La entrada del año 2000 fue causa de innumerables festejos y algarabía en todo el mundo; las computadoras resistieron el temido colapso informático; se derrumbaron las profecías apocalípticas, y los relojes siguieron marcando cada segundo de los 366 días del año --fue bisiesto-- que hoy culmina. 

Para los mexicanos, más allá del fin de milenio o el cambio de siglo, el 2000 fue, y seguirá siendo para la posteridad, el año de la alternancia. Será recordado como el año en que, después de siete décadas en el poder, el PRI fue derrotado en una elección limpia por un personaje ajeno a la clase política tradicional, pero con una incuestionable capacidad de liderazgo. Anteponer la derrota del PRI al triunfo de Vicente Fox es la lectura correcta del momento histórico. El mismo Fox, cuando candidato, logró convencer a los electores de que, finalmente, alguien podía sacar al PRI de Los Pinos por la vía democrática, y así fue. Fox, el empresario que según declaró a la revista L' Express International de París, se dedicó a la política porque "su país le entristecía", logró lo que tan solo hace unos años parecía imposible: sepultar al viejo régimen. El 2 de julio, el partido de Estado perdió la Presidencia de la República en una elección ejemplar, sin fraudes ni trampas mayores (aunque todavía gobierne 19 estados, que representan al 61.62 por ciento de la población). 

De tal suerte, el 2000 culmina con un gobierno nuevo, desligado del PRI. Pero, con la entrada del año nuevo y el transcurrir de los meses, la euforia del cambio se irá desvaneciendo y nuevos sucesos, antes desconocidos por los mexicanos, acapararán la atención pública. 

Por ejemplo, en la memoria histórica de nuestro país todavía no se concibe el estado de derecho pleno, porque nunca ha existido. Es por esto que el fallo emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que anuló la elección de Tabasco nos resulta insólito. En otras palabras: los mexicanos no estamos acostumbrados a la legalidad. Posiblemente todavía no terminamos de digerir que por primera vez en la historia moderna de México, tengamos un gobierno legítimo, que si bien no obtuvo la mayoría absoluta del voto, ganó en un proceso democrático avalado por un órgano autónomo como el Instituto Federal Electoral. 

En este sentido, Fox tiene un reto mayor: gestar un nuevo pacto social. Es impensable que de manera unilateral el gobierno imponga el pago de impuestos, cuando, en principio, los ciudadanos tienen toda la razón en desconfiar y no cumplir voluntariamente. Establecer el vínculo entre el pago de impuestos y la exigencia de cuentas por parte de la sociedad, requerirá mucho más que dialéctica popular y tecnicismos fiscales. 

Fox recibe un país de casi 100 millones de habitantes, con grandes carencias, desigualdad, graves problemas de inseguridad y un rezago educativo imperdonable. Pero, aunado a esto, gobierna y forma parte de una sociedad que apenas se asoma a la vida democrática y el estado de derecho, y que espera resultados en el corto plazo. 

No es posible romper de tajo con el pasado, evitar las inercias. El reto es tan grande como las expectativas creadas. Por lo pronto, la composición plural del Congreso, sin mayoría de ningún partido en las cámaras de Diputados y Senadores, permite dejar atrás el presidencialismo para hablar de lo que puede ser un auténtico régimen parlamentario. Asimismo, en un mes de gobierno, Fox ha demostrado que tiene capacidad. Ahí están los avances hacia la reanudación del diálogo en Chiapas y la aprobación del Presupuesto de Egresos para el 2001. En lo social, empeñó su palabra en beneficio de los pobres, en favor de la educación y la justa distribución de la riqueza. Que así sea. 

El Plan Clinton para la paz entre Israel y los palestinos chapalea en el pantano creado por el flujo continuo de sangre palestina e israelí, provocado por los incesantes atentados y las aún peores represalias armadas. Creyendo trabajar para la paz (o fingiendo hacerlo) Clinton ha ofrecido a las víctimas de la ocupación la zanahoria y el bastón. O sea, dinero para la Autoridad Nacional Palestina más la soberanía sobre la Explanada de las Mezquitas (hace tres meses hollada por Ariel Sharon y sus huestes armadas, lo cual dio origen a la actual Intifada) más 100 por ciento de Gaza y 95 por ciento de Cisjordania. 

Pero todo eso está unido a la exigencia de abandonar el derecho al retorno a sus hogares de los cuatro millones de palestinos expulsados por Israel y que perdieron sus casas y propiedades (derecho reiteradamente reconocido por Naciones Unidas) y unido también al hecho de que permanecería en los territorios ocupados 80 por ciento de las colonias judías allí instaladas ilegalmente y que la ONU pide desmantelar, de que se mantendría la división de las tierras palestinas por las rutas estratégicas sólo para los militares israelíes y Tel Aviv controlaría todo el valle del Jordán, es decir, el agua, los recursos, las fuentes de trabajo de los palestinos, reducidos a la ficción de un Estado dependiente de Israel. Es lógico que el pueblo palestino y su misma dirección política ni quieran ni puedan aceptar condiciones que equivalen a una nueva derrota y al abandono de sus reivindicaciones y su dignidad. Ahora bien, como los comicios en Israel deben realizarse en la primera semana de febrero, y dado que el candidato de la ultraderecha expansionista, Ariel Sharon, distancia por mucho en las preferencias a Ehud Barak, es muy difícil que éste logre una paz que pudiera darle la victoria electoral, a menos que tenga la valentía de tomar medidas unilaterales retirando el ejército de las tierras palestinas para acabar con los choques y que hiciese reales concesiones económicas y sociales a los palestinos. 

Pero, incluso, eso no le aseguraría automáticamente el cargo de primer ministro, no sólo porque los árabes ciudadanos de Israel esta vez parecen querer votar por candidatos propios, en vez de apoyar a los de la izquierda sionista como han hecho siempre, sino también porque la histeria y el racismo antiárabe han adquirido en Israel una gran magnitud e inclinan al electorado a la derecha. De modo que el milenio podría inaugurarse en Israel con un gobierno de Sharon --el denunciado por la ONU como mandante de los asesinatos masivos de Sabra y Chatila-- y, por consiguiente, con una nueva guerra israelí palestina que podría degenerar en una conflagración bélica entre Israel y los estados árabes. Clinton, en el fin de su mandato, no tiene fuerzas, ni políticas ni morales, y su sucesor carece de ideas y de experiencia internacional. 

De modo que la locura de Sharon y de la extrema derecha israelí no tiene contrapeso y el fundamentalismo islámico se apoya en la desesperación de quienes ven amontonarse nubarrones sobre su ya oscurísimo horizonte. Toca entonces a la comunidad internacional hacer saber a Tel Aviv que una nueva guerra podría tener para Israel un gran costo político. Ojalá que no sea tarde.