MIERCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Había ofrecido crear reservas territoriales en Juárez
Disputa de tierras expropiadas durante el gobierno de Barrio
Ť Afectar al PRI y vengarse de su ex patrón, móviles principales
Ť El hermano del ex gobernador recurrió al tráfico de influencias
Samuel Schmidt/ especial para La Jornada Ť Pareció no ser sorpresiva la decisión del gobierno estatal de Chihuahua de expropiar miles de hectáreas en una parte de la zona sur de Ciudad Juárez, mejor conocida como Lote Bravo.
Los gobiernos panistas habían ofrecido generar reservas territoriales para resolver el problema de vivienda, que en Juárez tiene un rezago de 70 mil casas, más las que se agregan cada año, dado el elevado nivel de inmigración. La medida se lanzó con un golpe publicitario muy audaz; se afectó la propiedad, entre otros, de dos ex presidentes municipales priístas, con la versión de que las tierras eran producto de la corrupción porque se habían adquirido a partir del ejercicio del poder.
El gobernador Francisco Barrio mataba varios pájaros de un tiro: ayudaba a acribillar al PRI, mostrándolo como un partido de corruptos, y consolidaba a las administraciones panistas exhibiéndolas con una fuerte orientación social, que en la frontera se traduce básicamente por la demanda de vivienda.
Además, le ajustaba cuentas a su ex patrón, Jaime Bermúdez, a cuya sombra creció desde una posición económica muy modesta hasta jugar en el escenario nacional.
Esta última pareció ser la motivación básica del comportamiento de Barrio y las otras fueron ganancias colaterales. Bermúdez lo rescató a él y a su hermano Federico; los hizo crecer económicamente -la familia Barrio había perdido un rancho, lo que les duele hasta la fecha- y con él ganaron reputación local, y la oportunidad de crear conexiones en el país.
Barrio siempre manejó como una ventaja a su favor su cercanía con Francisco Labastida, a quien conoció siendo representante de Bermúdez y hasta hizo correr la versión de que estaría en el gabinete del príista o que sería el puente con los panistas.
Lo que ni Barrio ni el PAN dijeron es que Bermúdez compró las tierras del Lote Bravo mucho antes de ser alcalde.
Bermúdez es pionero en el desarrollo de la industria maquiladora. En los 60 creó el primer parque industrial para manufactura en terrenos propiedad de su familia.
El Lote Bravo se lo compró al mayor Salvador López Hurtado, en 1968, y lo escrituró a nombre de su hijo Sergio, en 1978. O sea que la operación la hizo 28 años antes de asumir la presidencia municipal. Posteriormente incluyó a Manuel Quevedo en la operación, porque no tenía para pagarle al mayor y porque éste era un político en ascenso que gozaba de la protección de Manuel Bernardo Aguirre.
Venganza y revancha
La venganza de los Barrio parece haberse fraguado cuando Bermúdez se negó a venderles la empresa, y de allí en adelante la revancha fue cuestión de estado.
Los panistas llegan al poder insistiendo que la ciudad debía crecer hacia el este, paralelo al río Bravo, donde está el Valle de Juárez, zona otrora productora de algodón de calidad mundial, y de donde arranca El Barzón; pero allí, coincidentemente, tenían tierras los panistas.
Para el director de planeación de Francisco Villarreal era irrelevante que esta propuesta atentara contra la zona agrícola, que es clave para el micro clima de la ciudad; al parecer lo importante era ayudar a sus militantes. Luego, entonces, no tenía ningún sentido expropiar tierras en una zona de la ciudad que no se pretendía desarrollar, por lo que la reserva territorial allí era un desperdicio de recursos.
Esto ha sido una de las fuentes de muchas irregularidades en el proceso que llevaron a una de las partes agraviadas -la señora Verdes- a ampararse y ganar el amparo. Este litigio todavía está en marcha. Es lógico que no se podía urbanizar una zona tan grande cuando no había planes de desarrollo, con lo cual el concepto de utilidad pública pierde validez y el decreto de expropiación puede anularse.
La traición
Desde que Federico Barrio abandona la dirección general del Grupo Bermúdez, se lleva con él algunos planes estratégicos del grupo, y una sed de competencia y ambición que lo elevaran para humillar a su ex patrón. Estas se alimentan cuando el hermano, apoyado por un grupo de priístas que buscaban la democratización del PRI, entre los que se encontraba Jaime Bermúdez, lo impulsan a las alturas.
Cuando Francisco se siente fuerte, los traiciona y se va con el PAN, lo cual demostró ser una bendición para los panistas con ambiciones económicas y también para el hermano, que encuentra un ambiente propicio para hacer negocios, muchos cobijados bajo la protección gubernamental.
Durante el gobierno de Francisco, a Federico la vox populi le decía El tomato, porque toma todo. Más adelante pasaría a ser conocido como el "hermano incómodo", a quien se le autorizaban cambios de uso de suelo sin mayor trámite, mientras que sus competidores pasaban las de Caín" para lograr los permisos de ley.
Cuando llega el momento de la expropiación, ésta se traza sin tocar los terrenos de los panistas. En el mismo Lote Bravo quedan a salvo personajes como Federico y Enrique Terrazas, Jaime Creel, la familia Villar y Rómulo Escobar, cuyo primo era secretario del ayuntamiento en ese momento.
Coincidentemente, Federico Barrio encuentra un terreno propicio para construir plantas maquiladoras y vender terrenos, incluso en asociación con Manuel Quevedo.
Hay muchas irregularidades en la expropiación, como las hay en otros casos de manejo político de grandes predios, donde también interviene el hermano incómodo de Francisco Barrio. La más notable tal vez sea el manejo de terrenos en el Fideicomiso Salvarcar, que investiga el Congreso del estado.
El manejo de esos terrenos, derivados de un deslinde de la época del porfiriato, produjo el encarcelamiento del apoderado, que resultó ser un distinguido abogado e intelectual (Filiberto Terrazas), que controlaba predios ambicionados por Federico Barrio. A Terrazas se le impuso una fianza de más de 12 millones de pesos para obligarlo a recibir ofertas de negociación estando en la cárcel.
De poco valieron las quejas y protestas de grupos de abogados a lo largo y ancho del país, lo que estaba en juego era muy jugoso y el licenciado Terrazas sostiene que el proceso se realizó para despojarlo.
Un caso de abuso
Las expropiaciones se justifican por utilidad pública, sin embargo ésta al parecer fue un caso más de abuso, con la agravante de haberse manejado con las más bajas pasiones, que asumíamos ya deberían haber desaparecido como criterio para tomar decisiones gubernamentales.
Actualmente hay un amparo -de la señora Verdes- y una solicitud de reversión de la expropiación -por lo que toca al predio de Sergio Bermúdez-, que ha obligado a incluir una anotación en el registro público de la propiedad, lo que evita que se sigan realizando operaciones de bienes raíces en la zona.
Todo este proceso introduce un factor de incertidumbre para aquellos que compraron casas precarias en las colonias que construyó el PAN y que, no se dude, posiblemente tratarán de utilizarlos para ponerlos contra Bermúdez, mientras que el PAN se presentaría como víctima.
Ni los planes de urbanización en esa zona han avanzado como prometió el gobierno, lo cual es una causal adcional para anular la expropiación, ni la gente que compró de buena fe ha visto la construcción de una buena infraestructura urbana.
Sergio Bermúdez ha ofrecido públicamente que donará los terrenos donde haya vivienda de bajo nivel económico, lo cual incluye vivienda de interés social y, posiblemente, terrenos invadidos, pero tal vez exija redefinir la situación de las plantas construidas por Federico Barrio o los terrenos que él vendió.
Una vez más vemos que los actos irresponsables de gobierno afectan a los que menos tienen. En este caso tenemos la complicación de que mucho fue el resultado de las más bajas pasiones combinadas con los grandes apetitos. Y esto fue solamente ayer, no es un relato histórico, porque los despojos a los que está asociada la empresa Lintel, propiedad de Federico Barrio, continúan hasta la fecha.