JUEVES 28 DE DICIEMBRE DE 2000

Adolfo Sánchez Rebolledo

IFE, otra vez

hace unos días, el martes 26 para ser exactos, apareció en los diarios un desplegado a toda página del Instituto Federal Electoral suscrito por el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo, en el que se aclaran diversos "equívocos" y algunas "dudas" sobre el presupuesto del máximo organismo electoral que vale la pena recordar cualquiera que sea el resultado del debate presupuestal. En el texto dirigido a la Cámara de Diputados y a la opinión pública, el IFE se defiende de las afirmaciones "distorsionadas o falsas" que se han esgrimido para justificar los recortes, y asegura que "la propuesta elaborada por el instituto representa ya, de por sí, un esfuerzo de austeridad y ahorro que viene de años atrás". El asunto es grave, pues una nueva reducción significaría "poner en riesgo su viabilidad operativa y la realización de sus programas".

Es falso, dice el documento, que el IFE no realice actividades sustantivas en un año electoral, como si la única tarea a su cargo fuera la organización de los comicios federales. Tampoco es cierto, rectifica, que sean "exageradamente altos los sueldos de los trabajadores del IFE", pues éstos resultan, dice el comunicado, "30 por ciento menores a los de toda la administración pública federal".

El documento recuerda asimismo que al organismo ya se le han venido disminuyendo los recursos, de tal manera que la propuesta presupuestal del IFE "implica un descenso en el peso relativo del gasto programable de 2 por ciento en relación con 1998, último año posterior a una elección y, por lo tanto, comparable con el 2001".

Según las autoridades electorales, el crecimiento real de 8.5 por ciento en los gastos de operación solicitado se debe, fundamentalmente, al programa de modernización del Registro Federal de Electores que es, en realidad "una inversión" para fortalecer "uno de los pilares que sustenta la eficacia y la transparencia de las elecciones en México".

El Congreso sabe, por supuesto, que el Registro Nacional de Electores expide una credencial de elector que hace las veces de la cédula única de identidad, que, por cierto, no ha podido establecerse a pesar de los ordenamientos legales expedidos por el legislativo. ƑNo sería ideal que el financiamiento del Registro de Electores se supiera a salvo de maniobras o ajustes de última hora?

Aunque el texto es cuidadoso y puntual en sus afirmaciones, corre por él un hilo de razonable indignación: "Igual que en otras ocasiones -dice-, el IFE aparece como la institución pública a la que con frecuencia y de manera desproporcionada se le pretende reducir sus recursos sin importar sus esfuerzos y programas...". No deja de llamar la escasa atención que a los encargados de estos asuntos les merece preservar y mantener en buena forma al IFE, o, cuando menos, debatir a fondo el alcance de sus medidas. Sería un lamentable error y una torpeza incalificable que el presupuesto federal se ajustara echando mano a los recursos de una de las pocas instituciones públicas que funcionan con niveles de excelencia.

La pregunta es obligada: Ƒpara qué sirven los representantes de la Cámara en el Consejo General del IFE si no actúan como puentes entre ambas instituciones? Y no me refiero, obviamente, al compromiso individual que algunos mantienen dignamente sino a la ausencia de una relación institucional, plenamente legal, que ahora es nula. ƑNo sería bueno que el Congreso definiera, más allá de formalidades y formalismos caducos, cuál es el papel de los representantes legislativos ante el IFE y procediera en consecuencia? Satisfechos con el éxito alcanzado el 2 de julio, ningún dirigente partidista dudaba entonces en repetir el lugar común de que "la democracia cuesta", pero ahora, pasada la euforia, se olvidan de la frase y en vez de examinar con cuidado la situación algunos pretenden demagógicamente meter tijera en las finanzas del instituto. En vez de que el IFE sirva como ejemplo a seguir, so pretexto del ahorro y la productividad, se pretende reducirlo a un organismo gris entre otros de los muchos que languidecen en la pereza burocrática y la anomia presupuestaria.

Es como si alguien propusiera minimizar el financiamiento a los partidos (que es excesivo, sin duda) sin tomar en consideración las verdaderas necesidades planteadas por el tránsito hacia la democracia. Se obtendrían jugosos ahorros, en efecto, tomando los 2 mil 352 mil millones de pesos que se destinan al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas que representan 42.2 por ciento del total del presupuesto del IFE.

Pero eso tampoco es posible por ahora. Mientras no cambien las condiciones de la competencia, achicando los periodos electorales y la naturaleza misma de las campañas, ajustando el uso y el abuso de la publicidad mediática a las necesidades de una república austera y pobre, el financiamiento público tendrá una función civilizatoria imprescindible, lo mismo que el apoyo al IFE, que quiere ser árbitro profesional en una contienda que aún tiene mucho de llanera y provisional, a pesar de las ínfulas de algunos demócratas muy nombrados. Y eso, ciudadanos diputados, cuesta bastante. Ojalá y se imponga la decisión de sostener al IFE como una institución de excelencia.