DOMINGO 31 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Aprovecha que es la máxima instancia electoral, dice
Alevoso, el fallo del tribunal, considera la cúpula priísta
Ť Su dictamen se basó en simples conjeturas; deja al partido en indefensión política y jurídica, establece en querella de 9 puntos
Claudia Herrera Beltrán Ť El Partido Revolucionario Institucional advirtió ayer que el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que anuló la elección de gobernador en Tabasco, "constituye una ruptura del orden constitucional del país y un signo negativo que, al alterar el orden jurídico electoral, lastima la estabilidad y la gobernabilidad de nuestra democracia".
A través de un manifiesto dirigido a la opinión pública, prácticamente toda la estructura cupular priísta afirmó que el TEPJF "falló arbitrariamente", y aseguró que la actuación del máximo órgano electoral del país tuvo una actuación "parcial y francamente sospechosa".
Acusa: "El tribunal actúa con esta resolución en forma alevosa porque aprovecha su condición constitucional y legal de ser la última instancia en materia electoral para dictar un fallo como este, totalmente despegado de derecho y que, por todas esas circunstancias, deja al Partido Revolucionario Institucional en una condición de total indefensión política y jurídica"
Redactada a manera de querella, la proclama contiene nueve puntos y fue suscrita por la presidencia y la secretaría general del PRI, los coordinadores parlamentarios en las cámaras de Diputados y Senadores; por los dirigentes de los sectores agrario, obrero y popular de este partido; el presidente de los legisladores locales priístas; el representante de los alcaldes adscritos al Revolucionario Institucional en Tabasco; por 15 gobernadores, y por los presidentes de sus 32 comités estatales.
Cada uno de los puntos fue antecedido por una especie de sumario que sintetiza la posición priísta respecto al fallo que anuló, por primera vez en la historia electoral del país, una elección para gobernador:
"Es legalmente imposible", "presenta incongruencia resolutiva"; "ignora el principio de generalidad en la aplicación de la ley"; "es una resolución basada en simples conjeturas". "ƑY los votos de más de 650 mil ciudadanos no valen?; "resolución política, no jurídica"; "la presión política pudo más que los votos en las urnas"; "indefensión legal y política ante la resolución del Trife", y "es inaceptable la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación".
Acatará la resolución
A pesar de este último enunciado el manifiesto afirma: "El PRI acatará la resolución porque respeta la ley, aunque el tribunal no lo haya hecho, pero alerta al pueblo de México, que lejos de construirse un nuevo orden democrático en nuestro país, se están dando señales muy alarmantes porque un tribunal de legalidad se excede en sus funciones y competencias y eso no constituye el cambio por el que creyeron votar los mexicanos".
Horas antes de darse a conocer esta proclama, a través de un comunicado de prensa, la directiva priísta dio su respaldo a la reforma constitucional que promovió el Congreso de Tabasco para que la mayoría simple de este partido designe al gobernador interino y su mandato se amplíe de 6 a 18 meses .
El CEN acusó también al ex candidato del PRD al gobierno tabasqueño, Raúl Ojeda, de poner en riesgo la paz pública y de propiciar el quebrantamiento del Estado de Derecho por haber llamado a movilizaciones en contra de esta determinación de los diputados locales.
Señaló que la actitud de los perredistas contrasta con la del PRI que acató el fallo del TEPJF aún cuando anuló las elecciones, en las que el priísta Manuel Andrade, había sido declarado ganador.
El tricolor alegó que las modificaciones constitucionales se realizaron conforme a derecho y fueron aprobadas por unanimidad de los diputados presentes en la sesión del congreso, es decir, "contó el voto favorable de legisladores pertenecientes a diversos grupos parlamentarios".
Consideró preocupante que Raúl Ojeda haya convocado públicamente a movilizaciones populares en contra de la decisión del congreso local tabasqueño, pues consideró que las protestas ponen en riesgo la paz pública y propicia el quebrantamiento del estado de derecho.
"Una cosa es impugnar una resolución de autoridad, como lo hizo clara y directamente el PRI con respecto a la sentencia del TEPJF, y otra convocar a movilizaciones colectivas para desacatar una resolución legítima", explicó.
En tanto, 15 miembros del Consejo Político del PRI DF, entre los que se encuentra el diputado local Juan José Castillo Mota, difundieron una carta en la que piden la expulsión de Arturo Nuñez y del diputado Humberto Mayans Canabal, que se manifestaron estar a favor de la resolución del TEPJF.
"Hoy más que nunca, y ante los embates de los partidos políticos que son gobierno, debe ser irrestricta e indiscutible la lealtad, la unidad y la lucha que como militantes del partido debemos afrontar. Estos compromisos deben ser observados incondicionalmente por todos aquellos que pertenecen al Revolucionario Institucional", señalaron los priístas.
El texto que se distribuyó en el CEN del PRI está firmado por los diputados en la Asamblea Legislativa del distrito Federal Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Juan José Castillo Mota, Juan Díaz González, Humberto Serrano Pérez, Edgar López Nájera, Alicia Téllez Sánchez, Edmundo Delgado Ramírez y Fernando Espino Arevalo.
La reforma de la discordia
A las 6 de la mañana y sin discusión, el congreso del estado aprobó una "reforma" al artículo 47 de la Constitución de Tabasco para ampliar de 6 a 18 meses el interinato y permitir que la mayoría simple del PRI pueda imponer un gobernador interino a más tardar el lunes. Este cambio se realizó a partir de un oficio, y no de una iniciativa, supuestamente fechado el 28 de diciembre, pero del cual se dio cuenta hasta las 4 de la mañana cuando el Congreso reanudó la sesión que se había suspendido 12 horas antes. El oficio fue recibido como correspondencia y se atribuyó la autoría del documento al diputado del PRI, Miguel Cachón. En una horas fue dictaminado y se votó porque Tabasco vivía un riesgo de ingobernabilidad tras el fallo del tribunal.
Al mediodía se manejó la terna para ocupar el interinato, integrada por el secretario general del PRI, Adán Augusto López; el rector de la UJAT, Jorge Abdó Francis; y el diputado federal, Enrique Priego.