Desde 1997, año en que por primera vez el Congreso dejó de contar con la mayoría absoluta del partido gobernante, el debate legislativo para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación dejó de ser un mero acto de respaldo político --mediante el voto mayoritario en bloque-- a la iniciativa presentada por la Secretaría de Hacienda, para convertirse en una cuestión fundamental del debate parlamentario. 

La composición plural del Congreso abre una arista para que, dentro de las evidentes limitaciones del paquete económico, las diferentes fuerzas políticas justifiquen libremente sus posiciones en torno al destino que deben tener los recursos públicos. En principio, podemos advertir que el incremento al gasto programado para educación y combate a la pobreza son asuntos coincidentes en materia presupuestal. Durante sus campañas, los candidatos de los tres principales partidos los consideraron como temas prioritarios. Y no es para menos, el rezago en la educación y el incremento en el número de pobres merecen la mayor atención por parte del gobierno. 

El debate parlamentario debe estar a la altura de las exigencias de la realidad nacional, libre de protagonismos y caprichos partidistas. Si durante las campañas se habló tanto de estas prioridades, es responsabilidad de los legisladores atenderlas y, de la sociedad, exigir su cabal cumplimiento. 

Las demandas de legisladores del PRD y el PRI para que se incremente el techo presupuestal, a fin de atender a sectores prioritarios, tal como lo prometió Fox durante su campaña, son legítimas en tanto se consideren los posibles márgenes de maniobra del paquete económico sin afectar la estabilidad de las finanzas públicas. Las amenazas del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, que advierte a los legisladores que de no aprobar su iniciativa "hundirán al país", polarizan el debate, convirtiéndolo en una discusión maniquea con argumentos ya escuchados en años anteriores. Como en toda negociación, las partes involucradas deben mostrar la madurez necesaria para lograr consensos en torno a los principales puntos de coincidencia. 

Independientemente de las justificaciones técnicas del gobierno federal para no modificar la iniciativa de presupuesto, los legisladores de todos los partidos y la sociedad tienen la obligación de exigir que se cumpla con las promesas de incremento al gasto social y, sobre todo, que se les ubique como rubros irreductibles. 

Recordemos que durante 1998, a raíz de la crisis en Asia y la caída en los precios internacionales del petróleo, se hicieron tres recortes al presupuesto, siendo el rubro de educación el más afectado. 

El actual descenso del precio del petróleo es un factor que, nuevamente, pone en riesgo los compromisos presupuestarios en temas que el gobierno se jacta de llamar prioritarios. 

El Presupuesto de Egresos 2001 de la Federación, que apruebe el Congreso en los próximos quince días, será un primer indicador sobre el rumbo que seguirá el país, sobre la capacidad de respuesta a las principales exigencias de la sociedad, sobre el valor que se le dé a la palabra empeñada.