Ť Confianza, la "gran perdedora" en los comicios

La Suprema Corte de EU se impuso a la voluntad del pueblo

Ť Nadie sabe quién ganó, de verdad, el voto popular en Florida

Ť Mancha el sistema político la reputación del Poder Judicial

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 13 de diciembre Ť Con la histórica decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de coronar al próximo presidente, comienza una controversia que pone en duda no sólo la legitimidad de los comicios presidenciales, sino también uno de los principios sobre el cual se fundó esta democracia.

"Aunque tal vez nunca nos enteremos con completa seguridad de la identidad del ganador de la elección presidencial de este año, la identidad del perdedor es perfectamente clara: la confianza de la nación en el juez como un guardián imparcial de la ley", escribió el juez John Paul Stevens, junto con dos de sus colegas en su disidencia del fallo de la mayoría de jueces de la Suprema Corte federal. Stephen J. Breyer, juez supremo liberal que también escribió una disidencia del fallo mayoritario declaró que "arriesgamos una herida autoinfligida, una herida que podría no sólo dañar a la corte, sino a la nación".

A pesar de que este máximo tribunal intentó evitar ser responsabilizado de imponer al presidente y que su decisión fuera interpretada como un acto netamente político, y no jurídico, será difícil lograrlo. Inmediatamente después de emitir su fallo, los propios jueces supremos que votaron en contra, eminentes abogados, analistas políticos y figuras nacionales acusaron a los cinco magistrados que votaron a favor de actuar acorde con sus preferencias políticas y violar la imparcialidad de la institución. Se señaló que siete de los nueve jueces fueron nombrados por presidentes republicanos.

Tal vez lo más notable del fallo es su reconocimiento explícito de que en Estados Unidos los ciudadanos no cuentan con el derecho constitucional de votar por un presidente. "El ciudadano individual no tiene un derecho constitucional federal de votar....", asienta el fallo, señalando que el proceso del sufragio es definido por la legislatura de cada estado. O sea, cómo se vota y cómo se cuenta ese voto indirecto para presidente se define no por la ley federal, sino por cada estado.

No cabe duda de que la corte estaba consciente de la controversia en que se había metido al aceptar este caso, y esto se manifiesta en el documento del fallo de 65 páginas y seis opiniones diversas sobre aspectos del mismo.

Pero al final, lo determinante fue la opinión de cinco contra cuatro de detener el recuento de votos en Florida, y con ello definir el final de esta elección. Por un solo voto se decidió la elección nacional.

Pero al hacerlo, este proceso electoral concluye con un problema enorme: nadie sabe quién, en verdad, ganó el voto popular en Florida. Pero su consecuencia es que ahora estará en duda la legitimidad no sólo del próximo presidente de Estados Unidos, sino de la propia Suprema Corte.

En un sistema fundamentado en la división de poderes federales, la integridad del Poder Judicial no había caído en el tipo de desgracias en las que habían caído los otros dos poderes ?el Ejecutivo y el Legislativo. Desde los escándalos de Watergate hasta el intento de destitución del presidente Bill Clinton, pasando por los mil y uno escándalos políticos de los legisladores, la confianza popular en estos dos poderes se ha destrozado. Con la intervención en este asunto fundamentalmente político, la hasta ahora reputación superior del Poder Judicial, que siempre ha intentado aislarse de los vientos y pugnas políticas del país (por lo menos en su imagen), ahora también se verá ensuciada por un sistema político que, por algún tiempo, tendrá dificultad en proyectarse como la "democracia modelo" para el mundo.

Para algunos, la Suprema Corte de Estados Unidos revirtió efectivamente la decisión expresada por la "voluntad del pueblo" e impuso la suya.

El juez Breyer señaló en este sentido que "en este asunto altamente politizado, la apariencia de una decisión dividida (en la Corte) lleva el riesgo de minar la confianza pública en la propia corte. Esa confianza es un tesoro público... Es un ingrediente vitalmente necesario para cualquier esfuerzo exitoso de proteger la libertad básica y, de hecho, el estado de derecho mismo".