SABADO 23 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Pablo Salazar subrayó la nueva relación de los indígenas con el Estado
Demandan tzeltales 5 acciones para lograr la paz
Jesús Aranda, enviado, Amador Hernández, Chis., 22 de diciembre Ť Apenas se había dado el "primer paso" en el largo camino de la distensión, cuando el comisariado ejidal de Amador Hernández, Abelardo Cruz Jiménez, le exigió al gobernador de la entidad, Pablo Salazar, y a los funcionarios del gobierno de Fox el cumplimiento de cinco condiciones para avanzar hacia una paz "con justicia y dignidad". Asimismo, dejó en claro que continuará con el proceso legal para que el predio devuelto por el Ejército sea restituido por la vía del amparo en contra del decreto expropiatorio.
Las cinco acciones presentadas son:
-El retiro total del Ejército de todas las comunidades y el regreso a las posiciones que tenía en 1994 (antes del estallamiento del conflicto que está por cumplir siete años), así como el de los cuerpos policiacos estatales.
-El inicio de juicio político contra los ex gobernadores de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén.
-La ratificación en el Congreso de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, según la propuesta de ley presentada en su momento por la Cocopa.
-La liberación de todos los presos políticos.
-Desaparición de todos los cuerpos paramilitares y el castigo de los autores materiales e intelectuales de la matanza de Acteal.
Predio para la comunidad
Por otra parte, una vez que el gobernador Salazar recibió formalmente del comandante de la séptima Región Militar, Abraham Campos López, el predio que le fue expropiado a la comunidad el pasado 19 de octubre, pero que estaba en posesión de los soldados desde agosto de 1999, el Ejecutivo local se reunió con la comunidad en la cancha de basquetbol de la base militar de 3.5 hectáreas que les acababa de ser restituida.
De entrada, el comisariado ejidal de Amador Hernández leyó un acuerdo -que al final firmó junto con el gobernador chiapaneco-, que señala que cuando el Ejército ocupó sus tierras lo hizo sin que hubiera una decisión consensada de la comunidad al respecto y que a partir del decreto expropiatorio de octubre pasado, la comunidad interpuso un amparo -que en primera instancia había sido desechado-, y que continuará dicho proceso jurídico hasta la anulación definitiva del proceso expropiatorio.
Ambas partes se comprometieron también en reconocer que "la nueva relación de los pueblos indígenas con el Estado es el camino para la convivencia armónica de nuestra sociedad".
También aceptaron las partes que sea la comunidad en pleno la que determine el uso y destino del predio, pero siempre y cuando tenga un fin social.
Por su parte, Salazar dijo unas palabras que fueron traducidas al tzeltal. Ratificó su compromiso porque se alcance una paz con dignidad en la entidad y que hechos como la matanza de Acteal no queden en el olvido.
Para ese momento, la comunidad había tomado posesión de este cuartel enclavado en la selva Lacandona; hombres y niños recorrían con interés el lugar, que apenas hace unos días les era "hostil"; mientras que las mujeres pidieron hablar con el gobernador, a quien le demandaron apoyo y que el gobierno preste atención a la falta de servicios educativos y médicos.
La llegada de los helicópteros que llevaron a la comitiva y a los medios informativos al lugar apresuró la partida del Ejecutivo local. Salazar levantó la mano para despedirse de una comunidad mayoritariamente zapatista que le expresaba su esperanza de que la acción de hoy allane el camino hacia una paz justa.
"Esperamos que el gobierno cumpla sus promesas de cambio y que ayude a las comunidades con cosas que valgan la pena, no cositas que no ayudan a las comunidades, lo que sirve son cosas importantes para el futuro de nuestros hijos", decía desconfiado Cruz Jiménez a los medios ahí presentes.