SABADO Ť 13 Ť ENERO Ť 2001
Ť Se está perdonando a delincuentes y criminales, según legisladores priístas
Excarcelan a otro zapatista de Cerro Hueco
Ť Es el decimonoveno preso indígena liberado por el gobierno de Salazar Mendiguchía
ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL
Tuxtla Gutierrez, Chis., 12 de enero. Un indígena pro zapatista fue puesto en libertad hoy por las autoridades locales como parte del proceso de liberación de presos políticos que exige el EZLN para retornar a las mesas de diálogo con el gobierno federal.
Ricardo García Hernández, originario de la zona norte del estado y acusado de homicidio y lesiones por parte de miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia, purgaba una pena de ocho años de cárcel desde junio de 1996 en el penal de Cerro Hueco, según el expediente penal marcado con el número 214/996.
Se trata del decimonoveno preso liberado desde que tomó posesión del gobierno Pablo Salazar Mendiguchía el pasado 8 de diciembre y formaba parte del grupo de unos 90 indígenas simpatizantes y miembros de las bases de apoyo del EZLN que esperan ser excarcelados en los próximos días.
Sin embargo, la liberación de supuestos zapatistas ha provocado controversia en algunos sectores opositores al gobierno, como el Poder Legislativo local de mayoría priísta, que solicitó la comparecencia del procurador de justicia estatal, Mariano Herrán Salvatti.
Según la bancada priísta, el gobierno está liberando "a delincuentes y criminales, bajo el supuesto de que son zapatistas", consideró el presidente de la Gran Comisión, Mario Carlos Culebro Velasco.
También grupos campesinos priístas del municipio Nicolás Ruiz se manifestaron contra la liberación de Armando Jiménez, el penúltimo preso pro zapatista liberado. Consideran que el ex reo es culpable de homicidio de uno de sus familiares, por lo que exigieron su arresto.
La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos denunció que el Ejército Mexicano continúa vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en los puestos de control que mantiene en ocho regiones de la entidad.
Los denunciantes exigen la salida de los efectivos castrenses no sólo de los siete puestos que exige el EZLN, sino de cada uno de los destacamentos instalados desde 1994 a la fecha.