El costo del gas tuvo un incremento de 400 por ciento en los últimos tres meses, y las consecuencias se empiezan a manifestar en el cierre de empresas --debido a los altos costos de producción-- y la pérdida de casi 10 mil empleos. De mantenerse la tendencia al alza, el país se encontraría en la antesala de una severa crisis económica y social. 

Ante la inmovilidad de la Secretaría de Energía (SE) para resolver, o por lo menos proponer una solución integral al problema, los industriales afectados, en voz del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Raúl Picard, exigen la presta intervención del presidente Vicente Fox en el asunto. 

A estas voces se han sumado las del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X. González, quien deplora la incapacidad de las autoridades de la SE para dar una respuesta satisfactoria al sector, y en especial la del senador José Natividad González Parás, quien advirtió que de no haber una respuesta inmediata se convocará a los funcionarios del gabinete económico a comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

Pero, al margen de la polémica que se ha suscitado entre los funcionarios de Energía, legisladores y representantes del sector, el país merece una explicación clara de lo que en realidad está sucediendo. 

Las autoridades hablan de una "burbuja" que se desinflará en los próximos meses; los industriales --con toda razón-- se quejan por la situación financiera de sus empresas; pero los consumidores, la gente común que tiene que arreglárselas para pagar el gas porque es un bien indispensable, sobre todo en estas épocas del año, queda a expensas de una decisión que se pugna entre intereses ajenos. 

No obstante el gobierno sea el responsable directo del problema, tanto funcionarios como industriales parecen estar velando por sus propios intereses sin dar la debida importancia al daño que, en el ínter, se está ocasionando en la economía de las familias y los pequeños negocios. 

Sin duda, los organismos empresariales aciertan en exigir a las autoridades federales que Pemex ajuste el precio del gas a un nivel que les permita competir en el mercado. Y es prioritario que el gobierno cumpla con las promesas de apoyo a la industria nacional, porque el país no merece pagar ningún rescate a causa de políticas irresponsables. 

Resulta absurdo que en México, un país con una importante producción de gas a escala mundial, el costo de éste llegue a un precio inaccesible para la gran mayoría de la población, de los propios consumidores internos. ¿Qué tipo de política permite que esto suceda? 

Urge una solución inmediata a este problema. Tanto las autoridades de Energía, los industriales de los sectores afectados, los legisladores y el Ejecutivo federal deben trabajar de manera coordinada en la búsqueda de una propuesta que responda a los intereses de todos los mexicanos.