Acorralado por la justicia chilena, el ex dictador Augusto Pinochet, acusado por graves violaciones a los derechos humanos posteriores al golpe de septiembre de 1973 --cuando se hizo del poder en Chile--, agota los últimos recursos para evadir el proceso legal en su contra. 

En una franca postura de rebeldía, el senador vitalicio, a quien la Corte Suprema le retiró la impunidad parlamentaria, no se presentó a los exámenes médicos que tienen por objeto determinar su estado de salud mental para comparecer en un jucio en el que se le inculpa de 57 homicidios y 18 secuestros calificados. 

Los abogados de Pinochet han intentado de todo --por las vías legal e ilegal-- para evitar el jucio. Recientemente, buscaron el fraude médico, pero fracasaron al toparse con un incorruptible Juan Guzmán, juez instructor del caso. Al parecer, la defensa de Pinochet, al ver agotada la estrategia de dilación, ahora prtenende forzar al gobierno de Ricardo Lagos a intervenir, con la clara intención de generar un conflicto político en torno al caso, y buscar, posiblemente, una nueva ley de amnistía para impedir el procesamiento del general. 

Ante la negativa de Pinochet para comparecer, el juez Guzmán tendrá el camino libre para dictar auto de procesamiento por el caso caravana de la muerte, que, en virtud de la legislación penal en Chile, faculta al juez a dictar una resolución en contra del inculpado cuando hay pruebas suficientes, incluso omitiendo el recurso del interrogatorio. 

Por su parte, en un mensaje histórico, el presidente Lagos subrayó la importancia de un informe presentado hace dos días por las fuerzas armadas, en el que finalmente los militares reconocen implícitamente violaciones a los derechos humanos durante el régimen dictatorial encabezado por Pinochet. 

Romper la cadena de silencio que las fuerzas armadas habían mantenido durante casi tres decenios, ademas de ser un golpe certero de la milicia al general, representa un paso enorme para poder esclarecer cientos de crímenes cometidos durante la dictadura, y aliviar, en lo posible, la oscura memoria de una nación que no puede mirar al futuro, sin antes curar las profundas heridas del pasado. 

En Chile como en todo el mundo debe imperar la justicia, la legalidad. Pinochet ha sido desaforado y la Corte Suprema lo considera acusable. El longevo general, tarde o temprano, deberá enfrentarse al imperio de la ley.