Lo anterior, debido a que existe el Tratado de Ejecución de Sentencias, el cual posibilita que cualquier mexicano, que haya recibido una condena definitiva (es decir inapelable) en Estados Unidos tenga el beneficio de cumplirla en territorio nacional.

Para ello, se requiere que Alcalá Navarro solicite, a través de la embajada de México en Estados Unidos, o bien a cualquier consulado, que la Secretaría de Relaciones Exteriores, como representante del gobierno mexicano, pida a su contraparte el cumplimiento del tratado.

Según las fuentes consultadas, dicho acuerdo bilateral exige que la petición la haga el inculpado (en este caso Alcalá Navarro) de manera directa.

Alcalá Navarro se declaró culpable de conspiración y lavado de dinero desde 1998, en busca de que la sentencia que se le aplicara fuera benévola. El ex funcionario bancario participó en la realización de operaciones de blanqueo de dinero del cártel de Amado Carrillo Fuentes.

Sin embargo, fue descubierto por agentes de aduanas de Estados Unidos que participaron en la llamada operación Casablanca, que tuvo como resultado que 18 personas involucradas con instituciones crediticias de México y Venezuela fueran detenidas en suelo estadunidense durante una supuesta fiesta en el hotel Casablanca, ofrecida por lo exitoso de sus operaciones de lavado de dinero.