VIERNES 8 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť El presidente del TSJDF presentó su proyecto de presupuesto para 2001
Apremiante, la necesidad de recursos para la administración de justicia: González Alcántara
Ť De 2 mil 618 millones 550 mil pesos es el monto solicitado a la Asamblea Legislativa
Angel Bolaños Sánchez Ť Nunca la administración de justicia en el Distrito Federal había enfrentado una situación tan apremiante de recursos como ahora, afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Juan Luis González Alcántara Carrancá, luego de presentar un informe detallado de su proyecto de presupuesto para el año próximo.
En total, el monto solicitado a la Asamblea Legislativa asciende a 2 mil 618 millones 550 mil pesos, de los cuales, 78.3 por ciento corresponde a sueldos y prestaciones laborales del personal, pues se pretende elevar sustancialmente las percepciones de los trabajadores, que en opinión de la magistrada Margarita Guerra Tejada, "son verdaderamente ridículas".
El proyecto no prevé incrementos de las percepciones de los 60 magistrados de las 20 salas en materias penal, civil y familiar. Quienes sí se verían beneficiados son los pasantes de derecho, los secretarios actuarios, de juez de paz, proyectistas de juzgado de primera instancia, conciliadores, de acuerdos de primera instancia, de acuerdos de sala, proyectistas de sala y los jueces de paz y de primera instancia.
Hay un rezago de 50 años en los que el DF fue abandonado por la Federación, y "fuimos tratados como ciudadanos de segunda y hasta de tercera", señaló por su parte Elena Ruth Guzmán Gómez, consejera de la Judicatura del Distrito Federal.
El restante 21.7 por ciento del presupuesto solicitado, explicó Alcántara Carrancá, que suma 568 millones 783 mil pesos, se distribuiría de la siguiente manera: para gasto corriente, 53 millones 994 mil pesos, que representan 2.1 por ciento del total, para la adquisición de materiales y suministros para la operación de las 22 salas, 200 juzgados de primera instancia, 68 juzgados de paz y áreas administrativas; 232 millones 787 mil, 8.9 por ciento, para el pago de servicios generales, como energía eléctrica, agua, teléfono, impuestos, mantenimiento y conservación del mobiliario y equipo, así como para el arrendamiento de 16 edificios donde se ubican 37 juzgados de paz. Para transferencias, ayudas y subsidios, como los gastos de defunción, aportaciones a instituciones de beneficiencia y otros apoyos, se presupuestó un millón 768 mil pesos, 0.1 por ciento.
Además, se contempla la adquisición de cuatro inmuebles para reubicar el Instituto de Estudios Jurídicos, para una bodega de bienes dados de baja, para el resguardo de expedientes en consulta y para un estacionamiento, lo que requiere una inversión de 164 millones 350 mil pesos, 6.3 por ciento del presupuesto.
Finalmente, para obra pública, se prevé un monto de 115 millones 884 mil pesos, 4.5 por ciento, que sería destinado a la construcción de un edificio para el Servicio Médico Forense y trabajos "urgentes" de remodelación en juzgados penales y de paz, el edificio de 11 niveles en Río de la Plata, sistemas de seguridad y alarmas, rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, entre otros.
Hasta los muertos tienen que esperar
Como ejemplo de lo apremiante que resultan estas obras, González Alcántara se refirió a la situación del Semefo. La construcción del nuevo edificio, dijo, es urgente, puesto que la estructura del actual inmueble se venció desde 1987; se ha apuntalado, pero continúa hundiéndose, y en cuanto a su capacidad recordó que se construyó en los años 60, cuando la población capitalina era la mitad de la de hoy.
El titular del Semefo, José Ramón Fernández Cáceres, explicó que "en situaciones con muertes tumultuosas no tenemos la capacidad de actuar de inmediato", como ocurrió por el incendio del centro nocturno Lobohombo. Dijo que por falta de espacio físico, en ocasiones los cadáveres "tienen que esperar" hasta dos horas para que se les realice la necropsia.
De la decisión que tome la ALDF depende que podamos contar con los recursos que permitan una mejor impartición de justicia, sentenció el presidente del Tribunal Superior de Justicia.