MIERCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Creará ciudadanos de primera y de segunda, acusa la oposición
Aprueban ley que dolariza la economía guatemalteca
Afp, Dpa y Ap, Guatemala, 19 de diciembre Ť El Congreso guatemalteco aprobó hoy con carácter de "urgencia nacional" una ley que permite, a partir de mayo próximo, la libre circulación de dólar, la apertura de cuentas de ahorro y corrientes y el pago de salarios con la moneda estadunidense, además de que exenta del pago de impuestos a todas las operaciones de compra y venta de divisas.
La ley de libre negociación de divisas convierte a Guatemala en el quinto país latinoamericano en abrir totalmente su economía al dólar estadunidense, aunque no suprime el uso y circulación de la moneda nacional, el quetzal.
La norma autoriza las transacciones en oro y establece que cualquier persona puede pactar el pago en divisas de su salario, honorarios o comisión a los que tenga derecho por un trabajo o servicio prestado.
El diputado oficialista Leonel Soto afirmó que la norma servirá para modernizar la economía del país, mientras el legislador opositor Antoniel Fernández sostuvo que creará ciudadanos de primera y de segunda, y denunció que no existe un reglamento para controlar el dinero proveniente de secuestros, narcotráfico o contrabando.
Durante la discusión parlamentaria, Fernández y los diputados opositores Ricardo Rosales, ex comandante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y Alfonso Bauer fueron amenazados de muerte a través de llamadas a sus teléfonos celulares por estar contra esa ley.
Por otra parte, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) responsabilizó al Estado guatemalteco por los linchamientos ocurridos en el país centroamericano desde 1996, con saldo de 187 muertos y 448 heridos.
En un informe, la Minugua precisa que la responsabilidad estatal "se origina por el incumplimiento u omisión de su deber de proteger a todas las personas y de investigar y sancionar los delitos a través de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público y del organismo judicial".