MARTES Ť 9 Ť ENERO Ť 2001
Ť Jaime Cárdenas: acotar las facultades del TEPJF sería una contrarreforma
Consejeros, por la defensa de instituciones electorales
ALONSO URRUTIA
Consejeros del Instituto Federal Electoral calificaron de muy grave el desacato del Congreso de Yucatán al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues constituye un desafío a las instituciones; subrayaron que el único antecedente de incumplimiento de las sentencias del organismo ocurrió precisamente en esa entidad, cuando no se asumió una decisión que modificaba la distribución de diputaciones plurinominales.
El consejero Jaime Cárdenas consideró que la tentativa del PRI de promover cambios legales para acotar las facultades del TEPJF representa una contrarreforma electoral y puede representar un obstáculo a la transición democrática. En el fondo, sostuvo, se pretende hacer pasar por defensa de la soberanía estatal lo que en realidad es protección de intereses caciquiles de algunos grupos políticos.
En tanto, Mauricio Merino destacó que la consolidación de la justicia electoral en México es un elemento clave para la transición. El país, agregó, ya pasó por aquellos tiempos en que se dirimían los conflictos electorales con arreglos políticos.
"La creación de una última instancia jurisdiccional en materia electoral que terminara con esos conflictos fue uno de los logros más importantes de la reforma en 1996", expresó.
Entrevistados por separado, los consejeros coincidieron en la importancia de defender las instituciones electorales que el país ha construido en los últimos años, así como dejar atrás la etapa de las presiones políticas como fórmula para arreglar los diferendos.
Mauricio Merino aseveró que fue en Yucatán donde se tiene el único antecedente de desacato a un fallo del TEPJF. "La decisión afectó a un partido político que está muy irritado contra este fallo, pero ello no implica que el tribunal esté en entredicho".
Destacó que la legislación no es perfecta y está sujeta a interpretaciones. Los partidos hicieron recaer en el TEPJF la facultad de interpretarla y dirimir los conflictos; éste no es una instancia menor, pues forma parte nada menos que de uno de los tres poderes de la Unión.
El consejero añadió que en momentos difíciles, los partidos políticos están obligados a ser prudentes, en aras de garantizar el sistema electoral que se ha creado en los últimos años por acuerdo de todos los actores. "México ya vivió tiempos difíciles en materia electoral y hoy lo que importa es preservar el sistema".
A pregunta expresa, consideró que las facultades que tiene en la actualidad el TEPJF no deben ser modificadas, y apuntó que el fortalecimiento de la justicia electoral es un elemento clave en la consolidación democrática de la República.
Existen intereses caciquiles detrás del caso Yucatán
Para Jaime Cárdenas los conflictos yucateco y tabasqueño van más allá de ser asuntos locales, pues se está poniendo en entredicho a la máxima instancia jurisdiccional en la materia.
"Es preocupante la reacción asumida por el priísmo yucateco, no sólo por el desacato que se ha dado al fallo, sino también porque cuando comienza a consolidarse la justicia electoral, con un mayor compromiso con la democracia mexicana, ya se amenaza con promover juicios políticos contra los magistrados."
El anuncio del tricolor de promover cambios para acotar las facultades del TEPJF, consideró, representa el intento de una contrarreforma electoral para impedir la consolidación de un nuevo régimen político. Pareciera que lo que se pretende es regresar al pasado cuando los conflictos electorales no se resolvían jurídicamente sino mediante concertacesiones, presiones políticas y acuerdos no siempre legales, abundó.
"El argumento de la autonomía no es válido, porque ésta tiene límites en la aplicación del derecho. Lo que en el fondo hay es la expresión de intereses caciquiles que se contraponen al avance democrático del país".
En Yucatán, añadió, existe un grave desafío en contra de la legislación vigente, y ello podría ser motivo no sólo de responsabilidades políticas que derivarían en un juicio a los legisladores locales que no admiten la sentencia del tribunal, pero también pudiera implicar cargos penales.
Más allá de las inconformidades que los partidos políticos puedan tener respecto a las resolucioness del TEPJF, lo que no puede admitirse es que ello derive en el incumplimiento de la ley.
De hecho, externó, el conflicto derivado por la integración del Consejo Estatal Electoral no tendrían por qué existir ya, pero se da porque es la expresión de intereses políticos muy identificados, los cuales se niegan al avance democrático.