El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, por mayoría, invalidar el resultado de la elección para gobernador en Tabasco, efectuada el 15 de octubre pasado, y revocar la expedición de constancia de mayoría y validez al candidato priísta Manuel Andrade Díaz. 

En una sesión histórica, el tribunal electoral respaldó, con cuatro votos a favor y dos en contra, el proyecto presentado por el magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, sobre los juicios de revisión constitucional presentados por los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional para anular la elección. 

Ahora corresponderá al Congreso de Tabasco elegir a un gobernador interino, quien tendrá que convocar a elecciones extraordinarias en un plazo de seis meses. 

No cabe duda que la decisión emitida por el TEPJF es un hito que parte la historia electoral de México. 

Por primera vez, un órgano superior del Estado, con autoridad legal y constitucional para determinar la validez de los procesos electorales, emite un fallo en el que, mediante una valoración general, destaca y admite abiertamente anomalías, como la compra del voto, quema de boletas, desigualdad en los medios de comunicación, la intervención del gobierno local para inducir el voto en favor del candidato de su partido... en fin, toda esa serie de artimañas que mantuvieron al PRI en el gobierno por más de siete décadas. 

Con este fallo, el tribunal electoral da señales de ser un órgano autónomo, desligado de intereses partidistas, y garante de la legalidad y el respeto al voto libre, universal y secreto, como siempre debió haber sido. 

Basta hacer un poco de memoria para enumerar una larga lista de elecciones en las que se presentaron pruebas contundentes de fraude, pero que, ante la carencia de un marco jurídico electoral equitativo y el control de las instituciones electorales por parte del gobierno, nunca se logró una resolución como la emitida ayer por el TEPJF. 

Evidentemente, este avance legal no es una bala perdida en la lucha por alcanzar un estado de derecho pleno. Es el resultado de un largo proceso de transición que involucra a partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, instituciones autónomas como el Instituto Federal Electoral y, en especial, a la sociedad civil, a los electores que demandan el respeto al voto. 

Cabe hacer votos para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mantenga el rumbo de la legalidad y lleve el caso hasta las últimas consecuencias. Si se comprobó un fraude en Tabasco, habrá que deslindar responsabilidades.