Aplaza Guzmán el interrogatorio a Pinochet hasta el 23 de enero

Ť Terminaron los exámenes médicos que ordenó el magistrado del caso al ex dictador chileno

DPA, AP, AFP Y REUTERS

Santiago, 12 de enero. Esta tarde terminaron los exámenes médicos a los que fue sometido Augusto Pi-nochet durante tres días por mandato judicial, y el juez del caso, Juan Guzmán Tapia, accedió a una petición de la defensa y aplazó el interrogatorio al ex dictador previsto para el lunes 15, a realizarse ahora el martes 23 de enero.

En tanto, las excavaciones para buscar los cuerpos de seis detenidos  desaparecidos durante la pasada dictadura militar en la localidad de Cuesta Barriga, han resultado infructuosas hasta hoy.

La búsqueda en este lugar es la primera que se efectúa con base en datos proporcionados por las fuerzas armadas, como resultado de los informes surgidos de la Mesa de Diálogo cívico-militar, con da-tos recopilados por el ejército en los últimos seis meses y entregados el viernes último al presidente Ricardo Lagos, que a su vez los re-mitió a la Corte Suprema.

Al concluir este viernes los exámenes mentales y neurológicos a Pinochet, un día antes de lo programado, sus familiares y allegados se quejaron de que el anciano de 85 años había terminado "agotado y tensionado" y reiteraron que será difícil que el ex dictador acuda a la declaración indagatoria del próximo lunes ante el juez.

Sin embargo, Guzmán Tapia po-co después anunció que postergaba la indagatoria para el 23 de enero a las 10.30 horas, y que ésta tendrá lugar en la finca campestre del ex dictador en Bucalemu, al acoger una solicitud de la defensa.

Marco Antonio Pinochet, hijo del ex militar, opinó que la decisión del magistrado era "lógica y equilibrada", y el ex general Guillermo Garín, colaborador de Pi-nochet, admitió que la defensa se-guirá buscando la suspensión definitiva de la indagatoria.

El abogado Hugo Gutiérrez, de la parte querellante, dijo comprender la postergación del interrogatorio por razones humanitarias, pero advirtió que existe el riesgo de que la derecha utilice el nuevo plazo para ganar tiempo para que la indagatoria se suspenda.

Insisten en la impunidad

Uno de los más estrechos asesores del ex gobernante de facto y alcalde de la comuna de Providencia, Cristián Labbé, insistió en la necesidad de una ley de punto final co-mo solución a los problemas de los derechos humanos y los juicios contra los pinochetistas, y aseguró que la Mesa de Diálogo "fracasó" ante la falta de "liderazgo" para dejar atrás el pasado.

En tanto, medios de prensa locales señalaron a Luis Horacio Ro-jas, jefe de gabinete del Ministerio de Justicia, como el funcionario que sirvió de "puente" en las presiones políticas ante Guzmán Tapia para incidir en la supuesta toma de una decisión favorable al cierre de las pesquisas contra el ex dictador, pero Rojas desmintió la versión.

En tanto, la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos a cargo del juez especial Héctor Ca-rreño, en la localidad campesina de Cuesta Barriga, ubicada a unos 40 kilómetros de Santiago, no ob-tuvo hoy resultados.

"Tenemos que continuar mañana (sábado). Por ahora no hemos en-contrado nada trascendente. Yo no descarto la posibilidad de que ma-ñana sí se pueda encontrar algo", dijo Carreño, juez designado por el máximo tribunal, a la prensa en el lugar de las investigaciones.

Marisol Berríos, hija de uno de los desaparecidos que se supone está sepultado ilegalmente en el lugar, expresó que "estamos muy ansiosos esperando que la tierra nos indique alguna huella y que la información que recibamos sea cierta. Hay mucha ansiedad, porque es la primera vez que estamos tan cerca de esta noticia que he-mos esperado 25 años".

Familiares de las víctimas de la dictadura militar se mantuvieron a la expectativa mientras se realizaban las excavaciones, encaminadas a recuperar los restos de seis militantes comunistas que serían Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Luis Lazo, Fernando Navarro, Juan Ortiz y Héctor Véliz.

Junto al juez acudieron los peritos del Servicio de Investigaciones (policía civil) y del Servicio Médico Legal (morgue), a fin de participar en las pesquisas de identificación, en tanto que una cuadrilla de trabajadores llevó a cabo las excavaciones con picotas y palas, luego de que el pasado jueves se localizó el terreno de la supuesta fosa clandestina.

De acuerdo con los datos entregados a la justicia, los seis dirigentes comunistas detenidos y luego desaparecidos habrían sido enterrados allí por funcionarios del ejército, luego de que fueron asesinados por la Dirección de Inteligencia Nacional, la policía represiva del pinochetismo.