MARTES 26 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Presenta el Centro Pro documento de evaluación
El gobierno zedillista persiguió a 48 organismos de derechos civiles
Ť Detalla el análisis la persecución contra líderes de varias ONG
Ť La cifra de muertes por motivos políticos supera a la del salinato
Triunfo Elizalde /II y última Ť Representantes de al menos 48 organizaciones no gubernamentales, campesinas, sindicales, políticas y estudiantiles, la mayoría dedicados a la promoción y defensa de derechos humanos o causas ciudadanas, sufrieron hostigamiento, amenazas, detenciones arbitrarias, allanamiento de sus domicilios y oficinas por diversas instancias de la administración del presidente Ernesto Zedillo, denuncia el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en documento final intitulado La herencia de Zedillo.
El análisis, debidamente documentado, será divulgado a nivel nacional e internacional, sobre todo en la Organización de Naciones Unidas, donde existen organismos de defensa de derechos humanos que hicieron diversas recomendaciones a Zedillo para que respetara los derechos fundamentales de los mexicanos, "mismas que no fueron cumplidas, sino desacreditadas, menospreciadas, bajo pretexto de que su aceptación y acatamiento lesionaba la soberanía nacional".
Entre las agrupaciones agredidas sobresalen la asociación civil Las Abejas, de Chiapas, fundada en 1992, que a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), comenzó a desarrollar una actividad muy concreta por la defensa de los derechos de los pueblos indios (sic), y en abierta represalia, el 22 de diciembre de 1997, 14 niños, 22 mujeres y 9 hombres, miembros de dicha comunidad fueron asesinados por el grupo paramilitar Paz y Justicia en Acteal, municipio de Chenalhó. Diez mil personas abandonaran sus hogares y propiedades en busca de refugio.
El 28 de junio de 1995, miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur, en Guerrero, sufrieron una emboscada en un vado de Aguas Blancas, donde fueron asesinados a mansalva 17 campesinos y 10 quedaron gravemente heridos. En el ataque participaron altos oficiales de la Policía Judicial estatal y agentes de la motorizada. "El operativo fue cuidadosamente planeado por funcionarios del gobierno estatal y por un estratega militar, el general Miguel Acosta Chaparro", actualmente preso por nexos con el narcotráfico.
A raíz de esa matanza, y luego de la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en Guerrero, "el Ejército Mexicano empezó una persecución despiadada de la OCSS, cuyos miembros fueron detenidos, torturados y desaparecidos, y sus líderes encarcelados", situación documentada por la Misión de Observación de Derechos Humanos de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos. En junio de 1998 Eusebio Vázquez, líder de la OCSS, fue asesinado, sumando en tres años de operativos 35 asesinatos de esta agrupación.
En el misma entidad, en mayo de 1999, fueron detenidos por militares los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, que habían denunciado la tala inmoderada de árboles por parte de una empresa extranjera en contubernio con autoridades estatales y municipales. Se les acusó de sembrar mariguana y portar armas de alto poder de uso exclusivo del Ejército. Un juez de Iguala los sentenció a seis y 10 años de prisión, respectivamente, sin tomar en cuenta las pruebas de descargo y el reclamo internacional en pro de su liberación.
En cuanto a los partidos políticos de oposición, el PRD documentó el asesinato de 632 de sus miembros y simpatizantes básicamente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, "cifra que excede la de los crímenes registrados en el sexenio de Carlos Salinas". Un ejemplo fue la matanza de nueve campesinos de Tlacochistlahuaca por protestar por el respeto a sus determinaciones electorales. En 1997, durante una gran ofensiva castrense contra el EPR, 27 miembros del PRD fueron asesinados, entre ellos Silverio García, defensor de los derechos humanos.
En Tepoztlán, Morelos, desde 1995 se inició una persecución de miembros del Comité de Unidad Tepozteca (CUT), que se oponían a la creación de un complejo turístico y un campo de golf porque afectarían tierras ejidales. El gobernador Jorge Carrillo Olea era partidario de ese proyecto. El 25 de septiembre la comunidad decidió, según sus usos y costumbres, la creación del ayuntamiento Libre, Constitucional y Popular de Tepoztlán, que el Congreso estatal desconoce, declarando la desaparición de poderes. El 10 de abril de 1996 una caravana de tepoztecos intentó entrevistarse con Carrillo Olea, pero es interceptada por 200 granaderos. Muere de un tiro un anciano, 40 personas son heridas y 37 miembros del CUT son detenidos y encerrados en separos de la PGJ de Morelos.
Sobre la persecución de estudiantes de la UNAM, el Centro Pro Juárez hace una detallada exposición de los hechos registrados a partir de 1996 y hasta el primero y 6 de febrero de 2000, fechas en que la Policía Federal Preventiva (PFP), integrada en su mayoría por soldados y oficiales del Ejército, invadió sedes de la UNAM, especialmente Ciudad Universitaria, rompiendo la huelga de miembros del CGH. Fueron detenidos y encarcelados más de mil alumnos, y se abrió proceso penal contra unos 200.
En esta lucha estudiantil fueron sujeto de persecución, amenazas, allanamientos de domicilio y oficinas y encarcelamientos miembros de la Coordinación de Solidaridad con las Luchas Alternativas; Asociación Nacional de Abogados Democráticos Democráticos; Alternancia Socialista; Congreso Nacional Indígena; El Barzón; Foro de Apoyo Mutuo de México: Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara; Alianza Cívica, Médicos del Mundo, Greenpeace; DECA Equipo Pueblo, Caravana Para Todos, Todo; profesores de la Coordinación Estatal de Trabajadores de la Educación, en Guerrero, y del Consejo Tlapanecos de La Montaña.
Durante el sexenio zedillista, "la persecución y hostigamiento contra defensores de derechos humanos fue significativa por amplitud e intensidad". Sufrieron amenazas de muerte, hostigamientos, descrédito, intentos de asesinato, intercepción de líneas de comunicación y casi se les consideró "enemigos del sistema". Las ONG más golpeadas fueron el propio centro Pro Juárez, especialmente su defensora legal, Digna Ochoa, orillada a abandonar el país; Centro de Estudios Fronterizos y Derechos Humanos de Reynosa, Tamaulipas; Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco; Centro de Derechos Humanos Unƀu Ji Kandii de Tlaxiaco, Oaxaca y la Coordinación de ONG por la Paz, de San Cristobal; Chiapas.
También Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, de Guadalupe, Nuevo León; Centro de Derechos Humanos de La Montaña, de Tlapa; Comité de Derechos Humanos La voz de los sin voz, ambos de Guerrero; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas; Centro de Derechos Humanos Los Príncipes, de Oaxaca; Comité de Derechos Humanos de Tabasco; Comité de Derechos Humanos de la Sierra del Norte, Veracruz; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de Chihuahua; Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, de Dolores Hidalgo, Guanajuato; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, del Distrito Federal, que dejó de operar desde fines de 1999; Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura, entre otros.