DOMINGO 7 DE ENERO DE 2001

Derecho a la información y democracia

Los medios frente al cambio

El cambio político que experimenta el país ha puesto a discusión todos los ámbitos de la vida pública. El debate sobre el papel de los medios de comunicación en esta transición es fundamental. El sistema actual de medios está ligado a un régimen en declive y fue durante décadas sostén del sistema político mexicano. Aunque la sociedad empujó hacia la apertura de los medios, elemento importante que ayudó a la caída del PRI, aún falta ampliar el debate sobre su función social y el derecho ciudadano a la información. La concentración de la propiedad de los medios en unos cuantos grupos poderosos, las tendencias globalizadoras, la sed de ganancias empresariales y la amenaza de privatización de medios electrónicos públicos ponen en entredicho los avances alcanzados por la sociedad en esta materia

Jesús RAMIREZ CUEVAS

La discusión sobre el papel de los medios de comunicación será en los próximos meses parte de la agenda nacional del gobierno, los partidos y los ciudadanos.

Por un lado, la globalización empuja a una modernización tecnológica permanente, obliga a la concentración de los medios en pocas manos, sobre todo los electrónicos, y presiona hacia cambios legales que permitan la inversión extranjera.

Por otro lado, el nuevo gobierno está obligado a avanzar en los temas pendientes de la transición democrática. La sociedad se ha vuelto más crítica de la relación de los medios frente al poder, y demanda mayor apertura y transparencia, y más espacios de participación.

La importancia económica y política de los medios de comunicación en la modernización del país es evidente. El mercado y las comunicaciones son los pilares de la globalización.

Si el mercado ya invade todos los aspectos de la vida social, transformando a los ciudadanos en consumidores y en usuarios, el debate público sobre la función social de los medios de comunicación es fundamental en esta redefinición de lo que se entiende por ciudadanía y por lo que son, o deben ser, las responsabilidades sociales del Estado. De cómo se entiendan estos conceptos dependerán temas como la educación pública, la difusión de la cultura o los derechos sociales.

*Los cambios que vienen

En cuanto a las políticas del nuevo gobierno en materia de comunicación social, se anunció en Los Pinos que se propondrá, después de una amplia consulta, un nuevo marco jurídico que regule la relación de los medios de comunicación con el gobierno y con la sociedad.

Además, se informó de la desaparición de la Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia y de la creación de las coordinaciones generales de Comunicación Social y de Opinión Pública e Imagen. Estos cambios, concretados el 4 de enero, demuestran la importancia que tiene para el gobierno su relación con los medios.

Mientras que Comunicación Social buscará controlar y poner a disposición toda la información del Poder Ejecutivo a los medios, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y otras dependencias, la Coordinación General de Opinión Pública e Imagen estará dedicada a la elaboración de estudios de opinión pública y a establecer los lineamientos de imagen del gobierno en los medios.

Sobre la necesidad de cambios a las leyes en la materia, la vocera presidencial, Martha Sahagún, señaló el 5 de diciembre pasado que "el nuevo gobierno está consciente de que el marco legal que regula la libertad de expresión y el derecho a la información es insuficiente y está desfasado".

"Es urgente contar con un nuevo marco legal acorde con el cambio que decidieron la mayoría de los mexicanos y con los desafíos que impone el desarrollo tecnológico en un mundo globalizado", dijo Sahagún al presentar el documento La política de comunicación del nuevo gobierno.

En el Congreso de la Unión se han realizado diversos foros en legislaturas pasadas sobre el derecho a la información y la propiedad de los medios de comunicación en el marco de la reforma del Estado.

En la Cámara de Diputados existen diversas iniciativas de ley para modificar las relaciones del gobierno y los medios. También hay propuestas para cambiar y fiscalizar el sistema de concesiones de radio y televisión. Unas más que buscan garantizar contenidos de género, a favor de los discapacitados, de la ecología y de los contenidos educativos y culturales. Otras iniciativas proponen garantizar el derecho a la información y el acceso ciudadano a los medios. También para democratizar las funciones de la radio y la televisión públicas a través de una mayor participación de la sociedad.

En este último rubro, diversos organismos ciudadanos proponen "dar uso social a las modalidades del tiempo estatal en los medios electrónicos" y "la utilización del 12.5% en radio y televisión del que dispone el gobierno federal no sólo para campañas gubernamentales, sino en apoyo de ciudadanos y organizaciones civiles, garantizando su distribución equitativa e imparcial".

*Nuevos tiempos, viejas prácticas

El gobierno de Vicente Fox hereda un sistema de medios de comunicación construido con el apoyo del régimen político que dominó durante 70 años y para el que sirvió de sostén. Ha sido tal su importancia que quizá en el futuro se destaque más el papel de Emilio Azcárraga -"el soldado del PRI"- en el México del siglo XX que el legado de la mayoría de los presidentes priístas.

"Tenemos muy claro -afirmó Martha Sahagún- que a lo largo de los años se desarrollaron muchos vicios en la relación entre el gobierno y algunos medios de comunicación y que estas acciones fueron en detrimento de la información democrática, plural y transparente a la que todos los mexicanos tenemos derecho". Y aclaró que ya "no habrá favoritismos, tratos especiales o actitudes corruptas".

Sin embargo, el nuevo gobierno, en sus relaciones con los medios, mantiene los viejos reflejos del poder.

El manejo público del Presidente está diseñado en función de los medios, en particular de la televisión. Lo mismo en sus giras por la frontera, que por los albergues de damnificados del Popo, sus días de descanso en el rancho San Cristóbal, que en sus discursos televisivos.

"La red de medios de comunicación actual fue producto del presidencialismo centralista y autoritario del PRI y de sus relaciones con los empresarios del ramo", dice Alma Rosa Alva de la Selva, investigadora de la UNAM. Estas relaciones medios-poder no parecen haber cambiado mucho en materia de culto a la personalidad. Tan sólo recordemos el 1o. de diciembre pasado: la cobertura televisiva de la toma de posesión de Vicente Fox nos recordó los mejores tiempos del presidencialismo mexicano.

El papel de los medios de comunicación en la vida política crece cada día. Ante la crisis de los partidos políticos los medios parecen ocupar su lugar de interlocutores al cuestionar y pedir explicaciones a los gobernantes.

A pesar de que la tv ocupa la mayor parte del tiempo libre de los mexicanos, en lo político su influencia no es todavía definitiva.

Pero desde el poder es grande la tentación de considerar que en la sociedad de masas, los medios son el adecuado sustituto de la democracia. A momentos parece que las encuestas sustituyen a las elecciones y los medios a los partidos. Hay un predominio del entretenimiento sobre la cultura, la información y la educación.

En ese contexto se entiende mejor el documento La política de comunicación del nuevo gobierno cuando afirma que se promueve "la libre expresión de ideas, opiniones y pensamientos, que incluye la crítica a la autoridad, el debate público, el libre intercambio de ideas y el derecho a la diferencia".

Sin embargo, más adelante, Martha Sahagún hizo un llamado a los medios "para que se sumen a la creación de 'un buen ánimo social', sin perder su responsabilidad social", difundiendo "buenas noticias" que ayuden a los procesos políticos y a mejorar el ánimo de los inversionistas.

"Tenemos claro que los medios son un negocio..." pero "es preciso que los medios no confundan el interés público con el interés comercial", dijo Sahagún.

Para la vocera presidencial, "los medios de comunicación seguirán teniendo como función principal la difusión de información, cultura, educación y entretenimiento, reflejando siempre la diversidad de opiniones". Pero como señalan los críticos, aunque los marcos legales y políticos actuales parten del "sentido social y público" de los medios para favorecer la educación de la población y la cultura, estos supuestos no se cumplen.

Sin embargo, Martha Sahagún no adelantó la postura del gobierno foxista ante los rumores de privatización de los canales públicos de televisión 11 y 22.

Diversos organismos civiles, entre ellos Alianza Cívica, han presentado al Congreso propuestas para fortalecer el sistema público de radio y televisión. "En el caso de los medios públicos, su democratización implica que dejen de ser manejados como propiedad del gobierno para convertirse en auténticos medios sociales, que garanticen el acceso a la información básica y la apertura a las diferentes culturas y corrientes del pensamiento y la creación".

*Lo que viene

Los medios están en el ojo del huracán. Así lo demuestran el caso de Excélsior, que marca el fin de una época significada por la corrupción y la complicidad de los medios con el poder.

Pero también son importantes alianzas como la de Proceso con Televisa. Destaca la decisión del Estado de negarse a la fusión de ACIR y Radiópolis para no promover un posible monopolio de la radio.

Un tema crucial será el futuro de la televisión pública, sobre todo la dedicada a la educación y la cultura.

La sociedad comienza a hacer sentir su preocupación por los medios. Cada vez más existen organizaciones sociales y políticas interesadas en ejercer vigilancia en el comportamiento mediático a propósito de aspectos muy puntuales, como el derecho a la información, al tiempo que están surgiendo otras que ven a los medios como espacios de avance de movimientos sociales. Y hay sectores muy exigentes de radioescuchas o televidentes que ya no aceptan dócilmente los juicios o propuestas que se realizan ante cámaras y micrófonos.

Cuando el público se vuelve más exigente, le va dando a su papel de espectador un poco de ciudadanía.

*Propuestas de cambio democrático

Diversas propuestas de democratización de los medios de comunicación han sido presentadas en los últimos años al Poder Legislativo. Empero la complicidad entre el poder y los empresarios impidió cualquier modificación legal.

Durante los últimos años, agrupaciones como Alianza Cívica, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Asociación Mexicana por el Derecho a la Información, Consejo de Educación de Adultos de América Latina, Comunicadores por la Democracia y más de 600 organizaciones civiles de todo el país, han promovido que el tema de los medios de comunicación sea incluida en la agenda nacional.

Estos organismos civiles han promovido reformas legales como los proyectos de "ley federal de comunicación social" y de "ley reglamentaria de los artículos 6 y 7 constitucionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información".

En el resumen presentado en el seminario sobre "La propiedad de los medios y el acceso ciudadano en América Latina", organizado por ellos, se señala que: "El derecho a la información debe quedar garantizado como un bien público y no como una facultad del Estado; la libertad de expresión, el libre ejercicio de los comunicadores y el derecho de réplica".

Proponen, además, crear un organismo consultivo para "formular una ley de comunicación social con su reglamento, que de acuerdo a las necesidades y proyectos nacionales, norme la actividad de los diferentes medios: prensa, radio, televisión, cine y nuevas tecnologías, así como lo relativo a la publicidad y la propaganda".

Entre los cambios que se apuntan está el "dar uso social a las modalidades del tiempo estatal en los medios electrónicos para abrir espacios permanentes de discusión de los asuntos de interés nacional; la utilización del 12.5% en radio y televisión del que dispone el gobierno federal no sólo para campañas gubernamentales, sino en apoyo de ciudadanos y organizaciones civiles, garantizando su distribución equitativa e imparcial".

Al Poder Ejecutivo le solicitan información sobre las concesiones otorgadas en radio y televisión para evitar que se sigan renovando discrecionalmente.

"Se tiene que definir un proceso transparente de otorgar las concesiones de radio y televisión. Para ello se proponen un organismo plural que analice y vigile las solicitudes y el uso de las concesiones, poniendo énfasis en su función social".

Alma Rosa Alva, investigadora de la UNAM, señala en su ponencia México: entre la concentración y el centralismo: "Las concesiones de los medios de comunicación operan con el criterio del beneficio económico de ciertos grupos de poder y del beneficio político de quienes gobiernan. No existe un sistema de información que nos permita conocer con exactitud quiénes son los concesionarios y la condiciones del uso de los medios".

*Epílogo

Los organismos civiles que defienden el derecho de acceso de los ciudadanos a los medios señalan que particulares y comunidades deben tener la posibilidad de fundar y gestionar sus propios organismos de comunicación.

Para hacer posible el acceso comunitario a los medios se requiere crear instancias públicas con representación plural (gobierno, universidades, productores, periodistas, ONG, organizaciones sociales...) que actúen como garantes de las leyes, del acceso ciudadano y del ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión.

Asimismo es necesaria la permanente organización y articulación de la sociedad como contrapeso, vigilancia y generadora de propuestas.

La experiencia de radios comunitarias sigue siendo un campo de batalla fundamental. Las televisoras comunitarias, educativas y culturales deben crecer en diálogo y como contrapeso a la tv comercial. Se tiene que desarrollar acciones para legalizar los medios existentes y promover el surgimiento de nuevos.

"Se debe aprovechar Internet como medio de intercomunicación y articulación de acciones comunicativas y políticas de la sociedad civil. Es indispensable seguir trabajando para hacer presente el tema de la comunicación en la agenda de la sociedad civil, de los partidos y de los gobiernos".

Hay una sociedad debilitada, "distante y alejada del asunto y de la discusión de los medios", dice Alma Rosa Alva. Este alejamiento tiene varias explicaciones. Una es que se constituyen en empresas privadas y, por tanto, como territorios casi vedados a la presencia pública. Por otra parte, los medios estatales se han utilizado como gubernamentales, y también están muy lejos del ciudadano.

Además, dice la investigadora, los "permisionados (entre ellos las estaciones culturales, comunitarias, de experimentación y de escuelas radiofónicas) cuya trayectoria, por las desfavorables condiciones bajo las cuales han funcionado, han caído en muchas ocasiones en una situación de mera sobrevivencia, o incluso de marginalidad. Ahora se les presiona a que se adapten a las nuevas condiciones y funcionen con criterios de mercado, lo que pone en riesgo su carácter social".

"La sociedad está aprendiendo a organizarse -sostiene Alma Rosa Alva-. Menos de la quinta parte de los trabajadores está en sindicatos y la membresía en los partidos políticos es muy reducida. A pesar de las numerosas organizaciones sociales y ONG que han surgido en los últimos años, su radio de acción aún es limitado. La sociedad se encuentra escasamente articulada, con una cultura política insuficiente para activarse en la participación.

"Para que la sociedad tome mayor presencia en el campo de la comunicación social y reclame espacios de participación y acceso, requiere de cauces para manifestarse y desarrollarse, de información fidedigna que le proporcione elementos para hacer el examen cotidiano de los propios medios y establecer su postura ante éstos", concluye.

La democratización de los medios de comunicación es un tema fundamental de la democracia mexicana y para el futuro del país.

LA DIMENSION NACIONAL

México es uno de los países que cuenta con más infraestructura de medios de comunicación de América Latina. Hasta 1998 existían 400 periódicos en el país, la mayoría de circulación local. Mil 332 emisoras de radio cubren el territorio nacional, y 595 estaciones de tv (repartidas en canales nacionales, repetidoras, televisoras privadas locales y televisoras de los gobiernos de los estados).

* El 85% de las estaciones de radio son lucrativas y el 14.5% son culturales. El 79.1% de la televisión es comercial, el 20.8% es cultural.

Cuatro grupos concentran la operación de casi la mitad de las radiodifusoras (47.8%): cadena Radiorama, con 161 (13.9%); el grupo ACIR, con 147 (27.7%); OIR-Grupo Radio Centro, con 127 (10.9%), y CIMA-SOMER, con 120 (10.3%).

Es evidente la alta concentración en la operación de la radio; se sometió a aprobación del gobierno la fusión ACIR-Radiópolis (esta última, empresa de Televisa), pero la Cofetel rechazó la propuesta.

* En la tv la concentración es mayor. El grupo Televisa opera 306 estaciones, equivalentes a 50.3% del total, mientras que Tv Azteca cuenta con 180 (29.7%). De los 9 canales con posibilidades de cobertura nacional, cuatro son de Televisa, dos de Tv Azteca y uno de Corporación de Noticias e Información (CNI), mientras que el gobierno opera sólo dos: el Canal 11 y el Canal 22, cuyas coberturas son aún limitadas.

* Apenas poco más de un millón y medio de más de 100 millones de mexicanos tiene conexión a Internet, aunque existen 2 millones de líneas telefónicas disponibles, no se contratan por falta de dinero (estos datos contrastan enormemente cuando conocemos las cifras de America On Line, que atiende a 36 millones de estadunidenses).

(Datos de la investigadora universitaria Alma Rosa Alva)

LA CONCENTRACION

En el seminario "La propiedad de los medios y el acceso ciudadano en América Latina", organizado por la Asociación Mundial de Comunicación Cristiana y los organismos agrupados en el Observatorio Ciudadano, Alma Rosa Alva de la Selva presentó una ponencia titulada México, entre la concentración y el centralismo.

En su investigación la especialista abordó el tema de la concentración de la propiedad en los medios de comunicación, particularmente los electrónicos.

Formalmente, el propietario de los espacios radioeléctricos y de las telecomunicaciones es el Estado nacional, quien concesiona el usufructo de estos espacios a particulares. En el caso de la prensa, aunque no necesita concesión sí requiere de un permiso. Además, para nadie es un secreto que la prensa vive de la publicidad, por lo que la relación con el gobierno es más evidente.

Hay una clara concentración del uso de los medios en pocos grupos empresariales y predominan los intereses comerciales en el uso de los medios.

"México, país de contrastes. Mientras su economía figura entre las 20 más importantes del mundo, el 40% de la población vive en la extrema pobreza", dice la investigadora universitaria.

En materia de comunicación, los contrastes continúan: las radios de algunas comunidades rurales y urbanas conviven con una de las industrias radiofónicas más desarrolladas del continente. Frente a la televisión vía satélite persiste la tv abierta con sus contenidos predecibles y reiterativos como la más sintonizada por las teleaudiencias...

*Diagnóstico

"La distribución de los medios se distingue por el centralismo que padece el país. Los grandes medios se encuentran en las principales ciudades, el DF, Guadalajara y Monterrey... Otro rasgo distintivo es que son manejados por un escaso número de grupos empresariales, particularmente los medios electrónicos.

"La televisión, y en menor medida la radio, son los de mayor impacto social. Sin un ambiente social proclive a la lectura, en México la prensa es también escasamente leída por la ciudadanía, hay bajos índices de lectura a nivel internacional. A pesar de eso, la prensa goza de influencia política considerable".

El tiraje de los diarios mexicanos es reducido (en conjunto son 8 millones lo que edita un solo diario japonés). No hay una prensa propiamente nacional pues los diarios que así se ostentan sólo circulan escasamente en las principales ciudades del país.

Los periódicos no requiere de autorización estatal para funcionar, viven de la publicidad más que de las ventas.

La relación entre la prensa y el gobierno ha sido contradictoria, con la utilización de mecanismos de presión, y conveniencias mutuas. A pesar de ello la libertad de expresión se ha ensanchado en años recientes en los espacios diarísticos, aunque la ciudadanía cuenta con pocas posibilidades de participación.

El modelo de los medios es comercial, donde el mercado y la libre competencia son los medidores.

Los oligopolios que dominan se formaron desde el origen de la radio y la televisión bajo el modelo estadunidense. Desde el principio, los empresarios de estos medios condujeron el desarrollo de los mismos.

Según la Constitución, los recursos electromagnéticos son propiedad de la nación y ésta permitía su explotación a través de un régimen de concesiones establecido en los años veinte.

*Concesiones: una historia de complicidades

El régimen de concesiones y permisos para la explotación del espacio radioeléctrico está incluido en la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 y establece las bases definitivas en términos de propiedad y manejo de medios.

En la época de oro de la radio en México, misma que se vivió gracias a la política de favorecimiento hacia los concesionarios, la fracción de los industriales de la radio que ya preparaba el arribo de la televisión se inserta en el bloque de poder dominante, donde al correr del tiempo su propio poder se fue acrecentando, en una relación de beneficio mutuo con los otros grupos de la cúpula, y entre los cuales se encuentra la burocracia política.

Tal vinculación persiste hasta nuestros días, ha resultado funcional... tornándose más estrecha y simbiótica, al grado de que puede decirse que hoy los concesionarios de los medios están ligados orgánicamente al poder político.

Uno de los respaldos más decisivos del sistema político a los industriales de los medios es el marco legal, como el régimen de concesiones y permisos, de particular importancia para los industriales y en los que se refleja la postura de apoyo al proyecto privado y el desaliento a los medios de tipo educativo o cultural.

Las concesiones otorgan escasos controles para su explotación comercial, lo que da como resultado una virtual autorregulación por parte de los concesionarios.

Si hay más de una solicitud de concesión, la autoridad deberá resolver "a su libre juicio", y "calificando el interés social", lo que ha propiciado una concentración de los medios concesionados.

Para obtener una concesión -cuyo tiempo de disfrute es de 30 años- es suficiente cumplir sólo con requisitos de orden formal, económico y técnico, sin tener que comprometerse a cubrir compromisos relacionados con una perspectiva de servicio social que hagan merecedor al solicitante de manejar estos importantísimos recursos de la nación. La concesión se refrenda de forma casi automática, sin una mínima evaluación.

Desde la promulgación de la ley de 1960 no ha sido revocada ninguna concesión. Los medios no rinden cuentas de la utilización de bienes de la nación, y se instalan en la lógica de la búsqueda de la máxima ganancia, con la rentabilidad como eje de sus actividades. No se reglamenta ni sanciona los altos índices de publicidad.

Sobre las tarifas publicitarias, el Estado sólo se atribuye vigilar que se cobre el mínimo y no el máximo de las tarifas, la venta de los espacios de transmisión se ha convertido en la razón de ser las empresas, mismas que se encarecen con toda facilidad sin regulación alguna, en un manejo francamente mercantil de los espacios de comunicación que se opone a la función social que les asigna la propia ley.

Esta simbiosis y favoritismo en las concesiones y su manejo redunda en un manejo de los medios en función de intereses particulares y no con base en los de la sociedad nacional.

Los medios electrónicos, entendidos como empresas altamente redituables, al mismo tiempo que relevantes fuerzas políticas, han acrecentado su influencia a lo largo de las últimas décadas prácticamente sin contrapeso alguno, ni del aparato de gobierno ni de la sociedad.

La televisión está bajo el control de oligopolios empresariales que, como Televisa -y O Globo, de Brasil-, crecieron al amparo del poder político.