El solo anuncio de la presentación de una iniciativa perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para establecer en el Código Civil la figura de unión solidaria, a fin de ofrecer un estatuto legal a las parejas homosexuales y garantizarles los mismos derechos de que disfrutan los ciudadanos heterosexuales, ha causado reacciones de escándalo entre legisladores locales del PAN y, por voz del arzobispo Norberto Rivera Carrera, en la jerarquía eclesiástica. Así, el diputado blanquiazul Federico Doring, acusando al PRD de pretender ''desgarrar a la sociedad'', hizo otro tanto con sus vestiduras y expresó el rechazo rotundo de sus correligionarios incluso ''a negociar'' la iniciativa mencionada. El jerarca católico, por su parte, calificó la propuesta de ''ataque a la familia'' y ''a la Constitución'', y equiparó el establecimiento y la existencia de parejas homosexuales a figuras delictivas como el asalto y el secuestro. La idea de la unión solidaria, al parecer, no ha podido ser consensuada ni siquiera al interior de la bancada del PRD y, fuera de ésta, sólo una legisladora del Partido Democracia Social mostró cierta simpatía hacia la iniciativa.

Independientemente de que provoque desmayos y sofocos en la sacristía, el tema tiene tres aspectos que vale la pena referir. El primero es, sin duda, la vigencia, en el país y en la ciudad, de una legislación que resulta discriminatoria, en los hechos, de los homosexuales, hombres y mujeres, quienes se ven impedidos de formalizar legalmente sus relaciones de pareja. En ese y otros aspectos, las leyes no reflejan ni respetan la diversidad sexual presente en la sociedad mexicana contemporánea, en tanto que la Carta Magna ostenta inconsistencias y contradicciones internas que sería saludable, ético y justo superar.

Una segunda consideración necesaria es el divorcio entre el concepto de familia esgrimido por los sectores de la reacción política y moral, y el significado real de ese término en el México del año 2000. En efecto, la idea de la familia como un conjunto que comprende un padre, una madre y un número variable de hijos e hijas, sólo es representativa de una parte, acaso no la mayoritaria, de vínculos mucho más complejos. Muchísimos hogares mexicanos carecen de uno de los supuestos ''pilares fundamentales'' --generalmente el padre-- y es por demás abundante la presencia de parientes consanguíneos o políticos diversos --abuelos, tíos, hermanos, sobrinos, primos, nietos, entenados, arrimados-- que no encajan en el icono oficial de lo que debe ser una familia. En este entorno diverso --por decisión propia o por necesidad-- la rotunda negativa a permitir que los ciudadanos homosexuales construyan un ámbito familiar acorde con sus preferencias sexuales y afectivas es discriminatorio e inhumano.

Finalmente, el solo planteamiento de la unión solidaria parece tocar las fibras más profundas y regresivas de la hipocresía social, toda vez que sus detractores reaccionan ante el tema como si no existieran, en todos los ámbitos del país --incluida, por supuesto, la Iglesia católica-- parejas constituidas, aunque vergonzantes, de homosexuales que, ante el mandato de soledad que la moral hace pesar sobre ellos han escogido la convivencia discreta o clandestina. Ante esa hipocresía imperante, el solo hecho de poner el tema sobre la mesa puede resultar un paso saludable en la construcción de un país verdaderamente respetuoso de sus diversidades.