MARTES Ť 9 Ť ENERO Ť 2001
Marcos Roitman Rosenmann
Tiranías y luchas democráticas: el caso Pinochet
No toda oposición a los regímenes tiránicos puede homologarse a un comportamiento y opciones democráticas. Los procesos de negociación sobre los cuales se pactaron los límites de los gobiernos postiránicos en América Latina y el sur de Europa en los años setenta y ochenta del siglo XX son un buen ejemplo.
Hoy, treinta años más tarde, observamos algunas consecuencias de estos procesos donde se confundió la lucha contra la tiranía, así como la defensa de los derechos humanos con el advenimiento de regímenes políticos de contenido y comportamiento democrático. Veamos los hechos en Chile.
La oposición a la tiranía de Pinochet aunó voluntades disímiles y proyectos políticos diferentes. Es más, parte de los opositores gozaron algún tiempo de los privilegios que otorgó la tiranía a colaboradores o partidarios del golpe de Estado. Así, la concertación democrática se configuró con quienes mantuvieron comportamientos complacientes apoyando explicita o implícitamente la tiranía. Desde el Partido Demócrata Cristiano pasando por personalidades independientes, élite política, social, cultural y económica, hasta quienes fueron objeto de represión y torturas.
Una concertación de tan amplio espectro debía contener mínimos aceptables para quienes por su pasado y sus postulados ideológicos no compartían la proposición de impulsar un proyecto democrático, aunque sí por establecer un régimen de respeto a las libertades individuales y sociales. Por consiguiente, el acuerdo debía obviar implícitamente ciertas preguntas. Sería de mal gusto interrogarse acerca de: ƑPor qué se apoyo a una tiranía? ƑPor qué se mantuvo silencio y complicidad con la violación de los derechos humanos? ƑQué responsabilidad cupo en el golpe de Estado a Partidos y personalidades ahora miembros de la Concertación Democrática?
Hubo que pactar, no sólo con quienes ejercían la represión y la tiranía, sino entre quienes formaban la oposición pinochetista. Oposición que en los años ochenta había crecido hasta límites insospechados. Aliados del tirano soltaron amarras y optaron por jugar en el campo de las libertades, viendo un hueco desde el cual expiar sus responsabilidades golpistas. No resulta extraño que diputados y senadores de la Democracia Cristiana en el año 2000 votaran, salvo dos excepciones, la conformidad con otorgarle a Pinochet el grado de Presidente constitucional igualando su mandato al de otros presidentes elegidos libremente. En dicho acto también participo el partido socialista chileno.
Sobre los cuerpos de ciudadanos detenidos-desaparecidos, la tortura , la ignominia y la falta de escrúpulos se construyó la transición postiránica. Por consiguiente, se obvio lo específico concerniente a un proceso democrático, los principios ético-políticos sobre los cuales edificar cualquier proyecto reconciliador. La justicia y la ley. La necesidad de enjuiciar y de castigar los delitos y crímenes cometidos durante el ejercicio del poder político quedo impune. Respecto de los responsables políticos directos, cómplices cercanos y colaboradores se seguirá una política diferenciada. El silencio, la total sumisión con el tirano será premiado con la impunidad. Ello formaba parte del pacto.
El guión debía ser enseñado y nada mejor que el primer presidente de la Concertación Patricio Alwyn para demostrar que lo había aprendido. Alwyn declaró que la Comisión para esclarecer las violaciones de derechos humanos, conocida finalmente como informe Rettig, sólo investigaría los casos de detenidos desaparecidos. Quienes estaban vivos y hubiesen sido objeto de arbitrariedades, violaciones de derechos humanos y torturas debían sentirse contentos. Salir con vida era un premio más que suficiente.
Así se ha vivido en Chile. Ignorando la decencia, la necesidad de democracia y justificando la libertad del Tirano, de sus ministros, de sus colaboradores y torturadores obedientes. Hoy, cuando la transición en Chile puede dar comienzo, es decir, cuando se explicita una lucha democrática; el chantaje, el miedo, la pérdida de conciencia y memoria histórica posibilita manipular políticamente lo que judicialmente debe producirse: la detención del tirano y sus colaboradores.
Asistimos a un proceso político donde individuos que lucharon por las libertades y negociaron su reinserción en el ámbito político contingente ven en este proceso judicial por torturas, secuestro y crimen una ruptura de los acuerdos de la concertación. No debe extrañarnos por ello que desde una parte importante del poder se presione para evitar dicho juicio.
Los responsables son personas, no instituciones. Y tal vez haya personas cuya conciencia les atenace y sientan la necesidad de ser juzgados también. Esperemos la acción de la Justicia. Si el tirano es juzgado será sinónimo de ruptura democrática. Si no, veremos con seguridad la trasformación de un Lago en ciénega.