DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť El INE impuso casi incumplible cláusula de anuencia a Minera San Xavier

17 familias de SLP detienen la extracción de 77 millones de toneladas de oro y plata

Ť El ciento por ciento de la población de Cerro de San Pedro debe autorizar la explotación del subsuelo

Minerva Casas Soubervielle, La Jornada San Luis, SLP, 9 de diciembre Ť A cinco años de que la compañía Minera San Xavier comenzó el proyecto para la explotación de oro y plata en el pequeño poblado Cerro de San Pedro, la empresa cuenta ya con todos los permisos oficiales pero la detiene una cláusula que, para operar, le impuso el Instituto Nacional de Ecología (INE): la anuencia de ciento por ciento de la población de la zona.

El artículo -conocido como condicionante 12- constituye la única y sólida esperanza de quienes a lo largo de ese lustro han impugnado la puesta en marcha del plan de explotación que, a su decir, dañaría irreversiblemente los mantos acuíferos del valle de San Luis Potosí y el patrimonio histórico del municipio.

Ante el rechazo de varios grupos a que la empresa inicie actividades, el gobierno estatal dispuso la creación de un comité técnico integrado por 20 representantes de diversos sectores que vigile el cumplimiento de las condicionantes.

Sin embargo, ecologistas y la Alianza pro Defensa de Cerro de San Pedro prefieren no ocupar los tres puestos que tienen asignado en el comité, pues "sería avalar la instalación de la minera" que provocará daños por explotar en tajo a cielo abierto y usar cianuro en la lixiviación, así como el impacto de los explosivos en las iglesias de San Pedro Apóstol, que data del siglo XVII, y de San Nicolás Tolentino, del siglo XVIII. La estructura de los templos podrían sufrir daños irreparables.

En 1995, Metallica Resources Inc. presentó el proyecto al entonces gobernador Horacio Sánchez Unzueta. Se realizaron pruebas para verificar que en el subsuelo aún había qué explotar. Los resultados fueron positivos y los pasos rumbo a la consolidación del proyecto se iniciaron.

Para la operación de la minera se anunció una inversión de 112 millones de dólares. Durante los ocho años de la explotación para extraer 77 millones de toneladas de reservas de oro, plata y otros minerales, diariamente la compañía usaría 16 toneladas de cianuro, 13 de explosivos y mercurio, así como 2 millones 300 mil metros cúbicos de agua al año.

Dos años después, Metallica vendió la mitad de las acciones de la minera San Xavier a la canadiense Cambior Inc. El rechazo a la compañía se incrementó en enero de 1999 cuando se difundió que Cambior Inc. enfrentaba en Guyana -donde explotaba oro en la mina de Omai- una demanda por el derrame, en agosto de 1995, de 3.2 billones de litros de residuos contaminados con cianuro en dos ríos.

Esto hizo que el gobierno del estado pidiera opinión a investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí respecto a la viabilidad del proyecto. El análisis sobre impacto ambiental arrojó como resultado la integración de un documento con 80 condiciones para la operación de la minera.

El 9 de enero de 1999, el director de la Minera, William Dodge, anunció que la empresa aceptaba las condicionantes en términos generales y que éstas se cumplirían conforme a la evolución del proyecto. También anunciaba, para abril o mayo de ese año -si se obtenían todos los permisos- el inicio de una primera etapa de construcción que requeriría de 12 a 14 meses. Está por terminar el 2000 y esa primera etapa aún no inicia.

Humberto del Río Pedrajo, entonces vocero de la empresa, externó que la compañía tenía disposición para cumplirlas, aunque "no se les ve el caso" a condiciones como el monitoreo de polvos y el uso de animales en pruebas de experimentación.

Sin embargo, por parte del gobierno del estado, el secretario de Ecología y Gestión Ambiental, David Atisha Castillo, aseguró que la minera San Xavier tendría que cumplir con todas las condicionantes o no operaría.

En el ámbito federal, el proyecto de Minera San Xavier fue aprobado por la Secretaría de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) el primero de marzo del año pasado, cuando se entregó a la compañía la autorización del manifiesto de impacto ambiental.

El 26 de febrero de 1999 la dirección de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del INE expidió la autorización condicionada, cuya cláusula 12 referente a que la minera sólo podrá operar cuando tenga la aprobación de ciento por ciento de la población de Cerro de San Pedro, es la que ha sostenido en la batalla a los grupos ecologistas.

Tribunal acepta juicio de nulidad contra uso de suelo

Después de la aprobación de S emarnap e INE, la minera sólo esperaba que el gobierno del estado y el ayuntamiento de Cerro de San Pedro le concedieran la licencia de uso de suelo.

El 3 de mayo pasado el secretario de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas, David González Santos, dijo que la compañía había cumplido todos los requisitos impuestos por el gobierno estatal.

Dos días después, en el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, ante autoridades estatales y de los ayuntamientos de Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, el gobernador Fernando Silva Nieto haría el anuncio oficial del otorgamiento de la licencia de uso de suelo a la minera.

Sin embargo, ante el rechazo de los opositores al proyecto, Silva Nieto manifestó que la licencia limitaba el permiso de uso de suelo, pues la empresa San Xavier debía firmar un convenio para la instalación del Comité Técnico Ciudadano que revisara el cumplimiento de los compromisos. Advirtió que ni el gobierno ni los potosinos permitirían el desacato a una sola de las condicionantes y se manifestó en favor de una minería sustentable.

En el convenio, la minera se compromete a que el comité técnico tenga a su disposición los reportes para allegarse información, además de asesoría y apoyo profesional. A medio año de que se anunció la integración del comité, los miembros de éste no han sido presentados a la opinión pública.

Aún más, el 7 de julio, el grupo Pro San Luis Ecológico informó que el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo aceptó un juicio de nulidad contra la autorización de uso de suelo.

No obstante, el 28 de noviembre pasado, el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en San Luis Potosí, José Luis Medina García, comentó que Minera San Xavier podía iniciar los trabajos de una primera etapa a fin de año o en enero.

Aclaró que la empresa todavía está sujeta a varios requisitos impuestos por autoridades federal y estatal y, sin abundar en detalles, indicó que la Profepa revisa el cumplimiento de las primeras condicionantes y que si cumple con las condicionantes que como autoridad les corresponde testificar podrá seguir adelante y que si hay algún requisito que no cubra, pues no trabajará.

Ante la declaración del funcionario federal, los ecologistas reiteraron su rechazo a la explotación minera en Cerro de San Pedro. En varias ocasiones han advertido que, de ser necesario, bloquearán el camino de acceso a la cabecera municipal de Cerro de San Pedro para que la minera no opere, acción que fundamentan en la condicionante 12 de INE, pues aseguran que 17 familias sanpetrenses no están dispuestas a abandonar el municipio.

Nuevo cambio de dueño

Apenas cinco días después de que el gobierno estatal otorgó la licencia de suelo, la confiabilidad de la empresa volvió a quedar en entredicho debido a que Cambior Inc. vendió su 50 por ciento de acciones de la minera a otra compañía canadiense, Glamis Gold. Un desastre financiero, según la información oficial, fue la causa de la operación.

Para colmo, la nueva dueña de la San Xavier también tenía problemas. En California, Estados Unidos, enfrentaba una controversia legal por pretender extraer durante 20 años oro en territorio considerado sagrado para la tribu quechan.

El lunes 4 de diciembre el gobernador Fernando Silva Nieto se reunió en Casa de Gobierno con representantes de 17 grupos, no sólo ecologistas, que se oponen a la operación de la minera. La intención era convencerlos de que se integren a la comisión técnica que vigilará que la empresa cumpla con las condicionantes pero no hubo ningún acuerdo.

El miércoles pasado, sin precisar si la empresa arranca con una primera etapa o no, Silva Nieto anunció que la Comisión Técnica de Vigilancia (incompleta aún por la negativa de los ecologistas a integrarse a ella) iniciará una revisión para verificar que la minera esté cumpliendo los convenios y pueda seguir adelante, pues, de lo contrario "seremos los primeros en alzar la voz y detener las actividades".

Para la opinión pública, sin embargo, los integrantes de la comisión y el reglamento que la va a regir siguen como un misterio, pues el gobernador no ha presentado a quienes en fecha próxima -como diría él- revisarán que San Xavier acate las disposiciones de las autoridades.