JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Si la mayoría priísta desacata de nuevo, el tribunal elegirá los consejeros
Este mes, el nuevo CEE de Yucatán: TEPJF
Ť El magistrado Orozco Henríquez advierte que los legisladores insurrectos pueden ser objeto de juicio político Ť Rechaza la posibilidad de órganos electorales paralelos en esa entidad
Jesús Aranda Ť El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confía en que antes de que termine este año se integre debidamente el Consejo Electoral de Yucatán, a fin de que se realicen en tiempo y forma los comicios de mayo próximo en esa entidad, dijo el magistrado José de Jesús Orozco Henríquez.
El juzgador agregó que los legisladores yucatecos que aún no acatan el fallo del tribunal pueden incurrir en responsabilidad penal o ser objeto de juicio político por el Congreso de la Unión.
La demanda podría ser interpuesta por la sala superior del TEPJF, o bien, por los partidos políticos que se inconformaron por la integración del consejo electoral -es decir, PRD y PAN-, la cual se hizo violando la propia legislación yucateca al aprobar originalmente los nombramientos de los consejeros con menos de las cuatro quintas partes de votos que exige la ley, es decir, con sólo 15 votos (todos ellos de los priístas) de los 20 necesarios.
Orozco dejó en claro que si algún partido o ciudadano se acerca a pedir una copia certificada de las constancias que integran el expediente del caso -con la intención de iniciar juicio político en contra de los legisladores yucatecos-, "nosotros las otorgaríamos".
Reiteró que actualmente no hay consejo electoral en Yucatán y no podrá haber "consejos paralelos"; sólo el que se establezca como resultado del proceso de selección que ya comenzaron los magistrados electorales.
Niega debilidad del tribunal
En entrevista con La Jornada, el magistrado rechazó que la actitud de rebeldía de los legisladores yucatecos, quienes se niegan a cumplir con la sentencia del 15 de noviembre a fin de integrar un nuevo consejo electoral en esa entidad, refleje "debilidad" del TEPJF ante los ataques que ha recibido.
Orozco Henríquez reiteró además la facultad constitucional del tribunal para intervenir en el caso Yucatán, y recordó que, precisamente, las reformas electorales de 1996 facultaron al TEPJF para ser garante de elecciones "libres, auténticas y periódicas", tanto federales como estatales.
El magistrado expuso la sentencia del 15 de noviembre, en la que se emplazó a los congresistas yucatecos a integrar de nuevo el consejo electoral; tras el desacato de la sentencia, el tribunal envió a cuatro funcionarios a esa entidad, a fin de recabar la documentación de los 23 candidatos propuestos por PRD, PAN y PT, así como por 11 organizaciones, y que no fueron tomados en cuenta por la mayoría priísta.
Actualmente, dijo, se tienen 15 de esos 23 candidatos plenamente acreditados; los que resulten se sumarán a los 33 que ya habían comprobado cumplir con los requisitos para que el Congreso los elija con cuatro quintas parte de votación, pero si éste se niega, el tribunal insaculará a los consejeros.
Adelantó que de ocurrir lo anterior, la insaculación se llevará a cabo, en sesión pública, antes de fin de año.
El pleno de magistrados posteriormente acordaría si promueve un proceso en contra de los legisladores priístas; actualmente, dijo, le damos prioridad al cumplimiento de la sentencia.
-Los congresistas yucatecos insisten en que ya nombraron a su consejo electoral, Ƒqué pasaría si hubiera dos consejos paralelos?
-Jurídicamente no es posible. La primera sentencia dejó sin efecto al Consejo Electoral de Yucatán; la segunda también, por tanto no existe, por eso no es posible hablar de dos consejos electorales.
-ƑA qué atribuye que por primera vez se dé un desacato de este tipo?ƑEl TEPJF está perdiendo autoridad?
-El orden constitucional es muy claro y el estado de derecho debe prevalecer; en consecuencia, ante un desacato en el que está incurriendo el Congreso del estado, ignoro si existe un móvil político. No tengo elementos para manifestarme sobre el particular, pero desde el punto de vista jurídico se encontró que se había incurrido en violaciones al artículo 86 del Código Electoral y a la propia Constitución, y nuestra obligación fue garantizar el cumplimiento de ésta.
-Se pretende avanzar hacia el cumplimiento de la sentencia, pero Ƒqué pasa con el desacato de los legisladores yucatecos, quienes incluso han hecho mofa pública de posibles sanciones?
-Como todo servidor público, si los legisladores desacatan una sentencia de un tribunal competente pueden incurrir en responsabilidad penal, esto es, podrían estar tipificando delitos contra la administración de justicia, los cuales se encuentran regulados en el Código Penal Federal; igualmente podrían ser sujetos de juicio político, las cuales están reguladas por el artículo séptimo de a Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.