La Guatemala de los 80: tortura, matanzas, fosas clandestinas...

Los años de la barbarie militar

Ap, Choatalun, 21 de diciembre Ť "La tierra no quiere quedarse con los huesos", dijo Andrés Suchité mientras miraba una fosa común que contiene restos de unos 20 cuerpos en un antiguo destacamento militar al oeste de Guatemala.

Suchité, un campesino de 52 años de edad, estuvo detenido en el lugar durante 15 días en 1982 y vio las atrocidades que allí, según él, se cometieron.

Una maraña de cráneos, ropa y humedad trae del pasado la evidencia más trágica de la guerra de 36 años que enlutó a Guatemala y que, según Naciones Unidas, permitió que el Estado cometiera genocidio contra la población mayoritaria indígena entre 1982 y 84.

En esa época, las ofensivas militares terminaron con más de 440 aldeas y unas 200 mil personas, según grupos de derechos humanos.

Los cuerpos de 20 personas, supuestas víctimas de la represión estatal, fueron localizadas en terrenos que ocupó, de 1982 a 1986, un destacamento militar en Choatalun, 65 kilómetros al oeste de la capital.

"A mediados de 1982 llegaron los militares. Vinieron en camiones y tanquetas, se instalaron en esta loma y empezaron a reunir a la gente", dice Suchité, un campesino que se emplea en el corte del café.

La esperanza del campesino es que la fosa común que ahora contempla guarde los restos de su madre, dos hermanos y suegra, a quienes vio por última vez en junio de 1982, antes de que desaparecieran al entrar el destacamento al lugar.

La lista de la muerte

"(Los militares) nos reunieron en la iglesia del pueblo en diciembre de 1982, leyeron una lista (de personas). Los nombrados se iban al destacamento. Allí se fueron mis familiares", recuerda.

Ese mes Andrés fue capturado y retenido en el destacamento militar durante 15 días.

"Aquí (dice señalando los cimientos de los que fueran dos habitaciones de adobe) reunían a las mujeres. Allá las violaban. Los cuerpos de los hombres se enterraban allá", expone Suchité, mientras apunta hacia los dos mil metros cuadrados del lugar como una enorme fosa clandestina.

Según los datos recogidos por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), que realiza la exhumación, en el antiguo destacamento fueron hechos dos pozos y unas siete fosas en donde se depositaron los cuerpos de los ejecutados.

"Hasta el momento hemos recuperado 20 cuerpos, pero estamos seguros de que hay más. Según los testimonios de vecinos, este es uno de dos pozos en donde los militares habrían enterrado a sus víctimas", dijo a la Ap Freddy Peccerelli, presidente de la FAFG.

La fundación concluyó la tarde del miércoles la primera fase de exhumación, que continuará el 15 de enero, informó Leonel Paiz, encargado de la exhumación de Choatalun.

Según Suchité, los capturados eran atados a un tronco horizontal, a la altura de sus caderas y "doblados por la espalda hasta que se quebraran", para luego ser tirados en las fosas.

"Yo vi cómo mataban a la gente, cómo la ponían en carretas y la iban a tirar a las fosas", recuerda el testigo.

Los hallazgos de las FAFG respaldan lo dicho por el campesino.

"No hemos encontrado ninguna evidencia balística. Algunos cuerpos tienen lazos en el cuello y manos, lo que supone que fueron atados. Otros tienen una venda sobre el área de los ojos", agregó.

El informe de la ONU

En Choatalun, revela el informe de la ONU publicado en 1996, fueron reunidos unos 5 mil indígenas mayas en diciembre de 1982. Tres mil de ellos habrían sido muertos en el lugar y sus cuerpos desaparecidos.

"Es difícil creer que todos esos cuerpos están aquí, muchos habrían sido enterrados o tirados en otro lugar", dijo Peccerelli.

Para Suchité, la suerte sonrió en aquella época, después de estar atado y bajo torturas en el lugar. La intercesión de su suegro y un agente encubierto del ejército lograron su libertad.

"Me soltaron y me dijeron que no dijera lo que se había hecho. Pero siempre tuve la esperanza de que iban a venir a escarbar y se iba a saber lo que aquí hicieron."

La exhumación es parte de un caso judicial que se sigue por la desaparición, en diciembre de 1982, de una persona. El denunciante se mantiene en el anonimato.

Tan sólo en un caso de matanza colectiva, la justicia guatemalteca ha condenado a los responsables, aunque la sentencia a muerte, en contra de tres campesinos al servicio del ejército, aún no es firme.

La semana pasada una corte española se negó a conocer cargos de genocidio y terrorismo de Estado, en contra de seis militares y dos civiles guatemaltecos, incluido el actual presidente del Congreso y ex presidente de facto Efraín Ríos Montt.

Ríos Montt gobernó Guatemala de 1982 a 1983. Durante ese lapso se cometió 80 por ciento de las violaciones a los derechos humanos de 36 años de guerra, aseguró en febrero de 1999 la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la Organización de Naciones Unidas.

La justicia española puede conocer crímenes de lesa humanidad, aun si no fueron cometidos en su territorio.