Presa de un cacique formado en la doctrina de la ilegalidad, Yucatán se ha convertido en un verdadero polvorín. Los hechos violentos planeados ayer por el gobernador Víctor Cervera y operados por la mayoría priísta del Congreso local --con el apoyo de grupos de golpeadores, que impidieron con lujo de violencia el acceso de los consejeros designados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la sede del Instituto Electoral del Estado-- ponen en relieve que la democracia mexicana es, en realidad, defectuosa.

La primera razón por la cual no se puede hablar de una democracia plena es porque en México no existe un estado de derecho. Hay un vacío legal. Los momentos de ingobernabilidad suscitados recientemente en Tabasco, y ahora en Yucatán, ilustran claramente la incapacidad normativa del Estado para hacer cumplir y respetar la ley. 

El desacato a la sentencia del TEPJF no es sólo una provocación al gobierno federal, sino representa las inercias de una cultura política que no tolera la legalidad cuando ésta pone en riesgo su permanencia en el poder.

Los avances en materia electoral, producto de una intensa y larga lucha por parte de las fuerzas democráticas que lograron dar las garantías de una elección libre, permitieron, en gran medida, el triunfo de un candidato de oposición. Pero el cambio de gobierno por la vía democrática no cierra por sí mismo la página del autoritarismo priísta. Por el contrario, los avances democráticos y los pasos para consolidar un estado de derecho se están confrontando con las elites de un partido que se obstinará en mantener el poder que aún le resta, y que lo hará de la única manera que sabe hacerlo, la misma que lo mantuvo por más de siete décadas en la Presidencia y por seis en el total de gobiernos estatales. 

Mientras no se consume la reforma del Estado, sucesos tan lamentables como los de ayer en Yucatán seguirán manchando el proceso de transición del país. Es hora de que el gobierno de Fox y los partidos políticos retomen el tema y hagan de él una prioridad. Sólo así se podrá pensar en una democracia participativa, sustentada en un estado de derecho, capaz de hacer respetar la ley sobre cualquier tipo de intereses. 

Mientras tanto, Yucatán cuenta con dos consejos electorales, uno reconocido por el Congreso estatal y otro por el TEPJF. La mecha está prendida de cara a las elecciones programadas para el 27 de mayo.