MARTES Ť 9 Ť ENERO Ť 2001
Ť Juan Guzmán le fija nuevas fechas para someterse a los exámenes médicos
Pospone el juez interrogatorio a Pinochet para el próximo lunes
Ť El magistrado se trasladará a la casa de descanso del ex dictador para hacerle las preguntas
REUTERS, AFP, DPA Y AP
Santiago, 8 de enero. En una decisión sorpresiva, el juez chileno Juan Guzmán Tapia resolvió este lunes postergar el interrogatorio de Augusto Pinochet, inicialmente previsto para este martes. Además, ordenó nuevas fechas para someter a exámenes médicos al ex dictador, cuya actitud de no presentarse ni ayer ni hoy a esas pruebas había sido interpretada como un abierto desafío a la justicia.
Cientos de personas, en tanto, exigieron esta noche "šJuicio al dictador!" y gritaron que el gobierno "ampara a los militares", en una marcha frente al palacio presidencial de La Moneda convocada por el Partido Socialista y organismos humanitarios, mientras la difusión del informe militar sobre el destino de unos 200 desaparecidos bajo la dictadura del ex general continuó causando revuelo y duras críticas de organismos humanitarios.
Guzmán, a cargo de más de 200 querellas contra Pinochet, cambió la fecha de la indagatoria para el próximo lunes 15 y ordenó por segunda vez que el ex militar sea sometido a análisis físicos y mentales el jueves y viernes próximos en el Hospital Militar de esta capital.
La decisión de Guzmán provocó sorpresa porque justamente esta mañana la defensa del ex dictador había sufrido un revés cuando la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de "no innovar" (congelar los trámites para el procesamiento) presentados el viernes pasado, y declaró vigente el interrogatorio de este martes.
Con los amparos, los abogados de Pinochet pretendían que se suspendiera la comparecencia y que el juez Guzmán esperara los resultados de los exámenes médicos y sicológicos, que buscan determinar si el acusado está en condiciones de enfrentar un juicio.
Al mismo tiempo, la defensa aconsejó a Pinochet no presentarse a la revisión médica del domingo y este lunes, en una decisión calificada en medios judiciales como "un abierto desacato". En cambio, el ex dictador sí salió de su residencia de descanso para asistir a misa.
Poco después de conocerse el dictamen de la Primera Sala de lo Penal, el abogado querellante Hugo Gutiérrez afirmó que esto detenía "las maniobras dilatorias de la defensa, se acaba el show", y se declaró convencido de que "este interrogatorio debe efectuarse previa orden de arresto de Pinochet para asegurar su comparecencia y el éxito de la diligencia".
Sin embargo, los abogados defensores decidieron presentar un nuevo recurso de amparo, pero esta vez ante la Corte Suprema de Justicia, aunque ya el viernes, el máximo tribunal había respaldado el cronograma establecido por el juez, tanto para el interrogatorio como para los exámenes médicos.
Con la decisión de la Corte de Apelaciones, Guzmán tenía el camino libre para ordenar el arresto domiciliario del ex jefe del Ejército, quien permanece en su residencia deLos Boldos, a 120 kilómetros de Santiago. De acuerdo con la defensa, el ex dictador no podía ser interrogado en tanto existan recursos de amparo pendientes ante la justicia.
Pero en la tarde, en otra decisión sorpresiva que se interpretó como un gesto de aceptación de las diligencias judiciales, el vocero del ex militar, Guillermo Garín, fijó el domicilio de Pinochet en Bucalemu, donde se encuentra la casa de descanso, para que Guzmán Tapia se traslade al lugar a realizar el interrogatorio.
Fue entonces cuando Guzmán decidió fijar nueva fecha para el interrogatorio y los exámenes médicos que buscan establecer si el octogenario ex dictador puede ser procesado por el caso de la Caravana de la Muerte, la comitiva militar que recorrió el país para fusilar a 75 opositores, en octubre de 1973, un mes después del golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Salvador Allende.
Sobre la decisión del magistrado, el abogado de la defensa Migue Schweitzer dijo a la televisión que "nunca hemos estado de acuerdo en que se le practiquen exámenes médicos. Lo que ha hecho la defensa, lejos de un desacato, como se pretende, es simplemente ejercer los recursos y defender al cliente".
Según analistas, lo único que podría salvar al anciano ex militar es ser declarado mentalmente incapaz para enfrentar el juicio o bien "una reacción extrema" del ejército. Fuentes querellantes, citadas por Dpa, indicaron que las maniobras de la defensa buscan una "estrategia confrontacional" destinada a tensar la situación, hasta obligar a intervenir al ejército.
La información que brindó la víspera el presidente Ricardo Lagos sobre el destino de casi dos centenares de desaparecidos provocó dolor en muchos familiares de las víctimas, que se enteraron que sus seres queridos habían sido arrojados al mar o ríos, y decepción en quienes siguen sin tener información.
En este contexto, el comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, condicionó la entrega de nueva información sobre el destino de los detenidos-desaparecidos a que cambien "las condiciones actuales", en alusión implícita al caso Pinochet.
En respuesta, el mandatario socialista advirtió que "nadie puede condicionar la entrega de información, porque es un tema que depende de la conciencia moral de cada chileno".
Al presentar la víspera el informe de los militares sobre los detenidos-desaparecidos, Lagos calificó la situación actual como un momento propicio para incentivar un "clima de unidad nacional" y de "respeto a los derechos humanos".
Pero Jaqueline Pinochet, hija menor del ex dictador, exigió al Ejército "una decisión más enérgica y fuerte" y acusó al jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, de tratar de quedar bien "con Dios y con el diablo", al entrengar información sobre los desaparecidos. Insistió además en que su padre no tuvo responsabilidad en los crímenes cometidos bajo sus 17 años de régimen.
A su vez, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, afirmó que el gobierno continuará investigando el destino de los detenidos-desaparecidos, porque "hay casi 700 personas que no han sido encontradas y que es necesario seguir buscando". El funcionario reiteró el reconocimiento gubernamental a las fuerzas armadas por la decisión de confesar delitos y responsabilidades, a diez años del fin de la dictadura.
Indignación por el informe de la Mesa de Diálogo
Sin embargo, los familiares de las víctimas reaccionaron indignados al informe recopilado por la Mesa de Diálogo durante seis meses, en el cual las fuerzas armadas reconocen que decenas de los desaparecidos fueron lanzados al mar, ríos, lagos o montañas, o bien fueron incinerados.
Carmen Hertz, viuda de un desaparecido y abogada querellante en el proceso contra Pinochet, afirmó que el documento "es una burla, una mentira, una falta de respeto, no sólo para las familias, sino a la sociedad. Me parece raro que justo aparezca información respecto a los procesos que lleva el juez Guzmán... No me cabe duda de que es una maniobra de inteligencia del ejército".
Lorena Pizarro, hija de un dirigente comunista desaparecido, sentenció que "esto no es información. Decir que fueron lanzados al mar. Que digan cuándo, cómo, quiénes son los responsables".
Entre los casos emblemáticos del informe sobre los desaparecidos se encuentran el de Víctor Díaz, dirigente del Partido Comunista; Jorge Muñoz, esposo de la actual dirigente de ese partido, Gladys Marín; y el industrial Andrés Pereira.
El presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, reconoció que la mayoría de los asesinatos de desaparecidos podrían quedar sin sanción por una amnistía declarada en 1978, porque los crímenes se cometieron en el periodo que cubre dicha medida.