VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Emilio Pradilla Cobos Ť
Primer desencuentro
La presentación a la Cámara de Diputados por el nuevo gobierno federal del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación para el 2001, que mantiene la exclusión de la capital de las aportaciones correspondientes al Ramo 33, es el primer desencuentro del gobierno panista-foxista con el nuevo gobierno del Distrito Federal, y la continuación del castigo a los capitalinos que llevaron a cabo el gobierno de Ernesto Zedillo y los legisladores del PAN y el PRI los años anteriores, y que en su momento impugnaron Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles.
La exclusión del DF y sus delegaciones, de las transferencias federales para combatir la pobreza, ignora la existencia en la capital de un 15 por ciento de su población (1.3 millones de personas) en situación de pobreza extrema y de un 44 por ciento adicional (3.8 millones más) en situación de pobreza moderada, asentadas sobre todo en las delegaciones periféricas; y el hecho de que la ciudad atiende en servicios públicos como transporte, educación, salud y recreación a importantes contingentes de población venidos de los municipios conurbados del estado de México, donde la situación de pobreza es mucho más grave que de este lado de la frontera virtual. La pobreza y la indigencia se concentran mayoritariamente en zonas de exclusión socio-territorial localizadas mayoritariamente en las periferias sur, oriente y norte del DF, colindantes en el norte y oriente con municipios conurbados con más altos índices de pobreza, lo que ubica en ellas la atención de la población venida del estado de México. Por ello, la exclusión de los fondos para el fortalecimiento municipal afecta la capacidad del gobierno local para atender el saneamiento, ordenamiento y dotación de servicios públicos adecuados en las delegaciones periféricas y para cumplir la función solidaria de atención compensatoria a los vecinos pobres.
La justificación de que el DF no es ni un estado ni un municipio, ni sus delegaciones son lo segundo, soluble mediante una modificación legal simple, pone en evidencia las contradicciones que se derivan del estatuto de excepción que rige a la capital, que las incompletas reformas políticas recientes no han resuelto satisfactoriamente, y que sólo se solucionarían claramente mediante la transformación del DF en el estado 32 y de sus delegaciones en municipios de pleno derecho. Otra justificación recurrente, es la que afirma que el DF es subsidiado por el resto de las entidades, lo que es desmentido por las cifras que indican que la capital recibe un porcentaje inferior en más de 10 por ciento a lo que aporta al erario federal y a la riqueza nacional: cerca de un 25 por ciento del total.
Ahora, como en los tres años anteriores, parecería que el argumento aplicado --pero no hecho público--, es de naturaleza política y tiene que ver con el futurismo de los partidos de oposición en el DF y la manipulación de correlaciones coyunturales de fuerza, bastante ajenas a la democracia real y a los equilibrios republicanos. Habrá que observar cuidadosamente la posición del PRI, mayor minoría en la Cámara de Diputados local, y en particular, si vota la exclusión junto con el PAN, como en el pasado, o si se opone a ella. Lo que tiene que quedar claro es que los castigados por el mantenimiento de este recorte presupuestal y de la restricción de la capacidad de endeudamiento, serán los ciudadanos del DF y una parte de los de los municipios conurbados, aunque parezca que son los gobiernos delegacionales y del DF los que verán amenazados sus programas de desarrollo; quizás el hecho de que seis de las delegaciones, que recibirían parte de estos recursos, son gobernadas por el PAN, abra el camino a la superación de la exclusión, y a que no domine el criterio politiquero de actuar en función de las elecciones del 2003 y del plebiscito convocado para el 2002 para la confirmación del mandato del jefe de Gobierno del DF.
En forma más general, la discusión se ubica en torno al reconocimiento por la Federación de los sobrecostos que tiene para el DF ser el núcleo central de la Zona Metropolitana del Valle de México y, al mismo tiempo, la capital de todos los mexicanos; en ese sentido, la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal debería abrir el camino a modificaciones al pacto federal en este terreno, sin dejar de garantizar el adecuado desarrollo de la metrópoli y la equidad distributiva con otras regiones del país, más atrasadas y desfavorecidas que el DF y entidades como Jalisco, Nuevo León y estados fronterizos del norte.