JUEVES 28 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Estudio de Global Exchange, CIEPAC y Cencos

Paramilitares, obstáculo para restablecer el diálogo en Chiapas

Ť Son 16 los grupos identificados que actúan en la entidad

Ť Reciben entrenamiento y recursos de distintas autoridades

Triunfo Elizalde/ II Ť Las bandas paramilitares en Chiapas aparecieron "inesperadamente" desde mediados de 1994, y a mediados de 2000 sumaban 16 grupos plenamente localizados e identificados. En la actualidad representan uno de los principales obstáculos para alcanzar la paz y la tranquilidad en el estado; son la "piedra en el zapato", a pesar que pudiera llegar a restablecerse el diálogo y las negociaciones entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la administración del presidente Vicente Fox.

Su origen, estructura, propósitos, relaciones y contactos con diversas instancias de los poderes locales, municipales, estatales y federales son del conocimiento público; ello, a pesar que el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, "jamás pudo encontrarlos ni mucho menos actuar jurídicamente en su contra".

Con detalle, Global Exchange, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) y el Centro de Comunicación Social (Cencos) revelan la "esencia" de dichas bandas en el estudio Siempre cerca, siempre lejos: las Fuerzas Armadas de México, que compendia las investigaciones llevadas a cabo por especialistas en la materia. En la práctica, los grupos paramilitares, se dice, tienen las siguientes características:

a) Están compuestos por tres tipos de personas: primero están los personajes que dan la cara públicamente, "como los diputados locales o federales del PRI y del PFCRN", quienes establecen las relaciones con las distintas instancias oficiales. Luego estarían los individuos armados encargados de llevar las acciones violentas en las comunidades. En tercer lugar están las comunidades de apoyo de dichos grupos, "que aparecen cuando hay necesidad de echar mano de la población de manera masiva", y es entonces cuando se pretende ocultar el fenómeno político de la paramilitarización manejando sus efectos como contradicciones intercomunitarias o intracomunitarias.

b) Los paramilitares en su mayoría "pertenecen" al PRI y sus acciones las dirigen contra todo aquello que se oponga al gobierno y a ellos.

c) La mayor parte de los paramilitares pertenecen a denominaciones religiosas distintas a la católica; aunque hay algunos católicos, son minoría.

Así también, dirigen sus acciones contra la Iglesia católica de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, "pues ésta opta por la teología de la liberación y el acompañamiento a los más pobres. Tratan de desmantelar lo que también consideran opositor a ellos y al gobierno.

d) Los grupos armados y paramilitares en Chiapas: 1) actúan en regiones indígenas; 2) en los municipios con mayor marginación y pobreza; 3) donde se concentran la mayor parte de los cuerpos policiacos y militares por medio de retenes o campamentos; 4) en municipios gobernados por el PRI; 5) están integrados y organizados por ex militares y ex policías; 6) coinciden donde hay presencia del EZLN en municipios autónomos; 7) se adhieren a ellos alcaldes y ex presidentes municipales o quienes tienen algún cargo de autoridad en el municipio; 8) la mayoría se distingue por actuar en la demarcación de la diócesis de San Cristóbal; 9) se les señala de recibir sueldos para entrenarse; 10) son identificados plenamente por las comunidades afectadas por poseer armamento de alto calibre; 11) operan en regiones donde hay fuertes intereses económicos sobre la tierra, la producción o la inversión extranjera, y 12) donde hay recursos naturales del subsuelo y que son estratégicos para las trasnacionales.

e) Sobreviven inmersos en un círculo vicioso de apoyos: "Empezando por el gobierno, vía diputados federales o estatales, que funcionan como correa de trasmisión de recursos políticos y económicos"; siguiendo por el respaldo de autoridades ejidales y comunitarias; con asesoría y protección del Ejército, Policía de Seguridad Pública (PSP) y judiciales.

f) A cambio de sus acciones, los grupos paramilitares y sus bases de apoyo obtienen privilegios para acceder a las presidencias municipales, fortalecer el poder caciquil y adueñarse de los bienes de la población expulsada: tierras, casas, animales, bienes, etcétera, "a cambio de ventajas políticas para el PRI, privilegios económicos para sus bases, vía despensas, armas y salarios, entre otros".

Para ello han tenido que llevar a cabo un cambio en los canales y la política de inversión, "aunque no ha resultado como quisieran, ya que la reciente división al interior de Paz y Justicia, en el municipio de Tila, demuestra la manipulación de que puede ser objeto su base social para orientar la confrontación interna y la violencia, y cómo sus dirigentes se han aprovechado de los recursos que no son entregados a sus militantes".

g) Los grupos paramilitares tienen por aliados a algunas sectas protestantes, a ganaderos y comerciantes; a transportistas y maestros de Solidaridad Campesino Magisterial (Socama), "y también a algunos periódicos y periodistas".

Es de llamar la atención -se subraya- que en todos los municipios y regiones donde se han reportado grupos armados o paramilitares "hay campamentos, cuarteles, bases de operaciones, retenes permanentes o intermitentes, patrullajes constantes y vuelos rasantes" del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos.

Antes del gobierno entrante de Vicente Fox, en Chiapas la militarización de la entidad se registraba en Altamirano: cinco puestos de policía, Ejército y Migración; Amatenango del Valle: tres puestos de control; Bochil: tres, casi todos manejados por el Ejército; Chenalhó: alrededor de 40 puntos de control policiaco-militar; Chilón: dos puntos, de los militares y Seguridad Pública; La Independencia: sólo hay entradas y patrullajes del Ejército; Las Margaritas: 21 puestos, tanto del Ejército como del Instituto Nacional de Migración (INM), PGR y PSP; Oxchuc: un destacamento de la PSP; Palenque: diez puntos de control, principalmente del Ejército y el INM; Sabanilla: alrededor de cinco, la mayoría del Ejército; Salto de Agua: tres; San Andrés Larráinzar: siete, sobre todo del Ejército; Simojovel: un campamento militar en la cabecera municipal; Tila: veinte puestos de control militar; Tumbalá: cuatro; Venustiano Carranza: 17, la mayoría de la PSP, y Yajalón: cuatro, principalmente del Ejército y la PGR.

Según la investigación, de la cual La Jornada tiene copia, la presunción sobre "relaciones entre paramilitares y fuerzas armadas constitucionales tienen como base declaraciones de ex policías y ex militares encarcelados en la prisión estatal de Cerro Hueco, de Tuxtla Gutiérrez, a raíz de la matanza de Acteal y las denuncias de las comunidades".

Uno de los elementos más importantes que permite inferir vínculos entre el Ejército y paramilitares, y que demuestran que el empleo de esos grupos está previsto en la estrategia contrainsurgente aplicada en Chiapas, es el testimonio de Mario Pérez Ruiz, militar activo que durante cinco años y ocho meses sirvió en la VII Región Militar. "Pérez Ruiz sería una de las primeras personas que participó en el adiestramiento de indígenas del PRI en Chenalhó, que derivó en la masacre de Acteal. Según el expediente 96/98 de la PGR, aquél declaró que en el bar La Poblanita, en San Cristóbal, '...soldados y policías crearon tratos verbales por el servicio de entrenamiento militar mediante el pago de cinco hasta seis mil pesos por sesiones de tres días en las montañas de Chenalhó'".

Hizo saber también que "son ex funcionarios y líderes del PRI los responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas de fuego y estrategia paramilitar contra comunidades indígenas"; que "dos ex militares y el mismo número de ex policías mantenían bajo su cargo las brigadas de defensa en las comunidades Miguel Utrilla, Los Chorros, Pechiquil y Aurora Chica, siendo Tomás Pérez Méndez, miembro del comité municipal de Chenalhó, el que hacía los pagos".

Otra evidencia, se señala, "es la fotografía que aparece en la portada del semanario Proceso 1113, del primero de marzo de 1998, donde aparecen dos paramilitares portando armas y quienes son custodiados por dos policías de Seguridad Pública. La publicación informaba en esa fecha que el día de la matanza de Acteal, "el 22 de diciembre de 1997, el general brigadier retirado del Ejército y jefe de asesores de la Coordinación de Seguridad Pública y director de la Policía Auxiliar en el estado, Julio César Santiago Díaz, reconoce que ese día estuvo sin hacer nada, acompañado por 40 policías, durante tres horas y media, plantado a la entrada del caserío, mientras a escasos 200 metros, montaña abajo, era cometida la masacre...".