VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2000

Gilberto López y Rivas

La educación superior: saldos de un proyecto de nación

Las declaraciones que el pasado martes hiciera el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Pazos, respecto de la imposibilidad de aumentar el techo presupuestal a la educación superior, pone nuevamente en el centro del debate el futuro de las universidades públicas, entre ellas la UNAM. El diputado panista ofreció como única opción a 134 rectores agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) el aumento de cuotas para resolver (Ƒo agudizar?) el problema del financiamiento de estas instituciones.

Recordemos que una decisión de esta naturaleza, tomada en diciembre de 1998, desató uno de los movimientos sociales más confrontativos y dolorosos cuando estudiantes y padres de familia salieron a las calles para impedir el levantamiento de cuotas y otras medidas que vulneraban fehacientemente el derecho constitucional y humano inalienable a la educación pública y gratuita.

Al margen de la opinión que se tenga respecto a la estrategia que siguió el Consejo General de Huelga (CGH) para resistir uno de los vértices más importantes de la política neoliberal instrumentada por los tres últimas administraciones -más la que comienza a cargo de Vicente Fox-, el capital de resistencia y rebeldía de aquellos estudiantes permitió que nuevas generaciones de excluidos potenciales pudieran acceder a la educación media superior y superior.

Sin embargo, todo parece indicar que la moneda permanece en el aire. Los panistas no quitan el dedo del renglón respecto de concebir la educación no como un derecho sino como una mercancía dispuesta a ser utilizada y manipulada para satisfacer los caprichos del mercado. Sería ingenuo pensar que un ex gerente de la Coca Cola, y ahora jefe de gabinete de "políticos" egresados de universidades privadas, pudiese tener otra noción de la educación. No obstante, la coyuntura en que retorna a la discusión nacional la disputa por la producción de los saberes, con un antecedente tan fatídico como el ingreso de la Policía Federal Preventiva (PFP) al campus universitario, habla más de provocación y salidas violentas, que de un afán por discutir democráticamente el futuro educativo de nuestro país.

Desgraciadamente, la posición de Luis Pazos es un reflejo del proyecto de nación que, veladamente y más allá de los espectáculos demagógicos y mediáticos, irán a defender con todo tanto la bancada panista del Congreso de la Unión como el propio Vicente Fox. El lugar que ocupa la educación pública, gratuita y laica en dicho proyecto queda nuevamente relegado ante sus prioridades presupuestales y de desarrollo social. Cuando se les observa actuar de esta manera es imposible hacer a un lado las reminiscencias funestas de la aprobación de la creación del IPAB y de la conversión del Fobaproa en deuda pública. Tan sólo por mencionar una cifra, cabe destacar que la contracción del gasto en instituciones de educación superior se ha reducido de 1994 a la fecha en 44 por ciento de individuos que fluctúan entre los 20 y los 24 años.

Es en decisiones como la aprobación de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la federación, cuando realmente es posible comprobar si el actual gobierno federal está o no dispuesto a cuestionar las relaciones de dominación que heredó del régimen priísta.

ƑNo sería más oportuno que en lugar de regalarle tamales a los "niños de la calle", el señor Vicente Fox se preocupara por su educación? ƑCuántos niños de la calle estarán en posibilidad de estudiar en el Tecnológico de Monterrey o la Universidad Iberoamericana? No tengo nada en contra de esos centros de educación, pero quienes defendemos los derechos humanos y sociales fundamentales rechazamos que se ponga en riesgo la posibilidad de mantener el acceso a las universidades públicas, y no aceptamos que el gobierno actual confunda el patrimonio estatal con una mercancía más que se coloca en el juego del mercado. Esto pone en riesgo centros de investigación tan importantes como los que confluyen en la ANUIES.

Esperemos que en esta ocasión los rectores de las distintas universidades que se encuentran demandando mayor presupuesto asuman la responsabilidad de defender las instituciones que encabezan, en lugar de reprimir a aquellos estudiantes, académicos y trabajadores que sí lo han hecho.

En lo inmediato, la forma que se dibuja más certera para resolver el conflicto respecto al financiamiento, funcionamiento y planeación de la educación media superior y superior es el fortalecimiento de instancias democráticas, verdaderamente representativas, en las que los diversos actores afectados puedan decidir libremente y en igualdad de circunstancias y oportunidades el destino de las instituciones a las que pertenecen. Abramos esa discusión y apostemos en ella nuestro compromiso democrático y de justicia social.