las fianzas, cauciones y depósitos judiciales que efectúan las personas cuando tramitan su libertad provisional ante los distintos juzgados estatales.
VIERNES Ť 12 Ť ENERO Ť 2001
Ť A pocos días de asumir el poder, Salazar Mendiguchía encontró cientos de "recibos"
El presidente del STJ de Chiapas podría haber desviado recursos en favor de Albores Guillén
Ť Dos mdp habrían sido usados en movilizaciones contra los acuerdos de San Andrés
JAIME AVILES
Entre 1998 y 1999, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas (STJECH), Noé Castañón León, desvió más de dos millones de pesos de ese organismo para efectuar movilizaciones sociales en apoyo del entonces gobernador Roberto Albores Guillén. La Jornada posee abundantes pruebas documentales del manejo ilícito de ese dinero, que amparan gastos de transporte y alimentación de personas, compra de "vestuarios y uniformes", material eléctrico e "instalaciones", entre otros.
Véase, por ejemplo, la copia de un "recibo" sin folio ni sellos oficiales, por 9 mil 500 pesos, entregados a 190 indígenas del municipio de Zinacantán "por concepto de apoyo económico para cubrir nuestros gastos personales de alimentación, los cuales distribuimos a razon de $ 50.00 (cincuenta pesos) para cada uno (sic) y estar en posibilidad de manifestar nuestro apoyo e interés a las iniciativas de reforma constitucional y de ley de derechos y cultura indígenas del estado de Chiapas, que será analizada por el Congreso del estado el día de hoy jueves 29 de julio de 1999".
Este es sólo un botón de muestra. Días atrás, al cumplir su primer mes al frente del gobierno de Chiapas, el nuevo titular, Pablo Salazar Mendiguchía, encontró un legajo con cientos de "recibos" de este tipo, que demuestran que Noé Castañón sustrajo ilegalmente por lo menos dos millones de pesos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, dependiente del STJE, para respaldar las actividades de la Comisión de Remunicipalización, que encabezaba él mismo.
Al entregar a este diario numerosas copias de esos documentos, Salazar Mendiguchía recordó que ha presentado una denuncia penal contra Castañón León por el desvío de 2 millones de pesos, aunque la suma total podría ascender a 6 millones una vez que se esclarezca el movimiento de dinero que el presidente del STJE realizó en el año 2000, y que "ya no fue por medio de recibos, sino de supuestos subsidios".
Popularidad alquilada
La historia es breve. Tras la firma de los acuerdos de San Andrés en febrero de 1996, la administración de Ernesto Zedillo y el EZLN convinieron en poner en marcha un proyecto de remunicipalización en diversas regiones del conflicto, una vez que el Congreso de la Unión aprobara una ley federal sobre derechos y cultura de los pueblos indígenas.
Este paso, como es bien sabido, no se ha cumplido aún. Ese mismo año, no obstante, el entonces gobernador interino de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro integró una llamada Comisión de Remunicipalización que, en forma unilateral y sin la aprobación del EZLN, intentó crear una serie de nuevos municipios en la selva y en los Altos.
En enero de 1998, semanas después de la matanza de Acteal, Ruiz Ferro fue sustituido por Albores Guillén, y éste retomó el proyecto con singular entusiasmo, violando no sólo los propios acuerdos de San Andrés sino las leyes del estado de Chiapas. En este sentido nombró a Noé Castañón titular de la Comisión de Remunicipalización, perpetrando así una aberración jurídica.
"Siendo presidente del Poder Judicial, que es un poder autónomo del Ejecutivo, el señor Castañón León se convirtió, al mismo tiempo, en empleado del gobernador, del cual depende la Comisión de Remunicipalización que yo desaparecí en uno de mis primeros actos de gobierno", explica Salazar Mendiguchía.
"La segunda aberración legal en que incurrió este sujeto es que para apoyar las actividades políticas de la Comisión de Remunicipalización, sustrajo ilícitamente enormes sumas de dinero pertenecientes al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, que depende del supremo tribunal", agregó el flamante gobernador chiapaneco.
El Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, dijo, es el que concentra todas
las fianzas, cauciones y depósitos judiciales que efectúan las personas cuando tramitan su libertad provisional ante los distintos juzgados estatales.
"Pero ésta era una de las tantas cajas chicas de Albores Guillén, y Noé Castañón abusó de esos recursos para financiar la política de contrainsurgencia de la administración anterior", resume Salazar Mendiguchía. "Don Noé utilizó esos fondos para llevar a cabo movilizaciones sociales, que pretendían crear la impresión de que había un gran respaldo ciudadano a la política de mano dura de Albores".
Por este motivo, y con las pruebas a la mano, el gobierno de Salazar ha fincado una denuncia penal contra Castañón León, quien el próximo mes de abril dejará de ser magistrado del STJE y deberá, por tanto, abandonar la presidencia del mismo para la que apenas en diciembre fue reelecto.
El precio de la fama
Aunque todos los "recibos" que documentan este oscuro manejo de los fondos del STJE carecen de sellos o folios, muchos están firmados de puño y letra por el contador público Roberto García Orozco, "auditor de la contraloría interna" del tribunal.
Entre esos papeles destacan varias facturas fiscales de la empresa Femsa, distribuidora de Coca Cola, con sede en bulevar Belisario Domínguez número 654, en Tuxtla Gutiérrez, para justificar la compra de miles de latas de ese refresco.
Salta a la vista, asimismo, una "relación de gastos de remunicipalización" que ampara compras de "material eléctrico" por 2 mil 899 pesos; "instalaciones" (?), por 2 mil pesos; "vestuarios, uniformes y blancos", por 4 mil 50 pesos; "arrendamiento de vehículos", por 984 mil 800 pesos, y "alimentación de personas" por 532 mil 200 pesos, todo lo cual suma un millón 521 mil 899 pesos, o 75 por ciento de la cantidad desfalcada por la que se acusa penalmente a Noé Castañón.
En el desglose de la propia relación se alude a facturas presentadas por la Sociedad Cooperativa de Transportes Lacandonia por 430 mil pesos; "recibos de dinero (para) transporte de personal", por 11 mil 300 pesos; "recibo de dinero (para) evento (en) palacio de gobierno", por 100 mil 400 pesos, y facturas números 46741 y 46727, cada una por 15 mil pesos, a nombre de Embotelladora Sin Rival, SA.
Lo más inquietante es el machote de un recibo del STJE por la cantidad de 50 mil pesos ("mil personas por cincuenta pesos") "por concepto de pago de pasajes y alimentación de personas", firmado por el "juez de paz y conciliación" del municipio de Chenalhó, cuyo nombre resulta ilegible, pero que también fue aprobado por el auditor Roberto García Orozco del propio STJE.
No deja de ser una denuncia implícita de la miseria reinante en las comunidades indígenas priístas de Chiapas el otro machote, emitido igualmente por el STJE, para justificar los gastos, a razón de 50 pesos por persona, que requirieron de tan magra ayuda "para estar en posibilidad de manifestar apoyo e interés" a las iniciativas de ley Albores Guillén.
Tanta era el hambre y la debilidad de sus simpatizantes rentados.