Pinochet, sometido a los exámenes médicos en el Hospital Militar
Ť Hubo incidentes frente al nosocomio entre partidarios y adversarios del ex gobernante de facto
Ť Nuevo rechazo de la Corte Suprema a petición
para remover del caso al juez Juan Guzmán Tapia
AFP, DPA, AP Y REUTERS
Santiago, 10 de enero. Augusto Pinochet fue sometido hoy a una serie de exámenes médicos en el Hospital Militar, en medio de incidentes entre partidarios y adversarios y un nuevo rechazo de la Corte Suprema para remover al juez Juan Guzmán Tapia de los procesos que si-gue contra el ex dictador.
La
primera etapa de los exámenes, que comenzó con retraso esta
mañana, incluyó análisis de orina y sangre, y más
tarde se le practicó un escáner cerebral. Todo esto terminó
cerca de las 16 horas, al cabo de lo cual el paciente regresó a
su residencia en el exclusivo ba-rrio La Dehesa, en esta capital.
Durante los exámenes estuvieron presentes seis especialistas, y dos peritos adjuntos de la parte acusadora, así como Guzmán Ta-pia. Las pruebas clínicas continuarán hasta el próximo sábado, e incluirán también exámenes psiquiátricos y neurológicos.
La declaración indagatoria está prevista para el lunes, pero el abogado defensor Ambrosio Rodríguez puso en duda su asistencia al señalar que una vez que se conozcan los análisis médicos, el juez va a determinar si su cliente está en condiciones o no de hacerlo.
Un grupo de unas 50 personas acompañaron al desaforado senador vitalicio al hospital, pero versiones no confirmadas señalaron que parte de las pruebas médicas de hoy habían continuado en la clínica privada de Las Condes, an-te la falta de todo el equipo requerido en el sanatorio castrense.
En el exterior del Hospital Militar simpatizantes del ex dictador exhibieron pancartas con la leyenda "soldado, no pidas perdón por salvar a la patria", pero sus adversarios presentes respondieron con gritos de "asesino, asesino"; am-bos grupos se mantuvieron separados por un cordón policial.
Por su parte, la Corte Suprema rechazó por segunda vez, y por una votación de 13 contra tres, un pedido de la defensa de remoción de Guzmán Tapia, en el que se in-sistía en que el juez ha cometido varias "irregularidades" en el caso que sigue contra Pinochet en lo referente a querellas relacionadas con la caravana de la muerte.
Operativo criminal
La caravana de la muerte fue un operativo militar llevado a cabo en octubre de 1973, tras el cruento golpe militar, que consistió en el fusilamiento de 75 presos políticos opositores, y Guzmán Tapia tiene importantes fundamentos sobre la autoría y coautoría intelectual del anciano ex general.
"El ministro Guzmán se encuentra perturbado y ha perdido la se-renidad de juicio para seguir con el proceso", era uno de los alegatos de la defensa en la impugnación escrita desechada por el tribunal superior.
El
juez del caso, quien atiende ya 203 querellas contra Pinochet al ser presentada
una nueva este día, reiteró ante el canal Chilevisión
las declaraciones hechas la víspera a Le Monde, de que ha
recibido presiones por el manejo del proceso y que han sido mu-chas en
los últimos seis meses.
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, negó que algún miembro del gobierno del presidente Ricardo Lagos haya presionado a Guzmán Tapia para que tomara una u otra decisión en el proceso, independientemente de las "presiones" que el juez haya dicho que recibió.
El Partido Socialista, de la alianza gobernante, se sumó a las críticas y reparos en torno al reciente informe entregado por las fuerzas armadas a las autoridades sobre el paradero de unos 200 detenidos desaparecidos durante la pasada dictadura pinochetista.
Ricardo Núñez, el líder socialista, se reunió con Insulza para ex-ponerle su inconformidad hacia los resultados de la Mesa de Diálogo, y entregarle unos 50 reportes precisos, elaborados dentro de su partido, y que contradicen en gran medida los informes de las fuerzas armadas en relación a sus dirigentes desaparecidos.
En respuesta a esto el titular de Defensa, Mario Fernández, admitió que "puede haber" errores en el citado informe castrense, y consideró "comprensibles" las dudas de los familiares de las víctimas del régimen militar. Mientras, Lagos llamó a la calma y pidió que se de-je actuar a los tribunales.
En ciertos sectores de las organizaciones de derechos humanos se observa con escepticismo la en-trega de datos por parte de las fuerzas armadas, debido a que en las listas de las 151 personas lanzadas al mar figuran familiares de los principales dirigentes y figuras de la campaña nacional dedicada a esclarecer la suerte que corrieron los desaparecidos.
Entre ellos aparece el esposo de la lideresa del Partido Comunista, Gladys Marín, y el padre de la abogada de derechos humanos Pamela Pereira. El informe incluye también datos sobre las víctimas de tres de las causas que lleva Guzmán: la caravana de la muerte, calle Conferencia y Pisagua.
Maniobras del ejército
Los críticos del informe consideran que hay un claro intento de las fuerzas armadas de lograr que las causas sean sobreseídas, además porque los antecedentes que se presentan son muy frágiles y generales, y son muy pocos los casos en los que se ofrecen precisiones.
En tanto, la Corte de Apelaciones de San Miguel, al sur de Santiago, ordenó a la jueza María Te-resa Díaz interrogar a un ex piloto de Pinochet, mayor Antonio Palomo, y al coronel del ejército Olaguier Benavente, ambos retirados, luego que este último dijo que el piloto le confesó haber lanzado al mar hasta 1976 decenas de cuerpos sin vida de izquierdistas du-rante misiones secretas.