Ť Corresponde ahora a Fox apoyar la resolución judicial contra Cavallo, dicen

Piden ONG a la SRE ratificar la extradición

Ť Sería "escandaloso" que la cancillería asumiera la posición contraria, opina la ANAD

TRIUNFO ELIZALDE

Por separado, cinco organizaciones no gubernamentales (ONG) coincidieron en que corresponde al presidente Vicente Fox apoyar la resolución de Jesús Guadalupe Luna Altamirano, juez sexto de distrito en materia penal, quien ayer informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que en el juicio de procedimiento contra el ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, existen los elementos jurídicos suficientes para atender la demanda de extradición de éste a España.

La opinión es de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos; la Academia Mexicana de Derechos Humanos; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura.

En tanto, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, "la extradición del señor Cavallo reavivará sin duda la discusión pública acerca de cuál debe de ser, por una parte, la frontera entre la soberanía del Estado, y, por la otra, la necesidad de apoyar procedimientos de justicia internacional que castiguen los delitos de lesa humanidad".

Ello, porque la decisión de extraditar a Cavallo tiene dos partes; una, de orden jurídico, que corresponde a los tribunales, e incluso, llegado el caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y otra, de orden político, que corresponde a la SRE.

Es facultad del Presidente cooperar con la justicia internacional

Adalberto Saldaña Harlow, presidente de la ANAD, manifestó confianza en que Fox "actúe de manera procedente con el juez Jesús Guadalupe Luna Altamirano, ya que lo contrario no sólo sería lamentable, sino escandaloso dentro de un estado de derecho democrático".

Además, de acuerdo con el artículo 89, fracción X, de la Constitución de la República, "es facultad del Presidente, en materia de política exterior, apoyar la cooperación internacional para el desarrollo, no sólo económico, sino social, político y jurídico. La aplicación de la justicia es parte del desarrollo, y en el caso de Cavallo la soberanía no se disminuye cuando se trata de la búsqueda de la justicia en los casos de lesa humanidad".

Para Oscar González, presidente de la AMDH, el juez mencionado actuó como esperaban las organizaciones independientes de derechos humanos "no sólo nacionales, sino internacionales.

"La determinación jurídica da pie a la cancillería mexicana para tomar una decisión final, que deberá avalar el propio Presidente, pues es claro que en este tipo de procesos internacionales, como lo fue el asunto de extradición de Augusto Pinochet, es el jefe del Ejecutivo quien emite la decisión final.

En opinión de Edgar Cortés, director del Centro Pro Juárez, la posibilidad de que Cavallo sea juzgado por esos crímenes "representa un serio cuestionamiento a los sistemas de justicia de nuestro país.

"Si bien la decisión del juez de la causa a favor de la extradición provoca señales de optimismo (...), representa también un serio cuestionamiento a los sistemas de justicia de nuestros países, pues sus ciudadanos han debido recurrir a instancias internacionales para encontrar su derecho humano de recibir justicia."

La CMDPDH lamenta que el juez haya resuelto que el delito de tortura ha prescrito; sin embargo, exhorta a la cancillería a que, "de acuerdo con la observancia de instrumentos internacionales de los que España y México son parte, y cumpliendo con su obligación que ha asumido a nivel  internacional de investigar, perseguir, juzgar o en su defecto, extraditar a los presuntos responsables de delitos de lesa humanidad, apruebe la extradición de Cavallo, sobre todo cuando, ahora, la SRE está facultada para emitir un juicio favorable en torno a la extradición y actualizar los delitos por los cuales se le juzgará, incluyendo la tortura".

En tanto, ACAT de México expresó su beneplácito por la determinación judicial y manifestó su esperanza de que la cancillería asuma la misma posición.

La determinación del juez, abundó, representa "la dignificación de la justicia mexicana y sienta un precedente histórico en la trayectoria del Poder Judicial de México (...) y se cierra la posibilidad de que nuestro país sea refugio de criminales de lesa humanidad".

Desde Nueva York, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para la división de las Américas de Human Rights Watch, afirmó: "Con esta decisión histórica, México se convierte en el primer país de América Latina que aplica el principio de jurisdicción universal para las violaciones a los derechos humanos, en el contexto de la extradición. Este caso es una prueba más de que el procesamiento de Pinochet ha planteado una campaña real a favor del procesamiento penal de graves abusos a los derechos humanos".