3 Ť ENERO Ť 2001 Ť ECONOMIA
Alejandro Nadal
Cesiones Procampo
En el medio rural proliferan los letreros en bardas y construcciones anunciando "Cesiones Procampo". Los viajeros que recorren las derruidas carreteras federales y que alcanzan a leerlos probablemente ignoran su significado, pero esos letreros sintetizan las calamidades que aquejan al campo mexicano.
El Programa de Apoyos Directos al Campo, mejor conocido como Procampo, fue introducido en 1994 como un instrumento para sustituir al antiguo sistema de precios de garantía.
En ese tiempo se argumentó que el esquema de precios de garantía era inconveniente porque mantenía artificialmente la rentabilidad de algunos cultivos, distorsionaba los precios relativos y generaba incentivos para ignorar las verdaderas señales de mercado. Además, los precios de garantía sólo beneficiaban a los productores que vendían en el mercado, quedando excluidos los productores de subsistencia.
Por estas razones, en las negociaciones de la Ronda Uruguay se instauró el sistema de apoyo directo a los productores agrícolas para compensar las pérdidas en su ingreso. En México, el Procampo estableció un esquema de pago por hectárea para compensar pérdidas en el ingreso ocasionadas por la apertura comercial del sector agrícola.
El pago por hectárea fue de 330 pesos, unos 100 dólares al tipo de cambio de ese año. El gobierno prometió mantener el valor real de los pagos de Procampo durante 10 años. Pero para el ciclo primavera-verano del año 2000 el cheque de Procampo fue de 778 pesos por hectárea, equivalente a unos 80 dólares. Además, el número de beneficiados con el programa descendió de 3.3 a 2.9 millones de productores entre 1994 y 2000.
El Procampo nació distorsionado, pues desde el principio se vinculó con algunos cultivos clave, con lo cual se traicionaba el objetivo de neutralidad del nuevo sistema que supuestamente se desvinculaba de las decisiones sobre producción. Esa distorsión se ha ido profundizando porque el pago de Procampo se hace después de una "verificación" de que la tierra está efectivamente bajo explotación. Además, los cheques se entregan tardíamente y después de mucho papeleo. Las nuevas autoridades no han cambiado este estado de cosas: la siembra del ciclo otoño-invierno ya concluyó, pero los cheques de Procampo no se han entregado.
La caída en términos reales de los pagos del Procampo se presenta en el contexto de un desplome de los precios agrícolas. Este colapso en los precios agrícolas es producto de la brusca apertura comercial y de que las autoridades mexicanas ilegalmente han dejado de aplicar aranceles sobre importaciones de maíz, frijol y cebada por una cantidad de 2 mil 800 millones de dólares. El descenso en los ingresos de los productores agrícolas surge en medio de un retiro generalizado de los apoyos del Estado para el sector agropecuario, y, quizás lo más grave, de la desaparición del crédito en el campo.
Llegamos así a las "Cesiones Procampo". Sin crédito y con una fuerte pérdida de ingresos, los productores agrícolas se ven presionados a ceder el derecho sobre sus cheques de Procampo a favor de los proveedores de insumos agrícolas. Los avisos "Cesiones Procampo" normalmente se presentan con una dirección del comerciante local de fertilizantes, plaguicidas o semillas a la que los productores agrícolas pueden acudir a formalizar la cesión derechos sobre su pago de Procampo.
La distorsión del sistema de apoyos directos es total. En lugar de compensar la pérdida de ingresos, el Procampo se convirtió en una línea de crédito de corto plazo para adquirir insumos agrícolas. En realidad, ahora los beneficiarios directos del Procampo son los proveedores de estos insumos. En última instancia, se trata de las grandes compañías trasnacionales semilleras y de insumos agroquímicos. En lugar de desvincular los apoyos al sector agrícola de las decisiones sobre producción, el sistema Procampo desembocó en una peligrosa forma de dependencia que conserva un eco de las antiguas tiendas de raya.
El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería afirma que los productores mexicanos no han sabido aprovechar las oportunidades que les brinda el mercado. Ignora todo sobre las evolución de los términos e intercambio del sector agrícola y revela que sus prioridades no están del lado de los productores pobres. Los proyectos de la Sagarpa estarán condicionadas primero por los lineamientos de carácter macroeconómico que fije la Secretaría de Hacienda. Para el Presupuesto de Egresos, esa dependencia solicitó 11 mil millones de pesos para el Procampo en 2001, y 24 mil para el IPAB-Fobaproa. Las prioridades del gobierno están claras, y la Sagarpa no tiene la intención de cambiarlas.