La detención de Oscar Espinosa Villarreal ayer por la mañana, en Managua, a raíz de un pedido formulado por el gobierno mexicano al nicaragüense, con miras a la extradición del ex regente capitalino, puede ser el inicio de una amplia tarea de esclarecimiento de la corrupción a lo largo del sexenio pasado y de procuración e impartición de justicia para quienes se apoderaron indebidamente de fondos públicos o amasaron fortunas al amparo de cargos públicos. 

Espinosa es posiblemente el ejemplo más conocido de los ex funcionarios zedillistas bajo sospecha, pero dista de ser el único. En el gobierno 1994-2000, y pese a los ofrecimientos iniciales de combatir el aprovechamiento de recursos públicos para provecho privado de los funcionarios, fueron evidentes los altos niveles de corrupción en las dependencias federales; así lo reflejan los informes correspondientes a ese periodo de la organización Transparencia Internacional, en donde México aparece en un sitial de vergüenza entre las naciones más corruptas. 

Ciertamente, en el sexenio pasado se buscó legalizar los desfalcos más escandalosos y evidentes, empezando por el turbio rescate bancario regularizado por los legisladores del PRI y del PAN; los aguinaldos de 700 mil pesos del propio Espinosa, o las jubilaciones prematuras y astronómicas que se les concedió en Nafin al ex regente y al ex secretario de Hacienda, José Angel Gurría, fueron presentados a la opinión pública como medidas apegadas a derecho, sin importar que resultaran profundamente inmorales y escandalosas en el contexto de la miseria generada por el equipo gobernante del que ambos formaban parte. Pero es inevitable suponer que no todas las apropiaciones privadas de fondos públicos realizadas en la administración anterior se realizaron al amparo de coartadas legales como las referidas, y es obligado, en consecuencia, revisar con lupa y al detalle los manejos del erario a lo largo de esos seis años. 

Volviendo al ex funcionario mexicano detenido ayer en Managua, cabe recordar que enfrenta acusaciones de la Procuraduría de Justicia capitalina (PGJDF) por el desvío de 420 millones de pesos cuando era regente capitalino, pero la Procuraduría General de la República (PGR) nunca investigó, en tiempos de Zedillo, la trayectoria de Espinosa como ex director de Nafin y como ex tesorero del PRI. Hoy es urgente y necesario que se indague en esas etapas del ex funcionario para que, de encontrarse irregularidades también en su paso por esos puestos, se integren las imputaciones correspondientes en el pedido de extradición. 

Por otra parte, es claro que el ex presidente Zedillo debiera dar una explicación a la sociedad sobre su empeño en mantener a Espinosa en un cargo que le otorgaba fuero ante las investigaciones de la PGJDF; en tanto no lo haga, resultará, a ojos de esa misma sociedad, sospechoso de encubrimiento. 

Cabe esperar, finalmente, que el episodio del último regente de la capital no sea instrumentado, por el gobierno actual, como un espectáculo para atemperar el clamor ciudadano de transparencia y combate a la impunidad. Porque la extendida y fundada sospecha es que los dineros presuntamente malversados por Espinosa son sólo un botón de muestra, la punta de un iceberg de corrupción que debe ser extirpado.