DOMINGO Ť 14 Ť ENERO Ť 2001
Ť Irregularidades durante su desempeño como alcalde
Juez ordena reabrir investigación contra el gobernador de Chihuahua
MIROSLAVA BREACH VELDUCEA CORRESPONSAL
Chihuahua, Chih., 13 de enero. Un juez federal ordenó al procurador de Justicia del estado reabrir la investigación ministerial que archivó el año pasado, derivada de una denuncia de hechos por presuntos delitos de corrupción contra el ex alcalde de Chihuahua y ahora gobernador Patricio Martínez García, y dos de sus socios en una empresa privada.
La sentencia federal 441/00, dictada por el juez segundo Antonio Legorreta, determinó que el procurador debe reabrir el expediente que ordenó archivar, donde se contiene la denuncia interpuesta en 1988 por el abogado perredista Jaime García Chávez, referente a la compra-venta triangulada de un edificio adquirido por el ayuntamiento de Chihuahua durante el periodo 1992-95, en el que Patricio Martínez fue presidente municipal, operación en la que participaron sus socios Gazy Moisés y Jorge Ayub Ayub, y de la que presuntamente se desprendió un daño al patrimonio municipal superior a 1 millón 400 mil dólares.
El fallo del juez federal ampara al denunciante, Jaime García, para que la indagatoria continúe y se desahoguen nuevas pruebas fundamentales que perfeccionen la investigación de los presuntos hechos de corrupción, incluidas las declaraciones del gobernador y algunos funcionarios de su gabinete que también fungieron como servidores públicos en el ayuntamiento, durante la época en que se registró la polémica compra-venta a la que se le conoce aquí como el Pulse Gate.
La Procuraduría de Justicia del estado combatirá la decisión del juez con un recurso de revisión promovido ante el Tribunal Colegiado, por lo que aún no es una sentencia firme la que obligue al Ministerio Público a acatarla, dijo el procurador, Arturo González Rascón.
Cifras maquilladas
En otro orden, el alcalde de Ciudad Juárez, el panista Gustavo Elizondo Aguilar, acusó al gobierno del estado de maquillar cifras para ocultar los índices reales de violencia y criminalidad en la frontera, y propuso que los tres órdenes de gobierno diseñen una estrategia conjunta de carácter emergente que atienda el problema de inseguridad que afecta a la población fronteriza.
Dijo que de 141 homicidios registrados en Juárez en 1999, sólo en 33 de ellos fueron detenidos los presuntos responsables. De los 183 casos correspondientes al 2000, en 100 hay detenidos; la mayoría fueron ubicados por la Policía Preventiva. Lo mismo sucede con la ejecución de órdenes de aprehensión, donde el nivel de eficacia de la Policía Investigadora no rebasa el 40 por ciento, indicó.