VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2000

COMUNICADO No. 46


Educación para la vida y el trabajo

Ť Preocupación por las primeras declaraciones

Ť Necesaria, una nueva base pedagógica e institucional

Ť Propuesta ambiciosa; hace falta una mayor definición

El 25 de noviembre pasado el primer mandatario Vicente Fox nombró como presidente del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo al doctor Rafael Rangel Sostmann, quien había fungido como coordinador del área educativa del equipo de transición. La constitución de este consejo es una de las acciones sugeridas en el documento Bases para el Programa Sectorial de Educación 2001-2006, que elaboró el equipo de transición educativa y se refiere al tema con el nombre de "educación permanente".

Al igual que la mayor parte de los proyectos de la nueva administración, el de educación permanente también cuenta con los primeros 100 días para la presentación de lineamientos y puesta en marcha, por lo que todavía no se conoce con precisión cómo y cuándo funcionará.

Sin embargo, las primeras declaraciones del presidente del consejo nacional han provocado alarma y preocupación.

El doctor Rangel consideró que la educación de adultos únicamente debería servir para formación básica y capacitación para el trabajo, y que lo ideal hacia el final del sexenio sería atender únicamente a la mitad de los 36 millones de personas que actualmente no han concluido su educación básica, puesto que la otra mitad no "son fáciles de educar", porque algunos son "indígenas dispersos y otros no tienen la capacidad mental" (La Jornada 11.12.00).

En respuesta a esas afirmaciones en este mismo diario, el secretario general del Consejo de Educación de Adultos de América Latina, Carlos Zarco, consideró alarmante la estrechez y superficialidad de la visión sobre el rezago educativo y la manera de enfrentarlo, y consideró que se estaba negando el contenido del documento de la transición educativa, coordinado por el mismo Rangel Sostmann (17.12.00).

Unos días después, medio centenar de integrantes del Consejo Mexicano de Investigación Educativa también rechazaron puntualmente cada una de las afirmaciones del doctor Rangel y lo instaron: "antes de tomar decisiones que afectarán a millones de personas, lo invitamos a reconsiderar las posiciones anunciadas" (19.12.00).

La ampliación de oportunidades educativas para la población joven y adulta en el país no sólo constituye uno de los compromisos de campaña del presidente Fox, sino también, como lo ha subrayado Observatorio en diversas oportunidades, uno de los grandes retos que demandan atención prioritaria.

Por ahora, a la espera de mayores precisiones respecto al anunciado consejo y las posiciones de sus titular, el proyecto de educación permanente planteado en el documento de la transición educativa es la propuesta más clara y de la que nos ocuparemos en este comunicado, resaltando fundamentalmente qué características presenta y su visión del tema.

Nueva concepción educativa

En la elaboración del proyecto, según se aprecia en la comisión responsable que aparece en el documento de la transición educativa, participaron una docena de especialistas en educación de adultos y cerca de cuarenta personas fueron consultadas, entre ellos funcionarios de distintas instituciones públicas, empresarios, medios de comunicación e integrantes de organizaciones no gubernamentales.

El objetivo a largo plazo del proyecto se expresó de la siguiente manera: "contar con un nuevo esquema para la atención educativa de jóvenes y adultos cuyo propósito fundamental es que todos los mexicanos y mexicanas mayores de 15 años tengan --a lo largo de su vida-- la capacidad y la oportunidad de insertarse en espirales de aprendizaje en las que puedan apropiarse de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan enfrentar con mayores y mejores conocimientos las decisiones que afectan sus condiciones de vida cotidianas...", aparte de la mejora en las condiciones y desempeño laboral, la participación ciudadana y propiciar una vida más plena.

Es obvio que una propuesta tan ambiciosa exige "una nueva base pedagógica" que permita desarrollar planteamientos curriculares en respuesta concreta a demandas y procesos de formación de grupos heterogéneos de jóvenes y adultos, que experimente y evalúe diversidad de métodos y medios, abiertos, flexibles, no cronológicos, en particular el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación.

También es claro que el eje de la propuesta lo constituye una nueva concepción educativa. Esta se fundamenta, por un lado, en las exigencias y desafíos no sólo económicos, sino políticos, sociales y culturales por los que atraviesa la humanidad en general y nuestro país en particular como consecuencia de los impresionantes cambios tecnológicos en la informática y la comunicación; por otro, en los avances del pensamiento al respecto.

Esta concepción implica recuperar e integrar múltiples dimensiones educativas, algunas que ya tienen una larga historia de acciones sistemáticas y de alcance nacional y otras que se ofrecen de manera dispersa e incipiente (alfabetización, educación básica obligatoria, capacitación para y en el trabajo). Incorpora además, explícitamente, finalidades educativas tales como la adquisición de competencias básicas de apren- dizaje entre las que se incluye una nueva y necesaria "alfabetización tecnológica" y digital; la formación continua en y para el trabajo a lo largo de toda la vida; la educación ciudadana, particularmente sobre los derechos humanos y los procesos democráticos; una educación para mejorar las condiciones cotidianas de vida en aspectos tan trascendentales como salud y reproducción, prevención de adicciones, relaciones afectivas y emocionales en la familia, autoestima y conocimiento de sí mismo, o aspectos tan inmediatos como el mejoramiento de la economía doméstica o la superación y el enriquecimiento personales.

El proyecto identificó como su población demandante, en términos potenciales, a toda la población del país mayor de 15 años, reconocida como heterogénea y que exige respuestas focalizadas que permitan integrar el conocimiento en diversos procesos cotidianos.

Sin descartar la atención de jóvenes y adultos cuya escolaridad superó la básica obligatoria, se enfatizó la prioridad que merecen los millones de mexicanos con escasa o nula escolaridad y en condiciones de precariedad en el empleo y franca pobreza; en particular se identificó la magnitud del grupo de jóvenes de 15 a 24 años que no terminaron la secundaria, la mitad de los cuales ni siquiera concluyó la primaria.

Se planteó como línea estratégica que la educación permanente debería reducir las brechas de escolaridad y conocimiento que separan a la población del país.

A la vez, otro tipo de diagnóstico revisó críticamente las experiencias relacionadas con la educación permanente en México, sus alcances institucionales, su naturaleza jurídica, su situación financiera, la existencia de grupos técnicos con amplia experiencia, la naturaleza de sus logros y programas exitosos y la identificación de sus principales problemas.

El resultado destaca la pobreza de los recursos públicos asignados hasta ahora a la educación de los adultos, la diversidad y disparidad de instituciones y programas que existen, e incluso la desigualdad de condiciones en las que operan; se reconoció la importancia que han alcanzado diversas organizaciones de la sociedad civil en la atención a temas y grupos concretos y el papel fundamental que juegan los medios en la educación de la población en varias de las dimensiones señaladas.

Institucionalidad distinta

Una última línea de trabajo del proyecto reconoce la complejidad de la institucionalidad que requiere un proyecto tan ambicioso. "La posibilidad de establecer un sistema nacional de educación permanente para todos los jóvenes y adultos del país sólo será posible con la amplia participación, coordinada, abierta y flexible de múltiples actores de los organismos públicos, en particular las instituciones del sistema educativo formal, los centros de trabajo, las organizaciones de la sociedad civil y los medios masivos de comunicación."

Se identificaron como puntos cuya solución todavía amerita un amplio debate nacional y el conocimiento y evaluación de experiencias nacionales e internacionales: el estatus jurídico en el que se sustente; el tipo de instituciones que la conformen, las relaciones entre los actores que participan, las áreas de contenido en la que se centran y la calidad y solidez de los mismos; el aseguramiento de la equidad, sobre todo en función de los muy diversos puntos de partida y diferentes intereses de los diferentes sectores de población; la personalidad, estatus y formación de los profesores y diversos tipos de profesionales de la educación de jóvenes y adultos; la necesidad de evaluar las acciones públicas realizadas, el reconocimiento y certificación de los aprendizajes logrados y la búsqueda de las fuentes de financiamiento.

En este sentido, se propuso como acción inmediata la constitución de un consejo nacional cuya finalidad "sería coordinar, estimular, impulsar, fortalecer, regular y evaluar la acción de múltiples organismos públicos y privados y organizaciones de la sociedad civil para establecer redes abiertas y flexibles de educación para la vida y para el trabajo que permitan a la población joven y adulta del país elevar su calidad de vida y su participación ciudadana."

El consejo se concibió como un organismo pequeño, altamente especializado y no operativo, cuya finalidad sería sentar las bases para la adecuada resolución de los problemas anteriormente señalados.

Finalmente, al término del presente sexenio se propone haber logrado una ley nacional de educación permanente, la nueva institucionalidad de la instancia federal coordinadora, la consolidación de instancias para la atención local y descentralizada a este tipo de educación, el desarrollo de programas en las dimensiones educativas señaladas, así como la profesionalización de los encargados de las distintas funciones; un sistema nacional de créditos y equivalencias; una partida presupuestal específica y propia en el presupuesto de egresos de la Federación y un amplio conocimiento de las oportunidades de educación permanente entre toda la población del país.

El proyecto de educación permanente que elaboró el equipo de transición educativa ciertamente es ambicioso e implica una nueva concepción educativa y acciones de largo aliento.

No obstante, quedan pendientes de resolver algunos aspectos clave como la forma institucional que presentará, los planteamientos curriculares específicos, la participación real de los diferentes actores involucrados y, sobre todo, el alcance real del proyecto.

Por ejemplo, los empresarios son uno de los sectores importantes que deberán expresar su compromiso en la capacitación de los trabajadores, los procesos de certificación, la revaloración de sueldos con base en conocimiento y no en diplomas, y lo más importante: ofrecer tiempo para que los trabajadores y trabajadoras puedan beneficiarse de una educación permanente.

Si no se logra la participación de los diferentes sectores, difícilmente se podrán alcanzar los propósitos planteados y lograr el "cambio" sustancial que se ha expresado.

A la espera de las definiciones de las autoridades en este importante tema, estaremos atentos a las acciones que la nueva administración tome en este campo

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