Ť Estrategia de contrainsurgencia en Chiapas 

ONG: el paramilitar encubre al autor intelectual de la guerra

Ť La desestabilización se promueve desde las más altas estructuras del gobierno y el Ejército mexicanos, sostienen

Triunfo Elizalde/ I Ť "El paramilitarismo en Chiapas encubre a los autores intelectuales de la guerra", para que de manera constante se siga dando impunidad a dichas bandas, pues pretende hacer aparecer el conflicto, ante la opinión pública, como un enfrentamiento religioso, étnico o intercomunitario entre indígenas, se dice en el estudio que en torno a aquél llevaron a cabo varios investigadores secundados por Global Exchange, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), y el Centro de Comunicación Social (Cencos).

Su origen, se señala, "está dentro de un esquema de contrainsurgencia que se enmascara de agresiones por problemas de tierras, confrontaciones partidarias, conflictos religiosos, enemistades personales, brujerías (sic), venganzas familiares o simplemente accidentales, ocultando de este modo la estrategia paramilitar de control, desestabilización, faccionalización y represión selectiva como parte de una guerra sucia, diseñada y dirigida desde las más altas estructuras del gobierno y del Ejército mexicanos".

En la presentación de la investigación colectiva Siempre cerca, siempre lejos: las Fuerzas Armadas en México se hace saber que, a raíz de los resultados de las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2000, el nuevo espectro coyuntural generó un debate sobre el papel de los militares en México. Los replanteamientos se han circunscrito a la relación de las fuerzas castrenses con el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión, la sociedad civil, así como su vinculación "con los gobiernos de Estados Unidos y de otros países".

Al abordar los "elementos suficientes para realizar una radiografía del problema de la paramilitarización en Chiapas", se aclara la diferencia existente entre el concepto de guardias blancas y el de paramilitar. De los primeros se dice que "tomaron cuerpo y forma en el periodo de Samuel León Brindis (1958-1964), "quien los oficializó en 1961 por medio de un decreto que permitía a los ganaderos portar armas y contratar policías particulares". Patrocinio González, durante su gestión, cambió dicha política y trató de "desarticular a este tipo de finqueros tradicionales, porque representaban un obstáculo para la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLC)"... a cambio se fortalecería a un grupo de ganaderos modernizados, de la zona Costa, que no utilizaban pistoleros ni guardias blancas, ya que contaban con la protección del Estado.

Normalmente esos grupos, que siguen existiendo, dependen de los ganaderos y terratenientes, quienes los forman y financian, y son tolerados por las autoridades gubernamentales "porque les son útiles para determinados fines y coyunturas"; ciertos trabajos de represión contra grupos de opositores políticos o reclamantes de tierras ocupadas de manera ilegal; para hostigar y asesinar" si así conviene a los fines de quienes dependen las guardias blancas.

Respecto de los grupos paramilitares, que hicieron su aparición luego del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se comenta que mucho se ha discutido sobre ellos, y mientras los organismos de defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales; la prensa escrita, los organismos civiles, y las organizaciones campesinas e indígenas hablan de su existencia, en su oportunidad Jorge Madrazo Cuéllar, entonces procurador general de la República, comentó a la Comisión Civil de Observación de Derechos Humanos que "...la expresión paramilitar o guardia blanca es muy común en el léxico de derechos humanos; yo no la uso como procurador porque jurídicamente no significa nada; tendríamos que ver quién los entrenó, quién les dio las armas, por qué se las dio, cómo se organizaron. Esta es una de las investigaciones de la PGR que yo no puedo hacer pública, porque tampoco puedo estigmatizar a nadie".

Francisco Labastida Ochoa, cuando se desempeñaba como secretario de Gobernación, y luego figurara como candidato del PRI a la Presidencia de la República dijo, en diciembre de 1997, a raíz de la matanza de Acteal: "Si me permiten puntualizar, el término paramilitar significa que hay una protección del Estado. Esto no es congruente con que el gobierno federal haya atraído hacia la justicia federal la solución de los casos conflictivos; que haya detenido a 60 gentes; que haya encarcelado al presidente municipal, y a dos comandantes de la policía..." y, por si fuera poco, afirmó: "Los denominados grupos paramilitares no existen en el estado. Se debe hablar de rivalidades entre diferentes grupos de indígenas. Si existe algún grupo de militantes del PRI que esté armado, será automáticamente desmantelado y sus miembros expulsados del partido".

En cambio, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) desde entonces consideró que "deben desmantelarse los grupos paramilitares que actúan en diferentes zonas de Chiapas, y fincarles las responsabilidades que tengan en la comisión de delitos". En aquellas fechas dijo que la definición del concepto paramilitar es la que considera que "son aquellos que actúan junto a la institución militar (Ejército Mexicano, básicamente), pero que al mismo tiempo ejercen una acción desviada, deformada, de lo militar, en un doble ambiente".

Luego del análisis de los conceptos de guardias blancas y grupos paramilitares, las tres organizaciones defensoras de derechos humanos, que ampararon el trabajo de un amplio grupo de investigadores y analistas, subrayan: "Si estamos de acuerdo con la definición antes descrita, entonces el Ejército federal no está para defender la soberanía nacional ni los intereses de la sociedad mexicana, sino más bien para defender a un grupo económico y político que gobernaba el país a través del PRI, y buscaba ganar para el gobierno el apoyo de la sociedad civil".

Aparte se asegura que el proyecto del Ejército en Chiapas, desde 1994, consistía en crear bandas paramilitares, desplazar a la población y destruir las bases de apoyo del EZLN. Vale mencionar que en el capítulo h del estudio en mención, se habla de "un plan de asesoramiento, que describe las actividades del Ejército en el adiestramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares". Incluía además el asesoramiento y ayuda que le presta a otras dependencias del gobierno y a funcionarios gubernamentales, locales, municipales, estatales y federales.

Y se recomendaba: "En caso de no existir fuerzas de autodefensa, es necesario el adiestramiento de fuerzas locales, para que participen en los programas de seguridad y desarrollo".

Para llevar a cabo esa guerra sucia contra la población civil, "el estado de Chiapas fue dividido en tres grandes partes o corredores geográficos":

a) El corredor que comprende de los municipios de Salto del Agua, Tila, Sabanilla, Tumbalá, Chilón, Oxchuc y San Cristóbal, a Venustiano Carranza, extendiéndose hasta la zona fronteriza. "Este es la de mayor inestabilidad e impunidad que controla principalmente la Policía de Seguridad Pública y los paramilitares".

b) La que abarca los municipios de Palenque, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, en la zona Selva y parte de la frontera controlada principalmente por el Ejército, que se une a la vez con los Altos, Sierra y Costa. "La combinación de estas dos primeras partes la podemos entender como el corredor de la militarización y paramilitarización".

c) El tercero lo incluyen las regiones del Centro, Valles Centrales y la Frailesca, así como una parte del istmo-costa, "controlada económica y socialmente por Solidaridad Campesino Magisterial (Socama), y vinculada al profesor y diputado federal por el distrito de la Sierra, Manuel Hernández Gómez".