MARTES 19 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Realizan una vigilia en Plaza de Mayo para que el gobierno actúe ya
ONG e intelectuales piden se atienda el caso de La Tablada
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 18 de diciembre Ť Organizaciones de derechos humanos e intelectuales argentinos comenzaron hoy una vigilia para exigir al gobierno que tome alguna medida frente a la huelga de hambre que desde hace 105 días llevan adelante los presos por el asalto al cuartel de La Tablada, quienes piden que se les permita apelar sus condenas.
Todas las esperanzas están puestas en el día de mañana. La Corte Suprema de Justicia deberá expedirse por una "queja" de la procuraduría, que de resultar en una decisión positiva, daría lugar a la segunda instancia que reclama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos.
Si la respuesta no fuera positiva, los grupos de derechos humanos y familiares de los presos esperan que el gobierno de Fernando de la Rúa dé el paso que todos exigen: un decreto que zanje la terrible situación creada. Unos días más -dicen aquí- y será tarde.
La vigilia se realiza en Plaza de Mayo, frente la Casa de Gobierno, hasta que el presidente tome una medida que dé cumplimiento a los pactos internacionales en materia de derechos humanos.
Los 12 ayunantes fueron condenados en 1989 a cadena perpetua por el asalto al cuartel bonaerense de La Tablada, en las afueras de Buenos Aires, sin que se les permitiera la apelación.
Los ex miembros del Movimiento Todos por la Patria, que justificaron el asalto diciendo que allí se gestaba un golpe de Estado, están internados en dos hospitales de Buenos Aires en grave estado de salud.
Además de que no se les permitió la apelación, los asaltantes denunciaron haber sido sometidos a torturas, mientras que algunos de sus compañeros fueron desaparecidos.
Entre tanto, la justicia comercial decretó la quiebra del ex dictador Emilio Massera, a raíz de que no pagó una indemnización de 150 mil dólares a Daniel Tarnopolsky, cuya familia fue secuestrada y desaparecida a manos de los hombres de la siniestra Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar (1976-1983). La medida judicial incluye la prohibición al ex almirante de salir de Argentina hasta la presentación de un informe general, el cierre de todas sus cuentas bancarias y su "inhabilitación definitiva".
Massera, ex jefe de la Armada, actualmente está en arresto domiciliario por el robo de niños nacidos en los campos clandestinos de detención, el único delito que no prescribe y que no estuvo incluido en el indulto otorgado por el ex presidente Carlos Menem a los integrantes de las juntas militares de la dictadura, que dejó unos 30 mil desaparecidos. Los otros ex represores habían sido beneficiados con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, por lo que se encuentran en libertad.