Al dar a conocer su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos, la organización Human Rights Watch manifestó su preocupación por las violaciones "permanentes" a tales derechos en América Latina y enfatizó los casos de Perú, Brasil, México, Colombia y Venezuela. 

De nuestro país, el organismo humanitario destacó las graves violaciones a los derechos fundamentales ocurridas a lo largo del año que está por terminar, y señaló que si bien el gobierno de Ernesto Zedillo "tomó varias medidas positivas", también ignoró compromisos internacionales en la materia. La tortura, las detenciones arbitrarias y los abusos de las fuerzas de seguridad fueron, a decir de Human Rights Watch, las violaciones más frecuentes, ante las cuales el sistema de procuración de justicia aún deja mucho que desear. Aunque, a decir del organismo, el fin de la hegemonía política priísta y la llegada al poder de Vicente Fox despiertan "la esperanza de cambio", no será fácil superar la "larga historia de abusos" que es "el legado del Partido Revolucionario Institucional". 

De otras regiones de Latinoamérica, el informe destaca la alarmante situación de Colombia, en la que los víctimas de la guerra entre el gobierno y las organizaciones guerrilleras "son en su mayoría civiles atrapados entre ambas partes"; de Brasil --en donde "el abuso de los niños abandonados y el terrorismo policial son asombrosos"--; de Perú, en donde Alberto Fujimori deja como recuerdo una estela de violaciones a los derechos humanos; de la Venezuela de Hugo Chávez, en la que la libertad de expresión "por primera vez se ha tornado un asunto de derechos humanos", y de Argentina y Chile, en donde Human Rights Watch encuentra auspiciosos los procesos judiciales en curso contra los cabecillas de las dictaduras militares que asolaron esos países en los setenta y ochenta. 

Al margen del documento de la organización humanitaria, en caso especialmente visible de contravención a los derechos humanos en el continente es la situación de los presos políticos argentinos que participaron, en 1989, en el asalto al cuartel de La Tablada, y quienes se debaten entre la vida y la muerte tras una huelga de hambre que lleva ya más de 80 días. Los ayunantes, condenados a largas penas en procesos irregulares en los que no pudieron ejercer el derecho de apelación a una segunda instancia, se encuentran ahora atrapados en una vergonzosa red de cálculos políticos en la que participan tanto la alianza gobernante del presidente Fernando de la Rúa como la oposición justicialista. 

Independientemente de la opinión que se pueda tener sobre el asalto armado al cuartel militar, hace once años, el hecho es que en ese entonces el gobierno de Carlos Menem asesinó a varios prisioneros, torturó a los que sobrevivieron y los sometió a procesos por demás irregulares, y que hoy en día persiste una injustificable asimetría entre los genocidas militares que dirigieron la pasada dictadura --los cuales gozan, en el mejor de los casos, de cómodos arrestos domicilarios por el robo de bebés, toda vez que fueron amnistiados por sus delitos más graves-- y los atacantes de La Tablada.