SABADO 16 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť EU pondrá armas y adiestramiento, y el país sudamericano los muertos

El Plan Colombia, inserto en la mundialización

Ť En puerta, una nueva guerra de colonización articulada con políticas del FMI y el Banco Mundial

Carlos Fazio Ť Mientras el Pentágono ajusta los tiempos y toma previsiones, incluida la mercenarización de la asesoría militar, el presidente de Colombia, el conservador Andrés Pastrana, acondiciona el marco "legal" contrainsurgente.

Ambos se aprestan para librar una guerra encubierta contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el corazón de América Latina; dan los últimos retoques a un proyecto de muerte que se inserta de manera orgánica en el proceso de mundialización neoliberal.

La excusa es el combate al narcotráfico. Pero lo que está en marcha es una renovación de la política contrainsurgente disfrazada de lucha antidroga y un nuevo esquema de dominación militar continental.

Por eso Washington convirtió a Colombia, país que tiene el peor expediente en derechos humanos del hemisferio occidental, en el mayor receptor de ayuda militar estadunidense después de Israel y Egipto.

En la coyuntura, para la Casa Blanca América Latina es el escenario privilegiado de acumulación capitalista y afirmación de su hegemonía mundial. La guerra civil colombiana --y el señuelo de la narcoguerrilla como sustituto del "fantasma comunista"--, le da una oportunidad a Washington para ensayar un proyecto de dominación económica, intervención política, agresión militar y lucha ideológica.

Rutinaria presencia estadunidense

Los signos son ominosos. Los militares del Pentágono se pasean por el territorio colombiano como Pedro por su casa. Un día en Larandia, otro en Bogotá, su presencia en el país ya es casi rutinaria.

En noviembre pasado, cuando los gobiernos de Estados Unidos y Colombia acordaron aplazar para enero el lanzamiento de la ofensiva militar en el Putumayo --departamento ubicado en la frontera sur con Ecuador y Perú--, el anuncio fue hecho en la capital colombiana, Bogotá, por el subsecre- tario adjunto de Defensa de Estados Unidos, Brian Sheridan.

Pastrana aprovechó la presencia de Sheridan en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, para imponerle la más alta condecoración que concede el país, la Orden de Bo- cayá, por su "labor solidaria a favor de la paz, la seguridad y la salud mundial".

Aunque la subsecretaría de Sheridan en el Pentágono está encargada de las operaciones especiales y los conflictos de baja intensidad; nada que tenga que ver con paz, prosperidad y democracia.

El aplazamiento de la ofensiva militar debe haber incidido en la postergación de la llegada al país sudamericano del brigadier general Keith M. Huber, el hombre del Comando Sur del ejército de Estados Unidos asignado para supervisar el Plan Colombia.

El militar tiene una hoja de vida especializada en lucha contrainsurgente. Sirvió en El Salvador en 1987 y dirigió en Medio Oriente al personal de operaciones civiles encargado de ganarse "la mente y los corazones" de la población local, la famosa "acción cívica" adscrita a la contrainsurgencia. En 1995 fue jefe operativo de Naciones Unidas en Haití.

El que sí no faltó a la cita fue el general Peter Pace, el mero jefe del Comando Sur. El 8 de diciembre, Pace inauguró la base "antinarcóticos" de Larandia, en el departamento de Caquetá.

La guarnición de Larandia es considerada por los expertos la punta de lanza del Plan Colombia. Contará con mil soldados profesionales que fueron entrenados por 97 instructores estadunidenses.

Es el primero de tres batallones contrainsurgentes que entrarán a activar el componente militar del plan; otros 2 mil soldados serán "profesionalizados" a corto plazo. La base de Larandia recibió armamento y aeronaves de Estados Unidos.

En enero, el Pentágono prevé poner en marcha la ofensiva militar con apoyo de 33 helicópteros tipo UH-1H Huey, que son parte de un total de 60 aparatos que la Casa Blanca incluyó dentro de la ayuda de mil 300 millones de dólares que asignó al plan bélico.

El ministro colombiano de Defensa, Luis F. Ramírez, anunció que en 2001 el ejército tendrá un aumento en su "pie de fuerza" en 20 mil soldados y 10 mil elementos contraguerrilla, y que en los próximos dos años el "parque" de helicópteros artillados se elevará de cuatro a cien unidades, entre ellos 14 modernos Blackhawk.

Además, informó, se fortalecerá el equipo de inteligencia electrónica, para acceder a información satelital, y será actualizada la red de radares.

De acuerdo con el Plan Colombia, los 30 mil nuevos soldados serán entrenados por asesores de Estados Unidos. El problema es cómo. La vía elegida por el Pentágono parece ser la de la mercenarización.

Atormentados por los fantasmas de las guerras de Vietnam y El Salvador y como posible coartada por si "algo sale mal", los jefes de la Secretaría de Defensa han decidido contratar a varias firmas de ex militares y ex agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para que los remplacen en las tareas de entrenamiento de soldados y policías colombianos.

Según un reportaje del diario El Tiempo de Bogotá, ese sería el camino encontrado por la Casa Blanca para evitar los controles del Congreso estadunidense, mientras convierten al ejército colombiano en una poderosa máquina de guerra.

En Washington ya ha comenzado una polémica en torno a la firma Military Profe ssional Resources Inc. (MPRI), que recibió un contrato de 6 millones de dólares para entrenar y asesorar al ejército colombiano. Dieciséis empleados de MPRI ya realizan funciones en Colombia y reportan de manera periódica sus actividades al Pentágono.

Los asesores privados están trabajando en planeación de inteligencia, logística y entrenamiento, pero otra parte de su misión es "complementar" las labores de la Secretaría de Defensa, que fue autorizada por el Congreso para entrenar y dotar de armamento a tres batallones "antinarcóticos" del ejército colombiano.

Aunque el contrato a MPRI fue autorizado por el Congreso, surgieron algunas voces de alarma que se interrogan sobre la intervención de Estados Unidos en un país soberano y la participación de civiles estadunidenses en una guerra en el extranjero.

Las críticas se basan en anteriores aseso-rías de MPRI. Según MPRI, en 1995 asesoró al gobierno de Croacia en "simples labores de escritorio", pero la publicación es- pecializada Janes Inteligence Review indica que la intervención de la empresa de Virginia fue clave en los éxitos militares del ejército croata contra los serbio-bosnios.

Después MPRI ayudó a los bosnios musulmanes a formar un ejército que hiciera frente a la maquinaria bélica del entonces presidente yugoslavo Slodoban Milosevic.

Legisladores demócratas alertaron que el papel de MPRI en Colombia no está sujeto al escrutinio del Congreso. A su vez, Adam Isackson, del Centro de Política Internacional, advirtió que la utilización de firmas privadas por el Pentágono puede ser una cortina de humo para camuflar operativos contrainsurgentes.

"Si ellos cruzan la línea entre la guerra a las drogas y la contrainsurgencia, la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos sería menos directa, pues es una empresa privada. Y si alguno llega a morir habrá menos presión a la Casa Blanca, que si se trata de un soldado estadunidense".

La semana pasada la falta de transparencia llevó a decir a Human Rights Watch que el Pentágono utiliza a esas compañías para violar las condiciones exigidas por el Congreso estadunidense cuando se aprobó el controvertido Plan Colombia.

Las leyes de Estados Unidos disponían el despliegue en Colombia de un máximo de 500 efectivos y 300 personas contratadas en cualquier momento, salvo en caso de emergencia. Pero según la organización humanitaria, como reflejo de la tendencia mundial a "subcontratar" la guerra, se estima que unos mil profesionales relacionados con Estados Unidos están presentes en Colombia, entre ellos muchos oficiales retirados de las "fuerzas especiales" del Pentágono, que trabajan para empresas privadas como DynCorp Inc. y MPRI.

La Casa Blanca, por su parte, se defendió diciendo que no hay nada oscuro en la subcontratación; que "es una decisión operativa, no estratégica", ya que resulta menos costoso subcontratar.

Una vieja película bélica

Por vía paralela, el gobierno de Colombia acondiciona la base "legal" para lo que se viene. Según el general Fernando Tapias, comandante de las fuerzas militares, Colombia está al borde de la guerra civil. Por ello el 5 de diciembre reclamó al gobierno de Andrés Pastrana la aprobación de medidas legales de emergencia, como el "estado de conmoción interior".

El estado de conmoción interior es un mecanismo constitucional que le permite al gobierno legislar con facultades de emergencia para afrontar graves perturbaciones de orden público. Se trata de un añejo y socorrido instrumento del arsenal de las dictaduras latinoamericanas.

Un día después, Pastrana dijo que tenía lista una nueva legislación antiterrorista.

Armas y asesores extranjeros, la presencia del Pentágono y leyes antiterroristas, son los componentes clave del guión de una vieja película de guerra que ya vimos muchas veces en la región. El Plan Colombia es una estrategia coherente con la intervención estadunidense en Centroamérica y Yugoslavia, y antes en el Cono Sur.

Pero es también coherente con el proceso de mundialización neoliberal, entendido como una nueva guerra de colonización, articulada con las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para la dominación económica de las transnacionales y un puñado de megamillonarios.

Los objetivos reales del plan son derrotar militarmente a la guerrilla, reafirmar la hegemonía de Estados Unidos sobre la Unión Europea, reproduciendo la estrategia de la guerra en Kosovo, y favorecer a las empresas trasnacionales que pretenden realizar sus megaproyectos en la zona.

En el reparto --y como antes en Kosovo para evitar la vietnamización del conflicto y sus costos políticos--, Washington brinda el financiamiento, armamento, entrenamiento militar y asesoría contrainsurgente, además del apoyo político, ideológico e informativo. Colombia pondrá los combatientes y las víctimas.