JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Sólo se indaga si Espinosa contó con ayuda oficial
Niega Macedo de la Concha que se investigue a Zedillo
Ť Señala ante legisladores que hay un grave rezago en la PGR Ť Plan para combatir narcotráfico, secuestro y robo de autos
Ciro Pérez Silva, David Aponte y Gustavo Castillo Ť El procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, informó ayer que la dependencia a su cargo no investiga al ex presidente Ernesto Zedillo como posible cómplice de la fuga de Oscar Espinosa Villarreal.
Por el momento, sólo recaba datos de la ruta de escape que siguió el ex secretario de Turismo, para determinar si contó con ayuda oficial para abandonar el país, explicó a la prensa en la Cámara de Diputados.
Más tarde, los periodistas que cubren la PGR preguntaron: "Señor, Ƒse investiga por encubrimiento al ex presidente Zedillo?".
"No tengo nada en particular sobre ello. Tenemos que ser muy cuidadosos para no parecer ligeros ante la sociedad, ante este tipo de señalamientos. Estamos únicamente integrando el procedimiento (de extradición) y, si resultara alguna cuestión, sería motivo de otra investigación. Pero hasta el momento no tenemos nada. Los rumores no forman parte de este tipo de situaciones".
A lo largo del día y en tres diferentes momentos, reporteros interrogaron al general si la PGR indagaba a Zedillo, quien ha sido señalado por la prensa de haber facilitado la fuga de Espinosa Villarreal.
-Como ustedes saben, ya se logró la detención con fines de extradición del señor Oscar Espinosa Villarreal. En este momento no podría afirmar que hubo algún aspecto que pudiera determinarse si hubo alguna complicidad, encubrimiento de cualquier acción de carácter ilícito para su permanencia en Nicaragua.
En seguida, agregó: "Si de las averiguaciones se desprendieran conductas ilícitas por parte de servidor o ex servidor público, se aplicará a ley".
Insistió en que la PGR únicamente participó en la solicitud de arresto con fines de extradición y, en adelante, lo hará en la presentación de la petición formal al gobierno de Nicaragua.
Macedo de la Concha compareció este miércoles ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. En el encuentro con los legisladores explicó que ha detectado un grave rezago en diferentes áreas de la institución, exceso de personal administrativo y carencia de elementos operativos.
En San Lázaro anunció que ha integrado un "programa emergente" en materia de ataque a crimen organizado, narcotráfico, secuestro y robo de vehículos, y que espera obtener resultados importantes en los próximos cien días.
Respecto de la relación bilateral México-Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, aseguró que cuidará que ésta sea siempre respetuosa de la soberanía nacional y de pleno apego a la supremacía constitucional. En fecha próxima se reunirá con su contraparte estadunidense, para revisar el marco que regula esas relaciones, pero siempre, insistió, bajo esos dos preceptos fundamentales para el Estado.
El titular de la PGR se convirtió también en el primer funcionario que públicamente reconoce la existencia del tráfico de órganos en el país:
"Sabemos nosotros que el tráfico de órganos, sabemos nosotros que la piratería, son un problema serio para nuestro país, delitos que están integrados dentro del catálogo de crimen organizado serán atendidos con toda seriedad, con toda eficacia, y buscaremos mejores programas de abatimiento a la impunidad y corrupción".
Durante su intervención, precisó que uno de los rezagos más preocupantes que encontró al revisar la situación en que se encuentra la PGR se da en materia de integración de averiguaciones previas en todo el país, deficiencia que se refleja también en aquellas indagatorias consignadas, por las que se obtiene una orden de aprehensión, pero que no son ejecutadas. "Con esto quiero decir que sí se aplica la ley, pero no la hacemos efectiva porque las personas que están involucradas en hechos delictuosos gozan de libertad, cuando debieran estar siendo procesadas y, en su oportunidad, sometidas a la sanción que la ley precisa".
El militar dijo que una de las tareas de su gestión será perfeccionar la eficacia de la autoridad para reducir la impunidad, fenómeno que, con la corrupción, son factores que inciden en una falta de aplicación correcta y efectiva de la ley, por lo que las acciones de la PGR deberán reflejar, además de una aplicación puntual de aquélla, el respeto pleno a los derechos humanos.
Aquí dio a conocer que uno de los primeros pasos será el fortalecimiento de las áreas de fiscalización y supervisión interna de la PGR.
Al interior de la institución, la nueva gestión federal promoverá la defensa de los derechos fundamentales a través de programas de capacitación y actualización, en los que participarán tanto instancias públicas como privadas. Incluso, habrá un diálogo permanente con los organismos no gubernamentales que protegen las garantías individuales, ofreció.
"Si soltamos -y el término lo enmarco en comillas- a los elementos que se encargan de la parte sustantiva, sin una adecuada supervisión, nos crea problemas de corrupción. Consecuentemente, vamos a integrar esos órganos de supervisión y fiscalización con todo cuidado".
Como parte de la defensa de los derechos humanos, se propuso mejorar el régimen jurídico al que están sujetas las víctimas del delito. Enfatizó que parte de este compromiso será combatir al crimen "implacablemente" y con todos los recursos del Estado.
El procurador fue reiterativo al hablar de corrupción e impunidad al interior de la PGR, las que también son fruto de la incapacidad técnica, material o funcional de la autoridad. La meta, sostuvo, es que todo infractor reciba, invariablemente, su castigo, y explicó a los legisladores que para alcanzar este propósito ha diseñado diversas líneas de acción, que tienden a reducir la impunidad y permiten abatir el crimen.
Macedo de la Concha dijo no tener "la menor duda" de que gran parte de este fenómeno de impunidad se debe a la incapacidad de la autoridad, y que es en ese contexto que revisa "cuidadosamente" la estructura funcional y operativa de la PGR.
Como parte de una primera revisión, el procurador detectó que se cuenta con un gran aparato administrativo y que, de acuerdo con los registros, hay 18 mil plazas en la PGR, de las cuales 11 mil están destinadas a aspectos administrativos, y que las 7 mil restantes atienden aspectos técnicos.
Respecto de los elementos de la Policía Judicial Federal (PJF), mencionó que se tienen previstas 5 mil plazas, pero que sólo están ocupadas mil 800. "Es decir, tenemos un problema de 3 mil 200 policías".
Por cuanto a los agentes del MP Federal, se tiene el registro de alrededor de 2 mil 500, pero únicamente un tercio está en funciones. Las razones, dijo, son entre otras la baja remuneración que perciben. A manera de ejemplo, comentó que mientras un defensor de oficio de la Suprema Corte de Justicia gana un promedio de 20 mil pesos mensuales, en la PGR apenas 10 mil.
"Tenemos una gran vacancia; tenemos que muchos de ellos han preferido buscar otras opciones laborales donde son mejor remunerados. Desdichadamente los números y el presupuesto no nos van a permitir homologar estos salarios a servidores públicos, como es la intención de quien habla, aunque estamos viendo la posibilidad de al menos ir incrementando los ingresos para hacerlos competitivos".
Adelantó que busca "adelgazar el aparato administrativo" para lograr que la dependencia sea funcional y eficaz, y al mismo tiempo "darle más fuerza" a las partes sustantivas en la procuración de justicia. Ello implica también una reestructuración en el área de servicios periciales. Informó a los diputados que diseñó 13 programas que contienen tareas prioritarias y que se derivan de los compromisos anteriores.
Programas, permanente de capacitación al personal sustantivo en materia de derechos humanos; de atención a víctimas; nacional de abatimiento de rezago en la cumplimentación de órdenes judiciales; de abatimiento de rezago en la integración de averiguaciones previas; diseño y operación del sistema integral de capacitación de personal ministerial, policial y pericial, entre otros.
La primera reunión de Macedo de la Concha con los diputados duró poco más de dos horas. Posteriormente, se dio tiempo para responder a las preguntas de los reporteros, la mayoría dedicadas al caso Espinosa.