Cal y Mayor e instala una oficina y dice que el gobierno va a apoyar a los chiapanecos.
"Maderas contesta que si no hay solución agraria
no hay solución ecológica, y que estamos por una reserva
campesina, decidida, controlada y administrada por las comunidades. De
hecho, las comunidades no nos corrieron, fueron las autoridades compradas.
Seguimos trabajando con ellos, sólo que ahora no tenemos dinero.
No nos cancelaron los recursos, pero a partir de octubre de 1999 fueron
disminuyendo los fondos y no nos los prorrogaron". El financiamiento concluyó
el 31 de julio del 2000.