VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Ex director de Bienes Asegurados de la PGR

Concede el juez sexto la libertad caucional a Miranda Noricumbo

Ť La fianza asciende a 121 mil 393 pesos Ť Enfrentará libre dos procesos Ť Se le acusa de presuntos malos manejos del Premier

Gustavo Castillo García Ť El juzgado sexto de distrito en materia de procesos penales concedió libertad bajo caución a Francisco Miranda Noricumbo, ex director de Bienes Asegurados de Procuraduría General de la República. Fuera de prisión, enfrentará dos procesos penales por peculado y uno por ejercicio indebido del servicio público. La fianza ascendió a 121 mil 393 pesos en efectivo.

La libertad caucional de Miranda Noricumbo no fue apelada por el Ministerio Público adscrito al juzgado en cuestión, y tomando en consideración que los delitos que se le imputan no están tipificados como graves en la legislación penal, el juez Jesús Guadalupe Luna Altamirano le concedió el beneficio legal.

Esta excarcelación constituye el primer fracaso de la PGR en la gestión del general Rafael Macedo de la Concha, ya que el ex funcionario fue detenido el pasado 26 de noviembre, cinco días antes de que terminara su encargo Jorge Madrazo Cuéllar, y éste dejó en calidad de arraigado a Miranda Noricumbo por un plazo de 30 días, a fin de que el Ministerio Público Federal perfeccionara las acusaciones en su contra.

Sin embargo, sólo se le consignó por delitos no graves, tres días antes (24 de diciembre) de que se cumpliera el plazo del arraigo, pero la PGR no presentó ante el juez de la causa cargos relacionados con el depósito de más de 200 mil dólares en cajas de seguridad del Citibank, ni tampoco por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, aspectos hechos públicos por la Procuraduría General de Justicia del DF durante la investigación del suicidio de Juan Manuel Izábal Villicaña.

Miranda Noricumbo, según una versión no desmentida por la PGR, llamó el 26 de noviembre a la delegación de esa dependencia en Morelos, luego de sufrir un atentado el día 24 del mismo mes. Pero no se oficializó su detención sino hasta el 28 de noviembre, cuando la PGR dio a conocer que estaba bajo arraigo por un plazo de 30 días, que le dictó el juez primero de distrito, ''a fin de garantizar la integración de las averiguaciones previas en curso''.

Ayer, en el juzgado sexto se desarrollaron dos audiencias, la primera de ellas para tomar la declaración preparatoria de Miranda Noricumbo, relacionada con las acusaciones de peculado y ejercicio indebido del servicio público, al considerarse que el ex funcionario utilizó el centro de espectáculos Premier para obtener beneficios económicos por la realización de eventos artísticos y fiestas privadas en el lugar, así como haber participado, supuestamente, en la desviación de recursos del inmueble, que afectaron su patrimonio financiero.

A este respecto, el ex funcionario reconoció ante el juez que en el Premier se realizaron 11 eventos por los cuales se le acusa de ejercicio indebido de funciones, pero negó que se hubiera tratado de fiestas particulares o de espectáculos que le hubieran generado ganancia alguna. Acusó al administrador depositario del lugar, Pedro Lucero Hernández, de haber sido el responsable, en todo caso, de los faltantes numerarios, de las desviaciones de recursos y de no haber denunciado conforme a la ley actos ilícitos.

Pero, Lucero señaló en una declaración ministerial -que obra en actuaciones del MPF- que en el Premier se celebraban fiestas particulares por órdenes de Miranda y del ex oficial mayor de la PGR, Juan Manuel Izábal Villicaña, quien se suicidó de un tiro en la cabeza en marzo de este año.

Al respecto, de acuerdo con la declaración ministerial a la cual se le dio lectura, en esas fiestas participaron funcionarios de la PGR. Los festejos eran con motivo de fin de año y los propios invitados llevaban su comida y bebida, por lo que consideró que no se afectaron los bienes del citado lugar.

Miranda Noricumbo se declaró inocente de todos los cargos de que se le acusa y entregó pruebas documentales de que los auditores de la Contraloría Interna de la PGR no pudieron emitir una opinión acusatoria.

Asimismo, señaló que un comité técnico integrado por un subsecretario de Gobernación, uno de la Secretaría de Hacienda y representantes del entonces procurador Jorge Madrazo, conocieron la situación de atraso en el pago de impuestos, IVA e IMSS que Premier tenía desde 1995, pero que éstos coincidieron en que el manejo empresarial del lugar era correcto.

De igual forma, mencionó que el arrendamiento del Premier a Tv Azteca fue autorizado por el ex oficial mayor de la PGR, Izábal Villicaña, a cambio de la transmisión de 200 mensajes publicitarios del lugar, pero que no se le puede acusar de haber incurrido en faltas administrativas porque no se había cumplido el plazo de un año para exigir que la televisora cumpliera con la contraprestación pactada.

Durante la audiencia, se leyó la totalidad del pliego consignatorio, y en él la PGR nunca mencionó el monto total de los probables daños al patrimonio del Premier. Ante esa situación, el juez no le impuso a Miranda Noricumbo cantidad alguna como reparación del daño.

De acuerdo con las imputaciones que se mencionan en el pliego consignatorio, durante la lectura se pudo establecer que al menos se cometieron 180 operaciones irregulares de desvío de recursos, considerando entre ellas la realización de fiestas privadas, falta de pagos al IMSS, Infonavit y Hacienda, que en suma podrían alcanzar más de 126 millones de pesos que la PGR no cuantificó de manera precisa como daños ocasionados por los ilícitos cometidos.

Ante ello, el juez le impuso a Miranda el pago de 8 mil 728.50 pesos por la posible sanción pecuniaria (multas) a que podría hacerse acreedor en caso de que resultara culpable de los delitos que le imputan, y además otro pago por 53 mil 154.50 pesos para el cumplimiento de las obligaciones procesales.

En suma, esas sanciones por 61 mil 883 pesos se sumaron a los 59 mil 500 que el juez le impuso como caución a Miranda Noricumbo, por lo que se refiere a las acusaciones de peculado relacionadas con la entrega a destiempo de un radiolocalizador, una pistola y un teléfono celular que el ex funcionario tenía a su cargo. Hasta el cierre de esta edición se desconocía si los abogados de Miranda habían presentado los billetes de depósito exigidos por el juez para que el ex funcionario obtuviera su libertad.