VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2000
 
Ť La reasignación al rubro social, otro tema que detuvo la aprobación del presupuesto

Fondo de Fortalecimiento Estatal, punto de desacuerdo en San Lázaro

Ť Hasta el cierre de esta edición se hablaba de posibles recortes al Poder Judicial, al IFE y a la CNDH

Ciro Pérez Silva y David Aponte

La madrugada de este viernes todo apuntaba a un acuerdo parlamentario entre PAN, PRI y PRD para aprobar en el pleno de la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2001, que considera un gasto total de un billón 361 mil 866 millones de pesos.

Al cierre de la edición, dos elementos detenían la elaboración del dictamen en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: el esquema de asignación para el Fondo de Fortalecimiento Estatal y la resignación para el rubro social.

De esa forma, quedaría un "esquema general" avalado por los tres partidos de la siguiente manera: más de 13 mil millones de pesos para el Fondo de Fortalecimiento Estatal; 6 mil millones de pesos para jubilados; 4 mil 500 millones para educación; 4 mil millones para el campo; mil 600 para el Distrito Federal en el Fondo de Fortalecimiento Municipal, y unos 500 millones de pesos para vivienda.

Los diputados decidían recortes de unos mil 500 millones de pesos al Poder Judicial, 300 millones al Instituto Federal Electoral y 200 millones a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Cabildeos con funcionarios

batres-paredes-camacho-La información llegó poco a poco al grueso de los legisladores, mientras los coordinadores del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, y del PRI, Beatriz Paredes Rangel, negociaban con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desde el titular Francisco Gil Díaz, hasta el subsecretario Carlos Hurtado.

A diferencia de la negociación para la Ley de Ingresos, las pláticas entre los líderes de las bancadas parlamentarias tuvieron lugar en el basamento del Palacio Legislativo de San Lázaro en forma bilateral. Nunca hubo conversaciones en las que participaran todos los coordinadores de los diferentes partidos representados en la Cámara de Diputados.

Paredes Rangel dijo a la prensa que ya había "un acuerdo en lo fundamental" entre las fuerzas políticas para sacar adelante el Presupuesto para el año 2001.

-¿La negociación se va hasta morir?

-A vivir... ya hay una decisión de los grupos para que continúe el tiempo que sea necesario.

A las 22 horas, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Pazos, dijo que la negociación ya avanzaba en lo general hacia los ajustes y los grandes números ya estaban acordados.

Mientras eso ocurría, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas que hizo el Senado de la República al Código Fiscal de la Federación en los artículos 44, 145 y 230, para evitar lo que los senadores llamaron "acciones de terrorismo fiscal".

El presidente de la mesa directiva, el panista Ricardo García Cervantes, dio trámite a la minuta enviada por la colegisladora dispensando que ésta regresara a comisiones y posteriormente al pleno. Los diputados aprobaron el fast track, lo que hacía pensar que el dictamen de Presupuesto de Egresos entraría antes de la medianoche al pleno.

El ''atorón''

Sin embargo, los acuerdos se complicaron en las negociaciones bilaterales que sostuvieron los coordinadores. El "atorón" se dio en la definición de los criterios para las asignaciones del Fondo de Fortalecimiento Estatal, es decir, de a cómo le tocaría a cada uno de los estados. Los diputados de los diferentes partidos propusieron diversas fórmulas para tratar que la entrega de los recursos fuera equitativa.

La madrugada de hoy, los perredistas habían negociado mil 300 millones de pesos más para el Distrito Federal, a través del Fondo de Fortalecimiento Estatal. En total, la capital del país recibiría recursos cercanos a los 3 mil millones de pesos provenientes de dos fondos federales, de los cuales había sido excluido en años anteriores.

Presiones de sectores priístas

Otro de los elementos que obstruía la aprobación en comisiones del dictamen de presupuesto, eran las "presiones" que la coordinadora del PRI recibía de los distintos sectores de su partido, los maestros y los campesinos fundamentalmente, en demanda de mayores recursos.

Desde la semana pasada estas mismas presiones obligaron a los legisladores panistas a buscar reuniones con el secretario de Hacienda y con el propio Presidente de la República.

Nueve de los diputados panistas, integrantes de la Comisión de Presupuesto, se reunieron la noche del miércoles con el presidente Vicente Fox Quesada en Los Pinos, para discutir reasignaciones adicionales.

''Yo sólo les pido que aguanten vara, porque ya no tenemos para dónde hacernos. Ya no podemos dar pie a ninguna reasignación adicional para el gasto social", les respondió el mandatario, según versiones de algunos de los legisladores asistentes.

Justificó la negativa con el argumento de que habían tenido que acceder a la mayoría de las peticiones del PRI, en aras de tratar de sacar adelante el presupuesto, incluso por encima de las demandas panistas.

Con esa consigna, los diputados del PAN negociaron durante todo el jueves y la madrugada del viernes, para llegar a un acuerdo que satisfaciera, en primer lugar, a los priístas y en segundo lugar a los perredistas, con periodos de tensión en los que se mandaban señales encontradas que confundían a los mismos negociadores.

Dos largos recesos

Así transcurrieron las cosas en el Palacio Legislativo de San Lázaro este jueves y parte de la madrugada del viernes, periodo en el cual el presidente de la mesa directiva abrió dos recesos que prolongaron la sesión ordinaria hasta la mañana de hoy.

El escenario al cierre de la edición se encaminaba a que los diputados recortarían mil 500 millones de pesos al Poder Judicial, 300 millones al Instituto Federal Electoral y 200 millones de pesos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para completar los casi 30 mil millones de pesos en reasignaciones para el gasto social.

En el proyecto original, el Poder Judicial había solicitado un presupuesto de 15 mil 300 millones de pesos; el IFE, 5 mil 544 millones, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 660 millones de pesos.