Hasta ahora, la actividad del volcán Popocatépetl no ha tenido saldos negativos en términos de pérdida de vidas humanas gracias a las previsiones de los científicos y la oportuna evacuación de los habitantes asentados en la zona de riesgo.

Pero, como en muchas otras ocasiones a lo largo y ancho del país, se hizo evidente que las fuerzas naturales, aunque no se someten a la voluntad humana ni a las lógicas sociales, sí muestran abruptamente las contradicciones de las estructuras socioeconómicas. En estos días el Popo nos ha dado lecciones importantes.

El asentamiento, antiguo o reciente, de población en zonas de alto riesgo ante desastres naturales, muestra a la vez la ausencia de una planeación estratégica de largo plazo y de acuerdos entre los distintos actores y sectores sociales para una ocupación y aprovechamiento del territorio que tenga en cuenta los factores de vulnerabilidad naturales y sociales, y el desinterés de los gobiernos por el reordenamiento de los territorios rurales y urbanos sometidos a alto riesgo mediante regulaciones, incentivos, acciones y promociones. La Zona Metropolitana de la ciudad de México y la ciudad-región central que nuclea son sólo un ejemplo, el mayor, de cómo la sucesión del patrón de crecimiento capitalista con intervencionismo estatal, primero, y luego la forma neoliberal de acumulación globalizada de capital, ambos concentradores y centralizadores, inequitativos y excluyentes, han dado lugar a concentraciones humanas, urbanas y rurales periféricas de un alto grado de vulnerabilidad a múltiples riesgos naturales. Los sectores sociales de más bajos ingresos y menor acceso a la educación, la cultura y la información, son siempre los que más sufren el impacto de los pequeños y grandes desastres porque carecen de condiciones económicas, capacidad técnica y fuerza de negociación para tomar decisiones de localización y producción de sus soportes inmobiliarios que los situén por fuera de situaciones de riesgo evidente.

La resistencia de los pobladores asentados en torno al volcán, en zonas de riesgo, a abandonar sus pueblos y bienes patrimoniales para ir a albergues, mostró otra paradoja de nuestra estructura territorial, económica y política. La población asentada en el área rural interna de la gigantesca ciudad-región del centro de México, en la periferia de una de las más grandes megaciudades del planeta, la mayor concentración industrial, comercial y finan- ciera, el más importante mercado y de más altos ingresos, vive en la pobreza o la miseria, y tiene que arriesgar su vida para no perder una pobre cosecha o unos cuantos animales que son su único patrimonio.

El sistema económico y los sucesivos gobiernos federales y locales han sido incapaces de diseñar y aplicar políticas de desarrollo integral de los ámbitos rurales periurbanos o intrarregionales que, a partir de las ventajas de localización y comparativas de todo tipo, ayuden a sus habitantes a desarrollar actividades económica y socialmente rentables que les permitan mantener sustentablemente el usufructo de su tierra y sus pueblos sin entregarlos a la urbanización ciega, en beneficio propio y de la población metropolitana que necesita productos agrícolas de alta calidad, servicios recreativos y turísticos y, sobre todo, bienes y servicios ambientales.

En los albores del tercer milenio no es posible que se siga visualizando y atendiendo a los habitantes del área rural periférica a la zona metropolitana e interior a la ciudad-región del centro con las mismas visiones y políticas que se aplican en otros territorios del país. Hay que señalar que existen propuestas de desarrollo integral para las áreas rurales del Distrito Federal, extensivas a toda la Zona Metropolitana, que parten de una óptica distinta, adecuada a las particularidades antes citadas.

En general, la experiencia que deja la emergencia generada por el volcán, entre otras muchas, reafirma la necesidad de consolidar nuevos métodos y formas de planeación estratégica del desarrollo regional y urbano, de mediano y largo plazo, integrales, no sectorizadas por dependencia pública, participativa y promocional, como proceso permanente, que tenga en cuenta lo económico, lo social, lo territorial y lo ambiental, en lo que tiene un lugar fundamental la meta de superación de la vulnerabilidad ante riesgos naturales y socio-organizativos.

Este diseño de políticas públicas innovadoras debe tener como idea motora la superación de las condiciones estructurales de inequidad, desigualdad, exclusión e injusticia social y, por tanto, territorial.