MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Clinton, por firmar esa iniciativa de Occidente
Rechazan ex funcionarios de EU crear un tribunal internacional
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 12 de diciembre Ť El presidente Bill Clinton está considerando firmar el tratado para crear una Corte Inter- nacional Penal que fiscalizaría a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero varios influyentes ex altos funcionarios estadunidenses que podrían sentirse amenazados por la nueva institución supranacional, así como varios legisladores, rechazan su creación, informó esta semana el periódico The New York Times.
Una lista de superestrellas de la política exterior estadunidense afirman que la Corte Internacional Penal es "una amenaza a la soberanía estadunidense y la libertad internacional de acción" del último superpoder, en una carta enviada al Congreso y obtenida por La Jornada.
"Como ex altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos... creemos que es igualmente importante que el presidente, sus secretarios de gabinete y otros hacedores de política de seguridad nacional no deban tener la fiscalización criminal internacional al realizar sus tareas".
Agregan que "el riesgo de fiscalización criminal internacional seguramente enfriará la toma de decisiones dentro de nuestro gobierno, y podría limitar la voluntad de nuestro liderazgo nacional de responder con fuerza ante actos de terrorismo, agresión y otras amenazas contra los intereses estadunidenses".
De hecho,"creemos que el liderazgo estadunidense en el mundo sería la primera baja del Tribunal Internacional Penal. En el clima actual, lo último que necesitan los líderes de Estados Unidos es una razón más para no responder cuando los intereses de nuestra nación son amenazados", escriben las figuras mundialmente conocidas.
Señalan, además, que "creemos que es esencial que el personal militar de nuestro país esté seguramente fuera del alcance de un fiscal internacional que no rinde cuentas y opera bajo procedimientos inconsistentes con nuestra Constitución".
Por lo tanto, promueven un proyecto legislativo conocido como Acta de Protección de Miembros de Servicios Estadunidenses, que fue presentada este año por el líder republicano de la Cámara, Tom DeLay, entre otros legisladores de alto rango.
La misiva fue enviada al Congreso de Estados Unidos por ex funcionarios de las presidencias de Bill Clinton, George Bush, Ronald Reagan, James Carter, Gerald Ford y Richard Nixon.
Los "abajo firmantes" son los ex secretarios de Estado Henry Kissinger, Lawrence Eagleburger, George Shultz y James Baker; los ex secretarios de Defensa Caspar Weinberger y Donald Rumsfeld; los ex asesores de Seguridad Nacional Brent Scowcroft, Zbigniew Brzezinski y Richard V. Allen; los ex directores de la CIA R. James Woolsey y Robert M. Gates, y la ex embajadora Jeane Kirkpatrick.
Aunque no mencionan qué implican por la "libertad internacional de acción" y las "amenazas contra los intereses estadunidenses", la participación de varios ex funcionarios en los acontecimientos de la política externa de Estados Unidos podría dar alguna idea sobre lo que se refieren.
Bajo la dirección de estos personajes, Estados Unidos se involucró en las siguientes actividades internacionales: la guerra de Vietnam, las operaciones clandestinas para derrocar a Salvador Allende en Chile, la guerra del golfo Pérsico, las operaciones clandestinas en El Salvador, Honduras, y Nicaragua, la intervención militar en Panamá, la invasión de Granada, el apoyo clandestino al apartheid de Sudáfrica, la guerra en la ex Yugoslavia, el bloqueo contra Irak, el entrenamiento y equipamiento bélico de las fuerzas antisoviéticas de Afganistán y el operativo que estalló en el escándalo Irán-contra, entre otras iniciativas estadunidenses de "acción internacional".
Sin embargo, aun si firma Clinton, es férrea la oposición a la creación del tribunal interncional entre el liderazgo de la legislatura estadunidense y de las fuerzas armadas, y es poco probable que este acuerdo sea ratificado en un futuro próximo.
A pesar de cinco años de trabajo, Estados Unidos ha buscado una serie de excepciones tan extensas como para ser consideradas inaceptables por los países que están promoviendo la institución judicial.