VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Michael Chamberlin Ť

Derechos humanos: señales y certezas

Es cierto que los resultados electorales del 2 de julio pasado abren nuevas posibilidades de cambio en nuestro país en muchos sentidos. Para los derechos humanos esto no es menos cierto. Sin embargo, más allá de las "señales" que pueda enviar el nuevo Ejecutivo, habría que estar al pendiente de las políticas concretas a desarrollar. Considero que para los derechos humanos en México hay, particularmente, tres de gran relevancia. La política económica, la política de seguridad y la política de resolución de conflictos.

La política económica de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo ha tenido hasta ahora un gran deterioro en la distribución del ingreso en México y un grave aumento de las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Allí donde los efectos de la pobreza han tenido mayor repercusión, es donde los organismos civiles de derechos humanos han documentado las peores violaciones a los derechos humanos. Esta coincidencia tiene una explicación lógica. El empobrecimiento y la marginación desataron la inconformidad social, manifestándose en el aumento de la delincuencia callejera y organizada, en la formación de grupos armados de oposición, y en la organización popular urbana y campesina: maestros, estudiantes, trabajadores, amas de casa, ejidatarios, indígenas, etcétera. Estas manifestaciones de inconformidad se volvieron una amenaza a la estabilidad necesaria para la implementación de las políticas de cambio estructural. Un asunto de seguridad nacional en el que era imprescindible la acción de las fuerzas armadas en el diseño y la implementación de una estrategia de contención.

A través de la Coordinación Nacional de Seguridad Pública, las fuerzas armadas empezaron a tener un papel fundamental en la vida civil del país, realizando tareas propias de un estado de excepción: la seguridad pública, la persecución del delito y el establecimiento de una guerra irregular, con el fin de controlar y sofocar al enemigo, es decir, cualquier manifestación organizada de oposición legal o ilegal. Violentando la ley para permitir el abuso y garantizar la impunidad, aumentaron de manera alarmante los casos de tortura, ejecuciones, desapariciones, detenciones arbitrarias, juicios amañados y encarcelamientos injustos, que se sumaron al empobrecimiento, el desarraigo y el desmembramiento del tejido social. En suma, una situación de violencia estructural, política y social que trasciende al 2 de julio.

La definición de la política económica de Vicente Fox tendrá una repercusión directa en la situación de explosividad social. Necesita en principio de una política económica que responda a las demandas, los derechos y las necesidades sociales, no con garrote, sino con medidas que generen una repartición más justa de la riqueza.

Pero esto no es todo. Seis años de guerra irregular, desgarramiento del estado de derecho y deterioro de las instituciones de seguridad y justicia han permitido, entre otras cosas, una indebida presencia del Ejército y la Marina en posiciones clave de gobierno. Hoy tenemos a unas fuerzas armadas con un récord negativo de corrupción, violaciones a derechos humanos y de probada ineficacia para tareas contra la delincuencia organizada, pero posicionado, con o sin licencia, de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia que les ha dado un poder que no tenían. Entre la sociedad civil y las responsabilidades del Presidente de velar por un estado de derecho democrático y protector de los derechos humanos, están las fuerzas armadas. La expectativa democrática es que comience un proceso de desmilitarización encaminada a limitar las funciones del Ejército y el retorno a las posiciones que tenían antes de enero de 1994, es decir, fuera de las regiones indígenas, fuera de los caminos, fuera de la seguridad pública, fuera de los ámbitos de justicia. No es clara aún cuál va a ser la política de Fox, pero por lo pronto la designación del general Macedo de la Cocha al frente de la PGR es una mala "señal".

Tercero. La política de resolución de conflictos o, en otras palabras, de reconciliación. Un tema obligado es Chiapas. Hasta dónde va a ser posible sentarse a negociar nuevamente, llegar a acuerdos con el EZLN y atender las demandas indígenas de respeto a su autodeterminación como pueblos, en respuesta a la discriminación a la que históricamente han sido sujetos. Pero además está presente la urgencia de sanar el pasado y abatir la impunidad. Acteal, el Bosque, el Charco, Aguas Blancas, Ciudad Juárez, el general Gallardo, los desaparecidos de los años setenta y ochenta, Tlatelolco, etcétera, son heridas abiertas que dejó el régimen pasado y que hoy Fox, en calidad de jefe de Estado, tiene la responsabilidad histórica de atender. No es posible una transición a ningún lado si no hay reconciliación, si no cerramos este capítulo ominoso que venimos arrastrando y que nos ha hecho tanto daño. Esta tarea de sanación histórica y reconciliación nacional sólo será posible bajo estas tres condiciones: verdad, justicia y reparación. Quiero entender como "señal" a la Comisión de Transparencia que preside Francisco Barrio Terrazas, quien, por cierto, no supo resolver los cientos de casos de mujeres ejecutadas en Ciudad Juárez; sin embargo, necesitamos certezas. Esperaría que esta comisión empezara por transparentar sus funciones.

Sólo la reconstrucción del estado de derecho fundado en el respeto irrestricto de la dignidad humana y los derechos humanos nos llevará a una verdadera transición democrática. Esta factura endosada a Vicente Fox no será pagada sólo con el retiro de los retenes militares en Chiapas, ni nombrando a una embajadora de Derechos Humanos y Democracia. El desarrollo equitativo, la reconstrucción de las instituciones, el imperio de la justicia y la reconciliación nacional son hoy las tareas fundamentales a favor de los derechos humanos en México; lo demás es mercadotecnia política, es decir, demagogia.